De 2006 a 2024, la Universidad Iberoamericana documentó 4 mil 092 fosas clandestinas descubiertas en todo México, la mayoría localizadas en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. En total se exhumaron 6 mil 900 cuerpos y la mayoría de éstos no se encontraron en esas entidades; el mayor número corresponde a Jalisco.
Guadalajara, 3 de agosto (SinEmbargo).- Forman parte del mismo abismo de los horrores, que estremecen de angustia y dolor los corazones de quienes buscan a sus desaparecidos, a quienes se presume podrían haber sido víctimas de homicidios dolosos y a quienes podrían estar entre miles de cuerpos sin identificar en las morgues de todo el país. Pero escudriñar en el infierno de las fosas clandestinas sólo ha sido posible por el tenaz e infatigable afán de madres, padres, hermanas e hijos que buscan desesperadamente a sus familiares, por lo menos para saber a qué lugar tendrían que acudir a rendirles el homenaje póstumo de su dolor y de su amor.
En un registro histórico cuyo punto de partida es enero del año del 2006 y con datos actualizados al cierre de mayo del 2024, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana tiene documentadas 4 mil 92 fosas clandestinas descubiertas en todo el país. Casi la mitad de esas fosas han sido encontradas en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. De esas fosas clandestinas han sido exhumados 6 mil 900 cuerpos, y los mayores registros corresponden a Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero.
Una observación comparativa entre el reporte ofrecido por el Gobierno federal en septiembre del 2020, en contraste con los registros de la Universidad Iberoamericana del pasado mes de marzo del 2025, nos permite concluir que la calamidad de las fosas clandestinas sigue focalizada en tres entidades: Veracruz, Jalisco y Guerrero, en tanto que Jalisco y Guerrero destacan por el mayor número de cuerpos exhumados.
“El Rancho Izaguirre [en Tecuchitlán, Jalisco] no es un caso aislado; tristemente hay varios campos de exterminio aquí en México”, lamentaron representantes del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, quienes informaron el pasado 28 de marzo del 2025 que, entre el 2020 y el 2024, han registrado siete campos de exterminio, seis crematorios clandestinos y tres fosas clandestinas de uso reiterado.
Las investigadoras Fernanda Lobo Díaz y Mariana Marchand Moreno coincidieron en que el Rancho Izaguirre, en Jalisco, fue un campo de exterminio, de acuerdo con la definición de “exterminio” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin que hasta la fecha se haya definido cuántos cuerpos podrían estar sepultados en fosas clandestinas.
Las dos académicas de la Universidad Iberoamericana participaron en una sesión de reflexión denominada “Desaparición de personas, sitios de exterminio y fosas clandestinas en México”, organizada por la Dirección General de Vinculación Universitaria (DGVU), con el fin de comprender mejor el fenómeno de desapariciones que agobia a nuestro país, con base en datos que ha recopilado y analizado el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en 27 años de labor.
Jalisco es una enorme fosa clandestina que se ha ampliado y profundizado durante las tres últimas administraciones: 18 años de negligencia criminal, desencantos y dolor heredados por los gobiernos del panista Emilio González Márquez entre 2007 y 2013; del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del 2013 al 2018 y en la del emecista Enrique Alfaro Ramírez, del 2023 al 2018.
El drama de los cuerpos exhumados de fosas clandestinas es una historia sin fin, que tiene muchos capítulos dantescos en Jalisco, como la acumulación de 110 cadáveres en el periodo de los primeros cuatro meses de gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien estuvo en la gubernatura del viernes primero de marzo del 2013 al miércoles 5 de diciembre del 2018.
Cuerpos con impactos de bala, con evidentes señales de tortura y muchos de ellos mutilados, fueron el horrible espectáculo que presenciaron quienes desenterraron 67 cadáveres en la orilla del Río Lerma, cerca de La Barca, Jalisco, entre el sábado 9 de noviembre y el domingo 1 de diciembre del año 2013.
Mes y medio después, el miércoles 15 de enero del 2014, la Procuraduría General de la República informó que fueron hallados otros 7 cadáveres en fosas clandestinas en las inmediaciones del mismo predio, en la orilla del Río Lerma, en las inmediaciones de La Barca, Jalisco, explorado antes, entre noviembre y diciembre del 2013, para sumar en total los restos de 74 personas.
Entre el martes 3 y el viernes 6 de diciembre del 2013 fueron exhumados de fosas clandestinas 17 cadáveres en la periferia de Zapopan. La mayoría de las víctimas murió por asfixia, según dictamen de peritos. En poco más de dos meses sumaron 91 cadáveres, en sólo dos casos.
El sábado 22 de febrero del 2014, la Fiscalía General de Jalisco informó que fueron encontrados los restos de 19 personas en fosas clandestinas ubicadas a unos tres kilómetros del entronque de la Carretera a Cajititlán y la Carretera a Chapala, en las inmediaciones de La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga.
Los cuerpos estaban ahí, en espera de ser descubiertos, desde la administración del gobernador panista Emilio González Márquez, justo el sexenio en el que surgió y se fortaleción en la entidad el temido y violento Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo delictivo dominó Jalisco y después la mayor parte del país luego de la muerte del capo Nacho Coronel, el 29 de julio del 2010, en un enfrentamiento con Fuerzas Especiales del Ejército en su domicilio en Colinas de San Javier, en Guadalajara.
La carga de Alfaro
De la mano de las desapariciones y los hallazgos en fosas clandestinas, en Jalisco se multiplicó en más de cinco veces la cantidad de personas fallecidas sin identificar a disposición de las autoridades durante la Administración del gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, del 2018 al 2024.
