El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

20/11/2025 - 7:45 pm

El Senado aprobó la Ley General contra la Extorsión, que homologa el tipo penal, refuerza controles en cárceles para frenar este delito y endurece las penas con hasta 42 años de prisión.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la cual se establece un tipo penal único en todo el país y se fijan sanciones que van de 15 a 42 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

La Ley se aprobó en lo general con 110 votos a favor y ningún voto en contra, y fue remitida de vuelta a la Cámara de Diputados tras incorporar 21 modificaciones a 15 artículos y añadir un artículo transitorio.

En la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que la norma establece un marco jurídico uniforme para enfrentar la evolución del delito de extorsión, al incorporar definiciones actualizadas y obligaciones homogéneas para las autoridades encargadas de la investigación.

“La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”, recalcó Enrique Inzunza.

El Senado determinó que la pena máxima será de 42 años y se aplicará a quienes operen desde centros penitenciarios, se identifiquen como integrantes de grupos criminales o utilicen violencia física o moral en sus exigencias. La Ley también prevé sanciones específicas para quien reclame pagos derivados de incidentes provocados, como los denominados “montachoques”.

Asimismo, el dictamen establece penas de hasta 37 años para quienes extorsionen a grupos de migrantes o empleen información privada de las víctimas, así como castigos de hasta 33 años por cobro de piso dirigido a sectores empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos y pesqueros. Además, se aplicarán sanciones a quienes exijan pagos a candidatos o funcionarios electos.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, afirmó que el dictamen incorpora elementos para reducir la impunidad y fortalecer la capacidad institucional frente a un delito que ocupa el tercer lugar de incidencia nacional.

Corral indicó que la iniciativa incluye disposiciones para reforzar el control en los centros penitenciarios, donde se originan numerosas operaciones de extorsión. A su vez, el proyecto creará mecanismos legales para bloquear comunicaciones ilegales, prohibir dispositivos electrónicos y asegurar que los penales funcionen como espacios de readaptación y no como centros de operación criminal.

¿Qué medidas establece el proyecto de la Ley General contra la Extorsión?

El proyecto para expedir la Ley General contra la extorsión propone distintas reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa incluye las siguientes propuestas:

  • Las fiscalías deberán integrar unidades con policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación de extorsión, y aplicarán criterios homogéneos para que estas conductas reciban el mismo tratamiento legal en todo el país.
  • La nueva Ley eleva el rango de la pena por extorsión a 15 a 42 años de prisión, por encima del marco vigente de seis a 15 años.
  • El Estado destinará los recursos obtenidos por la extinción de dominio a la restitución de los derechos de las víctimas.
  • Los funcionarios de seguridad que omitan denunciar casos de extorsión ante el Ministerio Público enfrentarán sanciones de 10 a 20 años de cárcel.
  • Las autoridades impondrán penas de 6 a 12 años a quienes introduzcan celulares u otros dispositivos electrónicos en centros penitenciarios.
  • Las instituciones deberán otorgar medidas de protección a las víctimas de extorsión cuando exista riesgo para su vida, libertad o integridad física o mental, o cuando estas se encuentren sujetas a un procedimiento.

Redacción/SinEmbargo

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