Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– La Ley de Ahorro y Crédito Popular, que vendría a solucionar el fraude que explotó el pasado diciembre en detrimento de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, pero que no fue aprobada en el Congreso, ha despertó diversas posturas en contra: una por parte de organizaciones civiles, que desde hace seis años han exigido la devolución de sus ahorros que les fueron arrebatados por diversos fraudes y que no han tenido solución, y otra de los mismos ahorradores de Ficrea, que acusan que la ley no soluciona en su totalidad el problema y deja en el aire el dinero fiscalizado por la Procuraduría General de la República (PGR), y que es una cantidad cercana a los mil millones de pesos.
En cambio, dicha ley establecía que el pago a los ahorradores de Ficrea se haría a través del fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), aunque este sólo cuenta con 2 mil 700 millones de pesos, cuando la cartera de clientes está valuada en 4 mil millones de pesos.
“La ley es imprecisa, tiene vacíos y deja en duda el alcance de los recursos, ya que no se habla de los recursos de Ficrea o de los que tiene confiscados la PGR. En ese marco, la pregunta es: ¿dónde están esos recursos?. Queda en el aire el dinero, la liquidez de Ficrea; queda en el aire lo que hay en PGR, los intereses que se generen en la cartera que podrían servir para el financiamiento; son 3 mil 200 millones del valor presente de la cartera de clientes y con intereses serían 4 mil millones; es decir, 800 millones de pesos más”, comentó Adrián González, vocero del grupo de afectados de Ficrea.
González precisó que el pago contemplado no representa un rescate, ya que de acuerdo con su información, actualmente se tienen 3 mil 200 millones en Leadman Trade, una empresa de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de la Sofipo y señalado como el orquestador del fraude; 560 millones en Ficrea y mil millones en la PGR, “se trata de más de 4 mil millones de pesos. El Fipago –como se llama el fideicomiso– sólo tiene 2 mil 700 millones […] esos 4 mil millones son nuestros recursos, de ninguna manera son del Estado; ellos, por ahora, sólo lo están administrando a través de un fideicomiso”.
Ante los señalamientos de distintos actores de que se trata de una postura apoyada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el vocero planteó que el grupo de ahorradores no agradecerá a ningún partido ni al Gobierno federal, ya que además de la solución sesgada que proponen, consideró como “absurda” la modificación a la ley, ya que desde un inicio, sólo solicitaron que se les devolvieran sus ahorros a través de la monetización de los bienes de Olvera Amezcua, decomisados por la PGR.
“Des de nuestro punto de vista la legislación es innecesaria. Ahí están los recursos […] pero ahora nos dicen que nos pagarán con 2 mil 700 millones, entonces nos quitan de un plumazo 2 mil millones. Lo que están haciendo creer es que con esta ley se soluciona el problema de los ahorradores, cuando se soluciona sólo parcialmente. Está hecha a la carrera”.
Olvera Amezcua fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade.
La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo.
Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco.
EL PROBLEMA NO ES SÓLO FICREA
El pasado martes, el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca AC, se manifestó a las afueras del Senado de la República para demostrar su rechazo a la Ley Ficrea. De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, representante del grupo, la legislación es una medida sumamente superficial y que el trabajo de los legisladores obedece sólo al clima electoral, “están en el momento idóneo de reformar una ley parchada, hechiza, criminal y discriminatoria”. Sin embargo, con la ley ahora atorada, se deja a los ahorradores defraudados de todo el país en las mismas condiciones.
Ante la posibilidad de que se utilicen los 2 mil 700 millones del Fipago, Herrera consideró que es la única salida al conflicto de Ficrea, pero solicitan que el mismo apoyo que se dio a esta Sofipo se aplique a toda la población que ha sido defraudada en todas las regiones del país.
“El Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca A. C., se forma en febrero de 2010, en un año de auge en el fraude de cajas de ahorro principalmente en Oaxaca, aunque también se estaban replicando en Jalisco, Michoacán, Zacatecas, pero no en la magnitud como en Oaxaca, ya que se trató de pérdidas millonarias .
“El Fipago tiene la obligación de pagar a todas las personas que han sido víctimas de fraude, pero nuestra molestia y nuestro dolor es que van seis años en los que la gente ha luchado por que les regresen su dinero y no es posible que ese tiempo, ni siquiera hayan volteado a ver la problemática, mucho menos para dar dinero, cuando es la misma problema que con Ficrea […] sólo que no es lo mismo hablar de un problema en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que a nadie le interesa. No es lo mismo un fraude que se cometa en la sierra a uno en la Ciudad de México; no consideran que sea el mismo impacto social y financiero. Los afectados de Ficrea, habitaban en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, las ciudades más importantes del país. Es una discriminación total”, comentó Herrera Carrasco.
Tan sólo en Oaxaca se tiene registro de 46 cajas de ahorro que han cometido fraudes desde 2008 por más de 6 mil millones de pesos, “Si a Ficrea se le pagó en poco más de tres meses, ¿por qué no habrá de pagarse al resto de los ahorradores defraudados que se encuentran en la misma situación?”, expuso el Frente Único.
Al respecto, el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Búrquez Valenzuela, informó en un comunicado que la Ley Ficrea lanza un mensaje erróneo al no fincar responsabilidades a la SHCP y a la CNBV y al pretender que el monto de un fraude realizado por un particular sea pagado con recursos públicos, “cuando los particulares obtengan ganancias éstas serán particulares y cuando tengan pérdidas éstas serán públicas”.
