Entre el año 2000 y 2025, México ha acumulado una larga lista de fraudes y esquemas de corrupción que atraviesan sexenios, partidos y niveles de Gobierno. A pesar de que llegaron a ser escándalos mediáticos y fueron denunciados por investigaciones periodísticas y partidos de oposición, la mayoría aún está en la impunidad: sin responsables en prisión ni una reparación integral del daño al erario.
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Desde la Casa Blanca de la ex Primera Dama Angélica Rivera hasta la corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cada sexenio desde hace 25 años ha estado marcado por uno (o varios) escándalos de mal uso de recursos públicos. Los gobiernos han cambiado, pero el patrón se repite: desvíos millonarios de recursos públicos y redes de complicidad entre funcionarios y empresarios.
La corrupción va desde la Presidencia y su círculo cercano hasta las campañas electorales, los programas sociales, las obras públicas, las empresas del Estado y los Gobiernos locales. En algunos casos han sido impuestas sanciones administrativas, pero son pocos los que hasta ahora tienen sentencias firmes.
Estos 25 casos tienen patrones similares, pero todos comparten una característica: la impunidad como desenlace.
Corrupción en Presidencia y su círculo cercano
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La Casa Blanca de Angélica Rivera
En noviembre de 2014 Aristegui Noticias reveló que Angélica Rivera Hurtado (entonces Primera Dama de México) había adquirido una lujosa mansión en Lomas de Chapultepec en 2012. La compra fue hecha a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, subsidiaria de Grupo Higa, que a su vez fue una de las empresas más beneficiadas por Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México. El 19 de noviembre de ese año, Rivera Hurtado ofreció un mensaje al país por medio de un video en el que aseguró que todo lo que tenía era “fruto de su trabajo”. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación y en agosto de 2015 concluyó que no hubo conflicto de intereses, ya que la casa fue adquirida antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia. En 2019 fue interpuesta una denuncia por la desaparición del expediente del caso, que concluyó en 2022 con la sanción de tres funcionarios quienes tuvieron que ofrecer una disculpa pública por haber extraviado los documentos.
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Videoescándalos de 2004
En 2004, los “videoescándalos” sacudieron la vida política mexicana al exhibir, en grabaciones difundidas por televisión, a funcionarios y operadores cercanos al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo. El caso más emblemático fue el de René Bejarano, coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, captado recibiendo 45 mil dólares del empresario Carlos Ahumada, supuestamente para financiar campañas a cambio de contratos de obra pública. Además, Carlos Ímaz Gispert, entonces jefe delegacional de Tlalpan, presuntamente recibió 350 mil pesos, y Gustavo Ponce Meléndez, entonces secretario de Finanzas capitalino, habría apostado grandes sumas en un casino de Las Vegas, Estados Unidos, mientras era investigado por un fraude de 31 millones de pesos. Aunque algunos implicados enfrentaron procesos penales y destituciones (como Ponce, quien pasó casi 10 años en prisión), el episodio también estuvo rodeado de acusaciones sobre el uso político de las grabaciones para frenar la carrera presidencial de López Obrador rumbo a 2006, consolidando a los videoescándalos como una herramienta recurrente de confrontación política en México.
Corrupción electoral
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Caso Monex
Partidos de oposición denunciaron en 2012 una operación fraudulenta del PRI para la compra de votos y ganar la Presidencia al dispersar 70 millones de pesos por medio de tarjetas de la empresa Monex. El Revolucionario Institucional mintió al negar el uso de esos plásticos, y luego al decir que sólo habían sido utilizados para pagar a sus representantes electorales y funcionarios de casilla. Sin embargo, los tricolores lograron que tanto el entonces IFE como el Tribunal Electoral sepultaran el caso, y Peña Nieto se convirtió en mandatario federal, aún con las acusaciones de que había rebasado por mucho el tope de gastos de campaña.
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Pemexgate
El llamado “Pemexgate” con el que al menos 500 millones de pesos provenientes de Pemex terminaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el 2000 derivó en una multa histórica para el PRI de mil millones de pesos, impuesta entonces por el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, no repercutió en sentencias penales contra dirigentes priistas ni contra el entonces dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Ese personaje enfrentó múltiples denuncias, entre otros cargos por el delito de peculado, pero ninguna prosperó. En 2019 dejó el puesto de Secretario General del Sindicato y murió en 2023.
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Los “Amigos de Fox”
A mitad del sexenio de Vicente Fox, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) reveló un esquema de financiamiento paralelo para su campaña presidencial, conocido como “los amigos de Fox”. Se trató de un esquema de financiamiento paralelo a la campaña presidencial del entonces candidato en las elecciones del año 2000. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que había recursos económicos que no estaban siendo reportados a la autoridad electoral, ante lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el entonces IFE compartía una naturaleza similar a las autoridades fiscalizadoras, permitiendo superar obstáculos legales como el secreto bancario, hacendario y fiduciario. La investigación concluyó que 92 millones de pesos habían sido inyectados de manera paralela a la campaña de Fox, lo que derivó en una multa de 496 millones de pesos y se convirtió en un precedente para fortalecer la fiscalización electoral al superar límites como el secreto bancario.