De acuerdo con registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en las morgues de la entidad había 824 cuerpos completos y segmentos de personas fallecidas sin identificar (PFSI), cuando Alfaro Ramírez llegó al gobierno, sólo en el acumulado del 19 de septiembre de 2018 al 29 de octubre de 2019, publicó el periódico Mural de Guadalajara el 5 de diciembre del 2024, el última día de la administración del mandatario naranja.
El balance total al cerrar la administración de Alfaro Ramírez, según el último dato ofrecido por su gobierno, permite advertir que hasta el 14 de noviembre del 2024, había en Jalisco 4 mil 771 personas físicas sin identificar a disposición de las autoridades en las morgues de la entidad y panteones, entre cadáveres, segmentos, lotes óseos y osamentas, según datos oficiales.
La secuela del horror de las fosas clandestinas sigue latente en la actual administración de Jalisco, encabezada por el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro. A unos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, un terreno donde se construía un fraccionamiento, se convirtió en escenario de una de las excavaciones forenses más extensas del año: hasta el reciente miércoles 16 de julio del 2025 se habían extraído 249 bolsas con restos humanos de una fosa clandestina en el predio de la Colonia Las Agujas.
El hallazgo, dividido en dos fases, fue realizado por autoridades locales en conjunto con colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco. Los primeros hallazgos comenzaron en febrero del 2025, cuando trabajadores de la construcción dieron aviso tras localizar restos en el predio. En aquella etapa, la Fiscalía del Estado exhumó 169 bolsas en el área bardeada del terreno.
El horror y el dolor no tienen tregua ni reposo en Jalisco.
El Salto y Tlajomulco
El fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, reveló en conferencia de prensa el lunes 23 de noviembre del 2020 que habían sido localizados 115 cuerpos de personas en el fraccionamiento Los Sabinos de El Salto, de las cuales 30 ya habían sido identificadas por sus familiares, entre ellas dos mujeres y 28 hombres. El resto permanecía en el Servicio Médico Forense en calidad de “personas fallecidas sin identificar”.
La fosa en El Salto, Jalisco, fue localizada a inicios de octubre del 2020 en una finca en el fraccionamiento Los Sabinos en la que peritos forenses encontraron inicialmente cuatro cuerpos inhumados, como resultado de trabajos de inteligencia y diversas investigaciones, informó la Fiscalía de Jalisco en su momento.
Para entonces, noviembre del 2020, Jalisco ya era líder a nivel nacional en la cantidad de cadáveres exhumados de fosas clandestinas, según información confirmada por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y publicada por el periódico Mural, de Guadalajara, el jueves 26 de noviembre del 2020.
Aunque Jalisco no figuraba en los primeros sitios por la cantidad de fosas clandestinas, cuatro de sus municipios sí lo hacían en cuanto a víctimas que habían sido rescatadas, entre el 1 de diciembre de 2018, mes en el que empezó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, y el martes 24 de noviembre del 2020, dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas.
Hasta el martes 24 de noviembre del 2020, en Tlajomulco de Zúñiga se habían exhumado 232 cuerpos de personas no identificadas. En ese municipio, que gobierna desde el 2010 hasta la fecha el partido Movimiento Ciudadano, se encuentra la fosa clandestina con el registro más alto de cadáveres exhumados, en la colonia El Mirador II, de donde fueron extraídos los restos de 171 personas.
La estela de dolor dejada por el negligente y omiso gobierno de Enrique Alfaro muestra que en su administración fue brutal el incremento tanto de homicidios dolosos como desaparecidos, en comparación con la anterior administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
México tiene una crisis forense
Las fosas clandestinas y los cuerpos exhumados están obligadamente vinculados con la crisis forense que vivimos en México. De 2019 a 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ingresaron a las morgues 34 mil 699 cuerpos que hasta septiembre del 2024 permanecían sin ser identificados, refiere un trabajo publicado por la plataforma A donde van los desaparecidos, realizado por los periodistas Mayela Sánchez y Efraín Tzuc. Son los cuerpos olvidados, abandonados en las morgues del país, de seres humanos que no tienen nombre y cuyo destino suele ser, como producto de la incuria y el desprecio de funcionarios públicos, después de cumplir los protocolos jurídicos, la fosa común, que en poco se diferencía de las fosas clandestinas.
En la misma publicación se advierte que hasta septiembre del 2024 había en las morgues del país más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el Gobierno les haya restituido el nombre. Datos graves en un país en el cual el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sumaba entre marzo del 2022 y marzo del 2025 un total de 120 mil 355 personas de las cuales no se tiene algún rastro. Un gran número de desaparecidos podrían estar olvidados en las morgues del país, en alguna fosa común o en algún refrigerador que casi nunca se abre.
Miles de cuerpos sin identificar que profundizan la crisis forense son producto de la violencia de los tres últimos sexenios. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador habría cerrado su administración, del 2018 al 2024 con 199 mil 619 personas asesinadas.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, se habrían ultimado violentamente 156 mil 66 personas.
Y en la administración del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012 habrían sido asesinadas 120 mil 463 personas. Todas estas estadísticas consolidadas con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicadas por el periódico El Financiero el 2 de octubre del 2024.
La crisis de los desaparecidos en el país involucra en los primeros lugares a dos entidades emblemáticas: Jalisco y Tamaulipas, como se corrobora en dos informes oficiales, en dos temporalidades diferentes: uno que corresponde al 2022 y otro de junio del 2025.
