Con las nuevas reglas, el plan de reemplazar las máquinas de votación podría costar a los estados miles de millones de dólares, y no quedaba claro si se podría actualizar el sistema a tiempo para las elecciones.
Por Jesús García
Los Ángeles, 4 de agosto (LaOpinión).- El Gobierno del Presidente Donald Trump lideró un esfuerzo para socavar las elecciones a través de un plan que comenzó con el perdón de más de mil 500 acusados por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y continuó con acciones para afectar instituciones y la protección del voto.
“[Las acciones] incluyen ataques afirmativos contra instituciones democráticas, la revocación y eliminación de protecciones para el electorado y movidas simbólicas o demostrativas”, indicó un reporte del Brennan Center for Justice adelantado a este diario. “Se observa un patrón evidente que sugiere un esfuerzo cada vez mayor. A medida que se acercan las elecciones de medio término de 2026, ese esfuerzo probablemente gane impulso”.
El reporte, escrito por Jasleen Singh, Abogada Asesora Sénior y líder del Programa sobre Democracia del Brennan Center for Justice, destacó cuatro aspectos clave y preocupantes:
- El plan de modificar reglas electorales “para dificultar la votación y usurpar el control de los sistemas electorales”.
- Los ataques o amenazas contra autoridades y funcionarios electorales, así como contra otra persona que laborara sobre procesos electorales libres y justos.
- “El apoyo a personas que perjudican la administración electoral”.
- El abandono del rol del Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para proteger a los votantes y los procesos electorales.
“¿Por qué llegamos a la conclusión de que esto refleja una estrategia concertada? Entre otras cosas, porque el Presidente Trump ya lo intentó antes. Fue el primer Presidente en tratar de anular los resultados de una elección presidencial y utilizó el poder federal para hacerlo”, advirtió el análisis. “Varias instituciones y funcionarios clave se lo impidieron, pero estos controles internos ya no están en pie”.
La Administración Trump impulsó acciones que incluso socavaron el poder del Congreso para emitir reglas electorales y afectaron la capacidad del Departamento de Justicia (DOJ) para aplicar las leyes durante las elecciones.
“Es cierto que otras elecciones ya habían sido entorpecidas por reglas y prácticas que obstaculizaron la plena participación de la ciudadanía. Las leyes electorales restrictivas (algunas de las cuales ya habían sido declaradas inconstitucionales), la manipulación de mapas electorales y las amenazas de bomba en sitios de votación impidieron la libertad de votar”, recordó la autora. “Los funcionarios federales desempeñaron un papel fundamental a la hora de contrarrestar la desinformación y combatir la discriminación racial. Es posible que esta protección federal para garantizar unas elecciones justas ya no exista”.
Una orden con amplios alcances
El ejemplo más concreto ocurrió en marzo de 2025, cuando el Presidente Trump emitió la orden ejecutiva Preservando y protegiendo la integridad de las elecciones estadounidenses —que enfrenta desafíos en tribunales—, con la cual buscó que su grupo político pudiera controlar aspectos básicos de los sistemas electorales.
“La orden le indica a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) […] que exija a todas las personas votantes mostrar un pasaporte u otro documento similar para demostrar su ciudadanía cuando se registran para votar con el formulario federal de registro de votantes”, se advirtió.
También se intentó obligar a la EAC, organismo independiente y bipartidista, a modificar sus directrices “para invalidar todas las certificaciones anteriores de los equipos de votación”. Eso significaría que los nuevos equipos serían certificados con reglas modificadas.
“Once estados y Washington, D.C., requieren que sus sistemas tengan la certificación federal”, recordó Singh. “Incluso los estados que no exigen la certificación federal suelen incorporar directrices y pruebas federales y utilizan sistemas de votación que han sido certificados a nivel federal”.
Con las nuevas reglas, el plan de reemplazar las máquinas de votación podría costar a los estados miles de millones de dólares, y no quedaba claro si se podría actualizar el sistema a tiempo para las elecciones.
La autora del análisis recordó que, durante su primer mandato presidencial, Trump intentó obligar al Fiscal General, William Barr; al Departamento de Defensa y al DHS a confiscar máquinas de votación.
“No tuvo éxito. Pero ahora, hay indicios que sugieren que es posible que el Gobierno federal ya esté intentando interferir con los sistemas de votación, más allá de lo expresado en la orden ejecutiva”, se advirtió. “Un funcionario del DHS y una persona que dijo trabajar para la Administración solicitaron a funcionarios electorales de Colorado acceso a sus equipos de votación”.
También hubo alerta sobre la petición del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) al DHS para obtener los archivos estatales de votantes, así como los registros de mantenimiento de las listas de votantes.
“El DOJ ya ha solicitado las listas de votantes de al menos nueve estados, y al menos dos se las dieron”, se alertó.
Otro plan del Presidente Trump y sus aliados en el Congreso fue a través de una acción conocida como “mostrar los papeles”, alineada a la Ley SAVE (SAVE Act), que según otros análisis del Brennan Center podría afectar a más de 21 millones de ciudadanos que no tenían su certificado de nacimiento, un pasaporte ni papeles de naturalización fácilmente a mano.
El caso de Texas
El reporte no lo mencionó, pero el Presidente Trump buscó mantener el control del Congreso modificando los distritos electorales, como pidió en Texas.
En respuesta, los congresistas republicanos de Texas presentaron un proyecto de redistribución distrital que podían aprobar en sus legislaturas, debido a su control de mayoría, y contar con el apoyo incondicional del Gobernador republicano Greg Abbott.
Ese plan pretendía asignar cinco distritos a los republicanos, bajo un proceso conocido como gerrymandering o manipulación distrital.
