El expresidente López Obrador emitió, desde antes de llegar a la Presidencia, constantes críticas a los organismos autónomos. Cuestionó no solo su costo, también sus resultados. Ya durante su administración exhibió el costo que implicaba mantener a funcionarios con salarios altísimos y otras prestaciones y para ese momento, los organismos autónomos que buscaban colocarse lejos del Gobierno y cerca de la población, ya habían perdido la batalla y cargaban con ese fracaso.
La Presidenta Claudia Sheinbaum concretó la desaparición de estas dependencias y ahora tiene el reto de que las oficinas que las sustituyen garanticen el cumplimiento cabal de esas tareas.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Los organismos autónomos surgieron en la época de los gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) como una supuesta solución para acotar excesos del poder, fomentar la competencia económica y procurar la transparencia, sin embargo, en varios casos sus dirigentes fueron impuestos por cuotas políticas, incurrieron en escándalos y derroches, y fallaron en comunicar a la ciudadanía cuál era su labor.
Ante esas fallas, y aprovechando la mayoría legislativa de Morena, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) propuso y logró la despedida de siete de esos organismos. Su adiós se concretó este 2025. Desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyas funciones de medir la pobreza pasaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Políticos de oposición reclamaron que esto era una medida regresiva y autoritaria, para deshacerse de “contrapesos”. Por otro lado, el morenismo defendió que los autónomos eran una simulación y un gasto innecesario, que no habían brindado soluciones y que su labor la podían realizar instancias del propio Gobierno federal.
El debate sobre el INAI fue uno de los más álgidos. Incluso voces dentro del oficialismo criticaron su eliminación, luego de una década de funcionamiento. El Senador guinda Javier Corral lamentó que no se votara por separado la desaparición de ese Instituto, y consideró insuficiente la alternativa de reemplazo. Especialistas también cuestionaron el papel del Gobierno como juez y parte, con instancias como la Secretaría Anticorrupción absorbiendo parte de las funciones del INAI.
La creación del Instituto tiene como antecedente el reclamo de información pública por parte de periodistas y académicos; la acción de organizaciones como el Grupo Oaxaca para tener una ley de transparencia y la creación en 2002 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), durante el sexenio de Vicente Fox. La transformación a Instituto Nacional de Transparencia se dio en 2014, ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios con más casos de corrupción.
Aunque se planteó como un organismo técnico y ajeno a los partidos, estos influyeron en la designación de sus comisionados. Ximena Puente de la Mora fungió como comisionada presidenta del INAI entre 2014 y 2017, y luego en 2018 renunció al INAI para ser diputada plurinominal del PRI. Un brinco que puso en duda su “autonomía” al frente del Instituto.
Legisladores del PAN y PRD, y la excomisionada del IFAI, María Marván Laborde, acusaron al PRI de operar también en 2018 el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena (a la postre presidenta del INAI, entre 2020 y 2023) y Carlos Alberto Bonnin como comisionados.
Y a estas críticas se agregan los señalamientos por un uso inadecuado de recursos públicos. Uno de los casos más sonados es el de los comisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, que tuvieron que dejar su cargo luego de que en 2023 se revelara que habían usado una tarjeta de crédito institucional para pagar en un table dance, aunque Guerra Ford dijo que había acudido al establecimiento sin saber que ahí se cometían actos ilícitos.
Un año después, SinEmbargo tuvo acceso a estados de cuenta y al expediente de una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se pudo observar que el entonces Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, había utilizado una tarjeta American Express del órgano público en cargos "no relacionados con ninguna comisión", aunque él rechazó haber hecho cargos a la tarjeta para asuntos personales, y todo lo atribuyó a "errores administrativos".
Además, la ASF señaló que en 2022 comisionados del Instituto habían abusado del uso de viáticos para quedarse más días de lo requerido en Islas Mujeres o Baja California; también observó moches a empleados bajo la amenaza del despido, así como nepotismo y posibles aviadores en el área de limpieza.
