Este día, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) desestimó la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y de contribuir a la violencia generada por los cárteles.
Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– "La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos", escribió la Jueza Elena Kagan al exponer la decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimó el jueves la demanda de México que acusa a fabricantes de armas de ese país de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga.
Omar García-Ponce, profesor de ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington, expuso en febrero pasado a SinEmbargo que dentro de EU sí existen facilidades para el ingreso ilegal de armamento que termina en manos del crimen organizado con alrededor de nueve mil licencias para vender armas a lo largo de la frontera entre ambos países, particularmente en Texas que tiene más de cinco mil de estos permisos.
“Es un factor muy importante para entender el fenómeno del crimen organizado y el tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Más o menos se estima —y esto es con datos de la Oficina de cuentas del Gobierno estadounidense— que entre 70 y 90 por ciento, dependiendo del año, de las armas que son decomisadas en México, una vez que son rastreadas, más o menos digamos tres cuartos partes provienen de Estados Unidos. Muchas de estas son armas de alto poder, fusiles de asalto, por ejemplo, como el AK-47”, expuso, en ese entonces.
En efecto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), confirmó en en enero que 82 por ciento de las armas del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provienen de Estados Unidos (EU).
La organización Stop US Arms to Mexico indicó en enero de este año que desde hace tiempo Texas y Arizona son los principales estados de EU desde donde se trafican armas de fuego a México. “Desde 2009, ambos estados han representado consistentemente más del 60 por ciento de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta una compra en Estados Unidos. Pero una proporción aún mayor de armas que se compran con la probable intención de traficarlas a través de la frontera (más del 80 por ciento) proviene de ambos estados”.
En diciembre de 2024, expuso Stop US Arms to Mexico , la ATF publicó datos sobre los intervalos del “tiempo transcurrido hasta el delito" para las armas recuperadas en México desde 2015 hasta julio de 2024. De 70 mil 614 armas de fuego recuperadas en México en la última década y rastreadas hasta una compra en Estados Unidos, 7,789 fueron recuperadas menos de un año después de su compra original.
El "tiempo transcurrido hasta el delito" es el período comprendido entre la compra legal de un arma de fuego y su recuperación por las autoridades. Un "tiempo transcurrido hasta el delito" (TTC) corto, especialmente menos de un año, es un indicador importante de si un arma de fuego se compró con fines de tráfico.
De estas armas, ahonda Stop US Arms to Mexico, más de cinco de cada seis (83.6 por ciento) se compraron en Texas o Arizona. Si bien la proporción proveniente de Texas se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2024, la proporción proveniente de Arizona aumentó drásticamente, del 17.6 por ciento en 2015-2016 al 38 por ciento en 2022-2023.
La preferencia de los traficantes de armas por Arizona sigue creciendo: del 1 de enero al 24 de julio de 2024, Arizona fue el origen de la mayoría (57 por ciento) de las armas rastreadas a EU y compradas menos de un año antes de su recuperación en México, señalan los mismos datos.
Otros estados también albergan algunas de las armas más potentes incautadas en México. En Crestview, Florida, seis hombres compraron veintisiete rifles Barrett calibre .50 y rifles de asalto durante un período de seis meses entre 2022 y 2023 en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Al menos una fue utilizada en un tiroteo en el estado de Michoacán que dejó dos soldados muertos
Crestview, Florida, tiene una población de tan solo 27,000 habitantes, pero cuenta con 25 comerciantes de armas con licencia. Nueve de estos comerciantes tienen licencia para fabricar armas. A 32 kilómetros al sur de la ciudad se encuentra la Base Aérea Eglin, sede desde 2011 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, que realiza operaciones especiales en Latinoamérica y Afganistán.
El Gobierno de México interpuso en 2021 una demanda contra el distribuidor mayorista Interstate Arms, y los fabricantes Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, en la que exigía una compensación de 10 mil millones de dólares por daños y perjuicios al sostener que estas empresas diseñan armas específicamente para atraer a los cárteles de la droga, comercializándolas como equipo de grado militar. Según la querella, este armamento se emplea en el “asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos”.
Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger fueron excluidas del caso por razones procesales, dejando a Interstate Arms y Smith & Wesson como los únicos demandados. Para 2022, un juez desestimó la demanda, pero en enero de 2024, una Corte de Apelaciones resolvió que México sí había demostrado que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por “prácticas comerciales negligentes” que facilitan el tráfico ilícito de sus productos.
La Corte Suprema atrajo el asunto en octubre, un mes antes de que Donald Trump fuera elegido nuevamente presidente. En respuesta, Interstate Arms y Smith & Wesson respondieron con una demanda contra el gobierno mexicano, alegando que su querella busca "intimidar a la industria para que adopte medidas de control de armas que han sido rechazadas repetidamente por los votantes estadounidenses". Pero el 4 marzo, la Corte Suprema desestimó su queja, considerando que México presentó argumentos plausibles de que las empresas facilitaron la venta ilegal de armas en perjuicio del país.
