Por Luis Daniel Nava y Sergio Rincón
Ciudad de México/Chilapa, 19 de Mayo (SinEmbargo/El Sur).– El Alcalde priista de Chilapa, Francisco Javier García González, pidió ayuda a los gobiernos estatal y federal tras las denuncias de desaparecidos en el municipio y reconoció que su administración está en total indefensión y rebasada.
“Le pido al Gobernador [Rogelio Ortega Martínez] que nos ayude, que voltee los ojos a Chilapa, tenemos que buscar al Gobierno federal y pedirle al Gobernador que nos ayude [...] Lamentablemente estamos en total indefensión, como Gobierno municipal estamos rebasados en este problema y ustedes lo saben”, dijo el Edil a los reporteros tras una ausencia pública de más de 10 días.
La Fiscalía de Guerrero confirmó hoy que investiga la supuesta desaparición de 15 personas en la población de Chilapa. Las investigaciones se basan en denuncias presentadas por familiares ante la "supuesta privación ilegal de la libertad de 11 personas" entre el 12 y el 15 de mayo y la "desaparición de cuatro personas más", según un breve comunicado oficial.
El número de desaparecidos podría ser mayor según los habitantes de la localidad. El día de ayer, denunciaron la desaparición de al menos 30 personas durante la irrupción de cientos de civiles armados autodenominados policías comunitarios.
Al respecto, esta mañana el encargado del despacho de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, Fernando Esteban Ramírez, dijo a Radio Fórmula que "hay un numero incierto de desaparecidos".
"Hay un número incierto, los familiares de los desaparecidos nos pidieron acudir a Chilapa y ahí se recibieron 13 denuncias documentadas con fotografías", dijo Esteban Ramírez. Informó que la Comisión ya inició un expediente e indicó que también hay averiguaciones previas sobre los mismo hechos.
El Edil Francisco Javier García González dijo ayer en declaraciones a medios que él no evade el tema de inseguridad en el municipio guerrerense, aunque aseguró que "los efectivos que están en Chilapa no son suficientes para salvaguardar la integridad de la ciudadanía”.
“Le digo al Gobernador que el problema de Chilapa, la salida de los comunitarios, no está solucionado. Estará solucionado primero cuando aparezcan los desaparecidos que fueron levantados, cuando esté blindada la ciudad y cuando las demandas que pusieron en la mesa los comunitarios estén solucionadas”, afirmó.
García González dijo que la salida de los comunitarios fue solamente una solución mediática. "Estamos en el temor y la zozobra de que vuelvan a cumplir su amenaza y que en los siete días que pusieron de plazo vuelvan a Chilapa”, comentó.
Indicó que entre la gente que mantuvo sitiada a la ciudad seis días había autoridades comunitarias conocidas, pero lo que le preocupa son las personas que entraron con la cara cubierta usando armas de alto poder.
“Estoy preocupado por la gente que entró con la cara cubierta, usando armas de alto poder y trayendo uniformes tácticos, ante esta dimensión el gobernador tiene que verdaderamente que voltear los ojos”.
Chilapa se ha visto azotado por varios hechos violentos atribuidos al crimen organizado en los últimos meses, entre ellos el hallazgo de diez cabezas humanas y otros restos humanos de 11 personas en fosas clandestinas en enero.
A principios de mayo, irrumpieron en la comunidad unas 300 personas armadas encapuchadas, que se identificaron como “policías comunitarios” y que permanecieron casi una semana para combatir la violencia provocada por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. El actual Alcalde, Javier García, optó por irse de Chilapa, pero volvió este fin de semana.
Días antes, Ulises Fabián Quiroz, quien fuera candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado a balazos en la comunidad de Atzacoaloya.
Las primeras investigaciones indicaron que a las 18:20 horas, sobre la carretera Chilapa-Atzacoaloya a la altura del crucero a Miraflor, hombres armados interceptaron al convoy del candidato, a quien bajaron de la camioneta y luego de golpearlo lo privaron de la vida.
Personal de la Coordinación de Servicios Periciales levantaron de la escena del crimen 19 casquillos de arma larga; el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo que presenta 13 lesiones de proyectil a las instalaciones en Chilpancingo.
Ulises Fabián Quiroz regresaba de una gira de proselitismo que tuvo en la comunidad Atzacoaloya, perteneciente al municipio de Chilapa en la zona centro del estado.
