El 31 de julio fueron asesinados Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra. Rubén era fotoperiodista y se encontraba en el Distrito Federal desplazado por las amenazas que había recibido en Veracruz, mientras que Nadia era activista y también había recibido amenazas.
Tanto Nadia como Rubén habían denunciado las amenazas públicamente, su muerte no puede calificarse como un hecho aislado en un contexto de violencia como el que se vive en México, en donde optar por la defensa a los derechos humanos o por el periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo.
El gobierno mexicano se ha dado a la tarea de intentar hacer frente a la situación creando leyes e instituciones. Hace tres años se creó la Ley Federal para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (“la ley”) y, con ella, el Mecanismo (Federal) para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el “Mecanismo”), buscando que las personas defensoras o periodistas que se consideraran en riesgo puedan acercarse para recibir protección necesaria y poder continuar con su labor; en el mismo sentido se creó la Fiscalía Especializada en atención a Periodistas y Libertad de Expresión.
No obstante, defensores y periodistas como Nadia y Rubén han optado por no acercarse a estos mecanismos, la razón es sencilla: no confían en las autoridades. Es difícil confiar cuando de acuerdo con datos de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 22 personas defensoras y 5 integrantes de sus familias han sido asesinadas a causa de su labor de 2006 a 2015. La situación es aún más dramática para periodistas, donde 97 han fallecido a causa de su trabajo de acuerdo con la CNDH.
La desconfianza es tanta que tenemos una cifra negra del delito (personas que prefieren no denunciar) del 93.7 por ciento, siendo un porcentaje mínimo de 6.3 por ciento el de las personas que acuden con las autoridades.
No se le puede recriminar a personas defensoras y periodistas no acercarse al Mecanismo cuando de acuerdo al informe recientemente publicado del Espacio OSC, la falta de respaldo político, financiero y de recursos humanos, así como la falta de la labor de defensa han hecho que su funcionamiento sea deficiente. La falta de voluntad política y de prevención a este tipo de ataques es tan fuerte, que se manifiesta con la inexistencia de la Unidad de prevención, seguimiento y análisis del Mecanismo, que en teoría, sería la encargada del tema de prevención, analizar patrones de agresiones, investigar y analizar los contextos y promover cambios en políticas públicas para la protección de personas defensoras y periodistas.
No nos sirven de nada instituciones, mecanismos y leyes si no existe la confianza para acercarse a ellas, si nos da miedo que los resultados sean peores, si preferimos dejar los hechos en impunidad. Se necesita empezar a romper con el círculo vicioso de procuración de justicia en el que vivimos que termina casi siempre sin resultados, con culpables inventados y familiares sin justicia. El caso de Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Nicole no debe quedar en impunidad, es nuestra obligación seguir indignándonos y exigiendo esa justicia que parece tan lejana.