“Gastaban el dinero público en temas privados. Desde el súper hasta el caso ya más tremendo que fue el table dance, un caso que conectó con delitos que tienen que ver con la trata de personas en su modalidad de prostitución, pues hasta ahí se gastaban el dinero del erario nacional”, criticó en entrevista la periodista Nancy Flores, del medio Revista Contralínea.
“Era un organismo (el INAI) que había tergiversado totalmente su objetivo, capturado por intereses muy particulares”, agregó Flores, subrayando también los sueldos excesivos para los comisionados del INAI, otros privilegios y su vínculo con élites económicas y políticas.
Por su parte, la periodista Laura Sánchez Ley coincidió en lo grave de los excesos en que incurrieron comisionados del INAI, per también lamentó que hasta ahora el nuevo esquema con Transparencia para el Pueblo tampoco ha representado una mejora sustancial, e incluso en su experiencia dependencias como la Fiscalía General de la República o la Sedena se han vuelto más opacas.
“Conocimos todo el tema de la corrupción que hubo al interior del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y también supimos que muchos de estos comisionados a lo largo de la historia también trabajaron o funcionaron para los intereses de algunos poderosos, supimos de la relación de algunos comisionados por ejemplo con el Presidente Enrique Peña Nieto, sabíamos que el INAI también servía como un instrumento político, eso no lo podemos negar”, dijo Laura Sánchez.
“Ahora nos ahorramos este gasto (del INAI), pero tampoco tenemos certeza de nada, en cuanto al derecho a la información. Entonces creo que estamos en el mismo atolladero”, agregó.
La Cofece y el IFT, organismos con privilegios para sus funcionarios
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene como antecedente la publicación en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de la Ley Federal de Competencia. Primero fue un órgano desconcentrado, pero en 2013, con Enrique Peña Nieto como Presidente, se le dio el rango de “órgano constitucional autónomo encargado de promover y supervisar el desarrollo eficiente de los mercados y fungir como autoridades en materia de competencia”.
El Gobierno de Peña Nieto benefició a la clase empresarial con condonaciones de impuestos y otros privilegios, además tuvo múltiples casos de corrupción en sus tratos con privados, al darles contratos de sectores como el energético y el de infraestructura, pero aún así buscó proyectar la imagen de un país inmerso en la “modernidad” y la economía global, con la creación de autónomos como la Cofece.
Centros de análisis como Fundar y otros especialistas resaltaron que dicha Comisión tuvo aciertos a favor de la ciudadanía, como la multa en 2021 por 903 millones de pesos contra cinco empresas coludidas para manipular precios en el mercado de distribución de medicamentos. Las multas contra bancos por prácticas monopólicas. A gasolineras por manipular precios de combustibles. O la multa y las restricciones a finales de 2024 en contra de Walmart por prácticas abusivas contra sus proveedores.
Sin embargo, Morena acusó que ese organismo se había quedado corto, con pocos resultados e incluso protegiendo a monopolios que perduraron desde los gobiernos neoliberales. Así, finalmente sus funciones pasaron a la Secretaría de Economía, con la creación de una Comisión Nacional Antimonopolio.
“Necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos, supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público”, señaló López Obrador en enero de 2024, luego de que la titular de la Cofece hablara de revisar la compra que hizo CFE de plantas de Iberdrola.
SinEmbargo documentó que durante 2023 tanto la Cofece como el IFT desembolsaron miles de pesos en médicos privados para funcionarios de alto nivel. La Comisión destinó recursos para clases de inglés, apoyos de despensa y compra de anteojos, así como viáticos, pago de telefonía celular e internet móvil de funcionarios, e incluso un torneo de boliche.
La Cofece pagó aquel año más de 600 mil pesos por asesorías a la Comisionada Presidenta del organismo y a otros dos titulares de área, para que pudieran enfrentar la crisis de imagen de la Comisión, mientras que tanto su presidenta como otros funcionarios de alto rango, mediante amparos, recibían un salario mayor al del Presidente de México.
Respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se detectaron contratos millonarios de arrendamientos de vehículos; pagos para disfrutar de vales de despensa electrónicos; servicios de comedor de cuatro tiempos y alternativos, box lunch o ensalada, y despachadores de café.
El IFT también apareció en la galaxia de órganos autónomos durante el sexenio de Peña Nieto, en 2013. El senador Javier Corral defendió su actuación:
“Es el intento institucional que se constituyó para frenar los negocios a costa del patrimonio nacional, resultado de la adjudicación discrecional de concesiones; y con todo ello, proteger a los consumidores, a los usuarios y a las audiencias. Este organismo, pese a todo, ha abonado a la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, para fomentar la cobertura en zonas marginadas y promover tarifas justas entre los consumidores”, refirió.
Pero la iniciativa del Presidente López Obrador señaló un costo excesivo del IFT, y que no había sido efectivo para encarar los monopolios en el sector de las telecomunicaciones. La Presidenta Claudia Sheinbaum, en tanto, acusó que en sus últimos momentos de vida la Cofece intentó un “albazo” de otorgamiento de concesiones, que su gobierno revertiría.
“En el caso del IFT y de Cofece se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es Economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes; es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios, que no cumplió con esa función ni el IFT ni Cofece”, refirió la mandataria el 26 de diciembre pasado.
La CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cómplices del saqueo
En el ámbito energético, en el último tramo del sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y de cara a la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de “implementar el marco regulatorio en los sectores de gas y electricidad”.
Luego, durante el gobierno de Felipe Calderón, en 2008, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), “un organismo con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México”.
Ya en otro sexenio priista, el de Peña Nieto, una reforma en 2013 abrió el sector energético a privados, y se presumió un supuesto fortalecimiento tanto de la CRE como de la CNH, para regular la explotación de los recursos. El gobierno priista prometió ahorro de recursos, libre competencia y privados multinacionales explotando el subsuelo por el bien de México.
Pero tal como había ocurrido con otros gobiernos neoliberales que desde Carlos Salinas exprimieron a Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración peñista se dieron casos de corrupción como el de Agronitrogenados, Fertinal y Odebrecht, hubo tratos perjudiciales para las finanzas públicas y subió la deuda de la petrolera. Todo sin que la CRE y la CNH tuvieran un papel relevante para impedir el daño al sector energético.
“Se crearon los llamados organismos autónomos con la promesa de modernizar, veíamos cómo sexenio tras sexenio se hacía esta promesa, pero se iban convirtiendo en una estructura burocrática cada vez más costosa, una burocracia dorada”, comentó en entrevista la periodista Ana Lilia Pérex, autora de los libros Camisas Azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, y de PEMEX RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana
“Una de las finalidades de estos organismos era supuestamente hacer más eficiente al Estado, garantizar la competitividad, garantizar mayor transparencia, pero nunca fue así, nunca ocurrió de esa manera”, agregó.
La CRE, detalló Ana Lilia Pérez, en los hechos se convirtió en un “despacho de gestoría” para beneficiar a empresas privadas y extranjeras, y en cambio debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La Comisión Reguladora de Energía empezó a otorgar estos famosos permisos de autoabasto, a productores independientes, permisos que en contravención a la Constitución empezaron a fomentar un mercado paralelo en el sector eléctrico”, señaló Ana Lilia Pérez.
La Secretaria de Energía del Gobierno de Claudia Sheinbaum, Luz Elena González, explicó en enero pasado que al extinguirse la CRE y la CNH aparecía en su lugar la Comisión Nacional de Energía, con una mejora en la distribución de facultades para impulsar y proteger la riqueza energética del país.
La Comisión Nacional, detalló, será un “órgano desconcentrado de la Sener, con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética”, con atribuciones como el otorgamiento de permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, y de la cadena productiva de gas natural, petrolíferos y petroquímicos, “así como el establecimiento de tarifas y seguimiento de precios”.
