Los Templarios suman el rapto y el tráfico de órganos de niños a su larga lista de agravios y crímenes en Michoacán

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El cártel de Los Caballeros Templarios, señalado como una de las principales organizaciones de tráfico de drogas en el país y que mantiene en tensión a Michoacán, fue relacionado ahora con una red de venta de órganos de infantes en México.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del estado anunció ayer la detención de Manuel Plancarte Gaspar, sobrino de uno de los principales líderes del grupo criminal, Enrique “Kike” Plancarte Solís, acusado de secuestrar y mutilar a personas, en especial a niños, para el tráfico de órganos.

El delito se suma a la lista de crímenes que realizan Los Templarios en la entidad, entre los que se encuentran la extorsión, el contrabando, robo de minerales, violaciones y secuestros.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Caros Hugo Castellanos Becerra, Plancarte Gaspar, de 34 años, es investigado por la muerte de menores de edad, a quienes extraía sus órganos para venderlos. El funcionario explicó que el detenido operaba en los municipios de Apatzingán y Uruapan.

Los delincuentes –según autoridades– utilizaban coches y camionetas para raptar a niños en pueblos aledaños. Los mataban en casas rentadas y un grupo de médicos les extraía las vísceras para venderlas en el mercado negro.

Castellanos Becerra no quiso ahondar en el número de víctimas, pero dijo que más adelante se darán más datos sobre el caso. De acuerdo con los primeros informes, Plancarte Gaspar, ubicado por fuentes oficiales como el sobrino de “Kike” Plancarte, estaría detrás de la desaparición de decenas de menores en la entidad.

El Secretario de Seguridad reconoció que es complejo el esclarecimiento de los hechos, ya que tiene que investigar hechos que ocurrieron en años anteriores."Este delito es relevante dado el impacto social, ya que involucra a menores de edad, que son el sector más sensible de la sociedad", mencionó.

Después del anuncio, el diario El País informó que autoridades estarían también investigando la posible vinculación de Los Caballeros Templarios con una red de pederastia descubierta en los último meses del año pasado.

La red, según publicó el rotativo español, prostituye a niños de hasta 11 años por un precio que oscila entre los 4 mil y los 10 mil dólares, y extiende sus servicios a las principales ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México.

NIÑOS, LAS VÍCTIMAS

El año pasado, el líder del grupo de autodefensas en Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, denunció el terror que vivían los pueblos en la región de Tierra Caliente por Los Caballeros Templarios.

Mireles explicó que la situación empeoró cuando “estos señores, no tan sólo quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida a la más acomodada, comenzaron a meterse con la familia, comenzaron a violar niñas de 11 y 12 años”, dijo en un video.

Ayer, Mireles Valverde afirmó que sabía que el crimen organizado también estaba implicado en el tráfico de órganos.

El líder de las autodefensas expuso que hubo una ocasión en la que se detuvo un vehículo en el cual eran trasladados varios niños vivos dentro de un congelador.

Dijo que las personas que conducían fueron detenidas por sospechosas. Explicó que los niños llegaron por error a Tepalcatepec, porque iban a ser entregados en Lázaro Cárdenas. De acuerdo con Mireles, los menores eran de un colegio del Distrito Federal, a quienes sus padres habían dejado ir a la playa. Tras llamarles, fueron a recogerlos.

El tráfico de niños “está relacionado con el negocio de esta gente [Plancarte]”, sentenció Mireles.

Sin embargo, los menores no son sólo vulnerables al crimen organizado. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDH), los mismos grupos de autodefensa reclutan a menores de entre 15 y 18 años.

Los jóvenes y niños participan en retenes y puestos de revisión en los distintos municipios y utilizan armas de alto calibre.

El informe “Derechos Humanos en Zonas de Conflicto” plantea que “los grupos de autodefensa no piden apoyo en especie en los poblados donde llegan, más bien se da una invitación insistente u obligación velada para que las familias envíen a los menores de edad”.

De acuerdo con reportes de prensa, ciudadanos que han quedado en medio del conflicto entre la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa son objeto de una violación sistemática a sus derechos humanos, ya que se les impone el cobro de piso o “cuotas voluntarias”, hay casos de desaparición forzada y migración a causa de la violencia, pero lo más preocupante es que ambos frentes ponen en práctica la leva al reclutar de manera forzada a niños, mujeres y jóvenes para sumarlos a la lucha armada.

Por su parte, Germán Martínez Ramos, coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH, mencionó que se han observado a menores de edad formando parte de las guardias con armas, lo que también implica una violación debido a que se atenta contra el trato que deben recibir los niños en situaciones de conflicto.

Con él coincidió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien dice que os menores involucrados en conflictos armados son altamente vulnerables a ser miembros activos de los grupos criminales, debido a que el Estado mexicano no garantiza un proceso de desvinculación de la violencia.

De acuerdo con un informe de la REDIM sobre conflictos armados menciona que del 2006 al 2009 el número de niños y niñas que perdieron la vida, en situaciones de violencia relacionadas a la lucha contra el crimen organizado, llegó a 823.

Ese mismo estudio, realizado en el 2010, detalla que aproximadamente 30 mil niños y niñas en todo el país han cooperado con los grupos criminales y están involucrados en la comisión de 22 tipos de delitos, entre ellos tráfico de droga, secuestro, trata de personas, contrabando y piratería.

Pérez García manifestó que México no está cumpliendo compromisos internacionales que, como el de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene 24 años de haberse firmado. Establece la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas y programas que prevengan y, en su caso, atiendan a aquellos niños y niñas que se ven vinculadas a los grupos armados.