LEVANTONES Y AMENAZAS A CANDIDATOS EN GUERRERO
A pesar que autoridades federales y estatales, órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás han asegurado que existen condiciones para el proceso electoral 2014-2015, la realidad ha rebasado los discursos. La violencia impera en el país, e incluso ha manchado de sangre las campañas y precampañas.
En enero, el doctor Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, durante una entrevista con SinEmbargo previó que no existía el ambiente adecuado para los comicios.
“Cualquier resultado electoral bajo las condiciones que existen hoy es ilegítimo, lamentablemente. Por más que existan políticos honestos, especialmente en aquellas zonas donde hay horror y miedo y corrupción no puede ser legítimo. Necesitamos instaurar controles y se puede comenzar desde dentro de los partidos, no se necesita una ley para que los partidos empiecen a aplicar auditorias entorno a los candidatos de sus propias listas”, explicó el investigador.
“En México aún no hay democracia”, criticó Buscaglia.
Por ello advirtieron que el contexto de crisis institucional, inseguridad y violencia por el que atraviesa nuestro país tendrá consecuencias sobre las elecciones intermedias que se realizarán el 7 de junio próximo en 17 estados y en el que se renovará la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y diversas legislaturas y alcaldías en varios estados; así como los jefes delegaciones del Distrito Federal.
Ese mismo enero, durante un foro en la Universidad Ibearoamericana, los investigadores Enrique Gutiérrez Márquez, René Torres Ruiz e Ivonne Acuña Murillo coincidieron que el contexto de crisis institucional, inseguridad y violencia por el que atraviesa México tendrá consecuencias sobre las elecciones intermedias que se realizarán el 7 de junio próximo en 17 estados y en el que se renovará la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y diversas legislaturas y alcaldías en varios estados; así como los jefes delegaciones del Distrito Federal.
En Guerrero, han sido variados los episodios de violencia en el marco del proceso electoral. El pasado 5 de mayo, Juan Mendoza Acosta, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Guerrero, fue levantado junto con otras dos personas por un grupo armado y después fue liberado.
El candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, aseguró que no reforzará su seguridad, luego de que un grupo de hombres con armas de alto poder lo encañonaron junto con su equipo la mañana del 25 de abril en el municipio de Chilapa mientras realizaba actos de campaña.
Walton informó que tras el ataque se comunicó con el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García para informarle de los hechos, quien le indicó que el Gobierno federal tomaría medidas al respecto.
A esto se suman las manifestaciones, confrontaciones, jornadas contra las votaciones y operativos entre normalistas, miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y otras organizaciones. Estas acciones se han dado dentro del marco de la exigencia por la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y en un llamado a no votar el 7 de junio.
CANDIDATA SECUESTRADA
El pasado 14 de mayo, después de su gira proselitista en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar, la candidata a la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica Morga y el dirigente estatal del PRD Celestino Cesáreo Guzmán, se reunieron en privado con Silvia Romero en su casa del fraccionamiento Los Naranjos, ubicado cerca de la carretera federal México-Acapulco, por el entronque a la comunidad de Tuxpan, una propiedad con fuertes medidas de seguridad.
La casa cuenta con una barda de unos cuatro metros de altura, con un sistema de electricidad, y cámaras de vigilancia.
El encuentro se dio después de las 2 de la tarde y duró cerca de una hora. La candidata perredista llegó acompañada de sus escoltas. También asistió el dirigente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Iguala, Mario Martínez Bustamante.
Mojica Morga y los demás que la acompañaban, fueron recibidos y despedidos en la puerta de la casa por el hijo de Romero Suárez, José Antonio Villalobos, pero en ningún momento se vio a la ex titular de la SEG.
En el estacionamiento de la casa se vio la camioneta Chevrolet Travers color blanco aperlado modelo 2015 con placas HCL-4140 de Guerrero, en la que la ésta fue interceptada y plagiada. Estaba salpicada de lodo y en la parte trasera derecha tenía la llanta de refacción.
En entrevista radiofónica, su hijo, José Antonio Villalobos Romero explicó un día después que su madre fue liberada.
“Sí, ella habló a mi casa, dijo: ‘me liberaron, me liberaron y no sé quien habló y solo me dijeron agradézcale a una persona que habló que intervino por usted’, y gracias a eso la pudieron liberar a ella y a otras tres personas que iban en compañía de ella”, relató.
