Organizaciones, colectivos y defensores de Derechos Humanos exigen que el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez, sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que se merece.
Por Blanca Carmona
Chihuahua, 2 de julio (La Verdad Juárez).- Tras el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos exigieron a la Fiscalía de Chihuahua un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense.
A través de un pronunciamiento, donde se expresó su solidaridad con las familias que enfrentan la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron, las organizaciones y personas firmantes pidieron a las autoridades investigadoras que “no dejen espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”.
Asimismo, solicitaron que la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.
En el pronunciamiento, difundido por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), organización que acompaña a familias de personas desaparecidas, las organizaciones y colectivos se solidarizaron con aquellas personas que, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente.
“Nos preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el Fiscal general del estado haya declarado que ‘difícilmente’ entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas. En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos”, indicaron.
En el documento difundido, también exigen que se deslinden responsabilidades por las irregularidades en la operación del crematorio: los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a las leyes en materia de salud y disposición de restos humanos.
Además, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos, señalaron.
“Enfatizamos que debe garantizarse que estos lugares operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. Lo contrario, abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas”, afirmaron en el comunicado que hasta su difusión era respaldado por más de 20 organizaciones locales y de otras regiones del país, entre ellas el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., Colectiva Hijas de su Maquilera Madre, Alianza Sierra Madre A.C., Colectivo Buscadoras Guanajuato, Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo, entre otros.
Investigación se extenderá a funcionarios: Fiscalía
Ante las irregularidades en la operación del crematorio donde se localizaron 383 cuerpos almacenados que se exhibieron en la audiencia judicial del caso, el Fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, afirmó que se va a investigar a las autoridades que incumplieron con la supervisión de ese establecimiento.
“Se van a investigar acciones u omisiones de autoridades responsables en la fiscalización de este tipo de establecimientos y vamos a entregar una investigación seria, que busque también como objetivo tratar de revictimizar lo menos posible a las familias”, dijo el Fiscal en una conferencia de prensa realizada este martes 1 de julio en la ciudad.
Datos dados a conocer en una audiencia judicial realizada el lunes 30 de junio en contra de dos personas identificadas como presuntas responsables de ocultar y conservar los cuerpos en las instalaciones del Crematorio Plenitud, revelan que durante los últimos tres años y tres meses la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), no realizó ninguna supervisión a ese negocio y que el dictamen de impacto ambiental que emite la Dirección Municipal de Ecología venció el 3 de marzo del 2023.
El Fiscal estatal también reconoció que el titular de COESPRIS, Luis Carlos Tarín Villamar, continúa en el cargo y aseguró que no puede adelantar si su compañero tiene alguna responsabilidad en la falta de revisión del Crematorio Plenitud.
“Para no adelantarme a cosas que aún faltan revisar”, respondió al preguntársele si Tarín ya fue separado del cargo.
La semana pasada, Tarín Villamar declaró que el personal bajo su mando realizó la última revisión al Crematorio Plenitud en febrero pasado y aseguró que ese negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción.
Los datos contrastan con la información aportada por el Ministerio Público adscrito a la FGE en la audiencia instruida en contra del dueño del Crematorio Plenitud, José Luis A.C., y su único trabajador, Facundo Teófilo M.R.
En esa diligencia judicial, el Fiscal formuló acusación contra José Luis y Facundo por su presunta responsabilidad en dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. También dio a conocer al Tribunal de Control que la última revisión de COESPRIS al Crematorio Plenitud fue el 7 de marzo del 2022.
Sobre esta información contradictoria, el Fiscal indicó: “vamos a tener que hacer una revisión de las actas… y donde COESPRIS presente actas en donde revisaba, habrá que ver en qué consistía esa revisión… para no caer en cosas que después hagan que la investigación se contradiga a sí misma”.
En la diligencia judicial, el Fiscal a cargo del caso también expuso al Juez de Control que del 2020 al 2022 COESPRIS realizó seis verificaciones sanitarias, algunas en la misma fecha. La primera, el 15 de junio del 2020; la segunda y tercera, el 1 de octubre de 2020; una cuarta, el 1 de marzo del 2022; y dos más, con fecha 7 de marzo del 2022. Pero no se indicó los resultados de esas revisiones.
Con relación al señalamiento del representante de la Unión de Empresas Funerarias de Ciudad Juárez, Marcelo Ruíz Cantú, quien indicó que en 2020 durante la pandemia de COVID-19 en ese mismo crematorio se ocultaron y acumularon 63 cuerpos, César Jáuregui aseguró que la Fiscalía no fue notificada y todo quedó un asunto administrativo.
“Fiscalía interviene a petición de parte. Si hay un evento y nadie nos lo reclama y una autoridad lo resuelve, pues así es. Yo lo que tengo entendido es que esta empresa resolvió su asunto del 2020 y continuó funcionando. De hecho, funcionaba normalmente hasta antes de este descubrimiento”, dijo el Fiscal.
Reiteró que la investigación está en proceso, y que José Luis A. C. y Facundo M. R., de 39 y 64 años respectivamente, propietario y empleado, se encuentran en prisión preventiva, luego de ser detenidos mediante orden de aprehensión. Se les formularon cargos por delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad; el próximo 4 de julio será la audiencia de vinculación a proceso penal.
Sobre la identificación de los cuerpos, el Fiscal General del Estado informó que se realizará una investigación seria, los deudos podrán decidir el destino final de los restos y los costos de nuevos servicios funerarios deberán ser pagados por las empresas funerarias que con anterioridad vendieron los servicios y/o los acusados deberán colaborar.
Al respecto, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, explicó que son un total de 383 cuerpos, de los cuales, 218 son masculinos, 149 femeninos y 16 indeterminados, en cuyo caso, se realizará trabajo de laboratorio que permita encontrar elementos a través de antropología.
Informó que, de los cadáveres encontrados, 15 de ellos tienen nombre probable y reiteró que todos tienen un tratamiento de embalsamamiento, incluso algunos provenían de hospitales, por lo que portaban alguna etiqueta en la que se refiere nombre y en algunos casos número de seguridad social, lo que aportaría a su identificación.
Dijo que se detectaron en cuatro cuerpos elementos con los que podrán ser individualizados, como tatuajes, trabajos dentales, etcétera, lo que ayudará a sus familias a identificarlos.
También especificó que aparentemente se encuentran cuatro menores de edad, de los cuales dos son neonatos, así como un masculino y una femenina; de esta última ya se cuenta con el nombre completo para identificarse.
“Estaremos haciendo la conexión o buscando la forma de comunicarnos con la familia de estas personas que ya tenemos identificadas, para hacer lo conducente por parte de la Fiscalía General del Estado”, agregó.
