Fiscales de Corea del Sur buscan pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

El exmandatario coreano fue destituido del cargo en diciembre de 2024, luego de enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran una moción de juicio político en su contra. 

MADRID, 13 de enero (SinEmbargo).- El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol pidió este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.

Los fiscales señalaron a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario The Korea Times.

En su solicitud argumentaron que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así defendieron que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".

El Fiscal especial Park Eok Su ha acusado al expresidente de "declarar la ley marcial con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tempo al hacerse con el poder judicial y el legislativo al completo". "La naturaleza de este delito es grave y provocó la movilización de numerosos recursos que deberían haber sido utilizados únicamente en interés nacional", alertó.

South Korea prosecutors seek death penalty for former President Yoon Suk Yeol

Charged with leading an insurrection through his December 2024 martial law declaration

If convicted, he 🅱️ecomes second Korean president sentenced after Chun Doo-hwan

Ruling expected in February pic.twitter.com/SnLMUy7lR7

— Boi Agent One (@boiagentone) January 13, 2026

La petición, que fue planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático. Yoon se convirtió en el primer Presidente en ser detenido e imputado mientras desempeñaba el cargo.

El expresidente fue imputado también por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales inciden en que siguió adelante con la imposición de una ley reservada para tiempos de guerra, emergencias nacionales o crisis de gran envergadura. Sin embargo, Yoon alegó en todo momento que su decisión era constitucional y legal, unos argumentos que fueron rechazados por los fiscales.

El exjefe de Estado fue acusado de haber tomado medidas para propiciar el arresto de figuras políticas relevantes durante aquella jornada del 3 de diciembre, entre ellas, el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor (y ahora Presidente del país), Lee Jae Myung.

Desde entonces, varios ministros y altos cargos de su Gobierno fueron imputados en condición de cómplices por desempeñar un papel fundamental a la hora de supuestamente instigar a la insurrección.

South Korean prosecutors are seeking the death sentence for impeached President Yoon Suk Yeol over his imposition of martial law in December 2024. pic.twitter.com/0alGQxPnlT

— Pop Base (@PopBase) January 13, 2026

Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.

La petición de los fiscales ha suscitado comentarios entre altos cargos del país y la formación gubernamental, el Partido Democrático (PD). Desde la Presidencia, resaltaron que esperan que la Justicia "tome las medidas adecuadas en base a la ley". "Esperamos que se cumplan las expectativas de la población", declaró.

El portavoz del PD, Park Soo Hyun, hizo hincapié en la importancia de que "los responsables de lo sucedido hagan frente a la forma de justicia más severa por unos actos que podrían haber destruido el orden constitucional y haber acabado con la soberanía popular".