La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones, por lo que enfrentará la investigación en libertad y con medidas cautelares.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, luego de una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.
La resolución fue emitida durante la madrugada de este martes por la Jueza María Galindo Hernández, quien determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público resultan suficientes para que el caso continúe por la vía penal.
De acuerdo con medios locales, la audiencia judicial tuvo una duración superior a las 18 horas, periodo en el que las partes expusieron argumentos relacionados con los hechos investigados y las presuntas irregularidades atribuidas a la exfuncionaria.
Ante la reciente resolución, la autoridad judicial fijó un plazo inicial de dos meses para la investigación complementaria, con la posibilidad de ampliarlo hasta seis meses, conforme al desarrollo de las diligencias y la presentación de pruebas adicionales.
En cuanto a las medidas cautelares, la Jueza resolvió que Tania Flores Guerra podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial para firmar cada dos meses, como parte de las obligaciones impuestas. Esto luego del incumplimiento de diversos citatorios judiciales emitidos desde el mes de julio, situación que derivó en la emisión de una orden de comparecencia en su contra.
¿De qué se le acusa a Tania Flores?
La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila señaló a la exfuncionaria por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Múzquiz, en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la carpeta de investigación, las indagatorias se centran en posibles anomalías en la asignación de obras públicas y en la celebración de contratos, los cuales habrían sido otorgados de manera indebida.
A raíz de estos hechos, las autoridades investigadoras también analizan un presunto desvío de recursos públicos estimado en aproximadamente 280 millones de pesos, monto que forma parte de las líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público.
Durante el plazo establecido para la investigación complementaria, tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar pruebas para fortalecer sus respectivas posturas, previo a que se determine si el caso avanza a una etapa de juicio oral.