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El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue acusado de fraude en la obtención de firmas para su candidatura presidencial independiente en 2018. El Instituto Nacional Electoral (INE) documentó que más de 150 mil apoyos ciudadanos eran simulados o falsos, además del presunto uso de recursos públicos del gobierno de Nuevo León para recabar firmas. En junio de 2018, durante un encuentro con alumnos de la Universidad Iberoamericana, Rodríguez dijo que “se mocharía las manos” si la autoridad electoral le encontraba un delito o irregularidad. Aunque no se estableció un monto económico preciso del daño, el caso derivó en sanciones electorales y procesos judiciales por desvío de recursos. Rodríguez Calderón fue imputado y detenido en 2022, aunque posteriormente obtuvo su libertad, y el proceso sigue sin una condena firme.
Corrupción en empresas del Estado y recursos estratégicos
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El caso Odebrecht en México
El caso Odebrecht en México está compuesto por una red de corrupción transexenal (desde el gobierno de Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto) que involucró a funcionarios de alto nivel, políticos y empresarios en México. En esta red, la empresa brasileña Odebrecht es el eje central de sobornos, contratos amañados y decisiones públicas que dejaron un daño al erario por más de 10 mil millones de pesos. Parte del dinero fue utilizado para realizar pagos ilegales, pero el mayor daño a la Hacienda pública fue hecho por medio de contratos y adquisiciones infladas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) como Etileno XXI, Agronitrogenados y Fertinal. Pese a las denuncias e investigaciones por este caso, Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de la petrolera, actualmente está en prisión domiciliaria desde febrero de 2024, desde donde enfrenta los procesos legales en su contra. Además, Jorge Luis Lavalle Maury, exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), fue procesado por este caso: en 2020 Lozoya aseguró que Lavalle recibió 25 millones de pesos de Odebrecht, por lo que fue vinculado a proceso y pasó un año en prisión preventiva. El 16 de septiembre de 2022 salió del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para enfrentar su proceso en libertad.
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Agronitrogenados
Hasta la fecha sigue impune la compra de una planta chatarra de fertilizantes por 257 millones de dólares cuando en realidad su valor era de 58 millones. El caso en 2013 involucró al expropietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien avaló la adquisición al presuntamente recibir sobornos de la empresa siderúrgica. Ambos enfrentaron acusaciones penales. Para dejar la cárcel, Ancira prometió resarcir el daño a las finanzas públicas, pero dejó el pago a medias. Mientras que Lozoya ha recurrido a amparos para ralentizar los procesos legales en su contra.
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Oceanografía
El caso Oceanografía también involucra a Emilio Lozoya. En 2014 autoridades embargaron a la naviera, proveedora de Pemex. Su dueño, Amado Yáñez, pasó dos años en la cárcel, señalado por lavado de dinero y un fraude de falsificación de facturas por 400 millones de dólares. Pero en 2020, de acuerdo con el diario El País, Yáñez denunció que Lozoya había armado el caso en su contra para arrebatarle Oceanografía, y que Citigroup/Banamex se había quedado con millones que pertenecían a la empresa, declarada en quiebra. Así, el pleito sigue en tribunales, sin resolución final.
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Huachicol fiscal
La detención de un vicealmirante de la Marina y del dueño del concurso Miss Universo es apenas la punta del iceberg de los casos de huachicol fiscal o contrabando de combustible en los puertos mexicanos. La Secretaría de Hacienda reconoció en octubre pasado que las denuncias por este delito ascendían a por lo menos 16 mil millones de pesos, aunque antes la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, había hablado de pérdidas de hasta 600 mil millones. La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esa cifra, pero es innegable el impacto de ese delito, a la espera de que la Fiscalía General de la República aclare hasta dónde llega la red implicada en casos como el del buque con 10 millones de litros de diésel decomisados en marzo pasado en Tamaulipas.
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La Estafa Maestra
Más de siete mil millones de pesos de recursos públicos fueron desviados entre 2013 y 2014 a través de una red de corrupción que operó por medio de subcontrataciones de al menos 128 empresas fantasma por universidades públicas. “La Estafa Maestra” fue un caso detectado e investigado por la auditora Muna Dora Buchahin y publicado en 2017 por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. En el esquema estuvieron involucradas 11 dependencias federal entre las que está la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Petróleos Mexicanos (Pemex), además de ocho universidades públicas. Rosario Robles, entonces titular de la SEDATU, fue acusada de permitir el esquema y pasó tres años en prisión. En diciembre de 2025 dos exfuncionarios (Ricardo “M”, entonces Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de SEDESOL y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México) fueron declarados culpables y sentenciados a pagar 62 millones de pesos como reparación del daño.
Fraudes en programas sociales y durante emergencias
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Segalmex
El fraude en Segalmex, el organismo creado para "procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles”, fue uno de los mayores escándalos de corrupción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un esquema sistemático de contratos irregulares, compras a sobreprecio, pagos por servicios no realizados y uso de empresas fantasma. Las irregularidades documentadas ascendieron a por lo menos nueve mil millones de pesos, aunque otras revisiones elevan el monto total observado a varios miles de millones más. Entre los principales responsables señalados están Ignacio Ovalle Fernández, exdirector del organismo, y René Gavira Segreste, exjefe de Administración y Finanzas, además de otros exfuncionarios y empresarios. La FGR ha girado por lo menos 22 órdenes de aprehensión y abierto decenas de carpetas de investigación, pero la recuperación del dinero y las sentencias definitivas siguen pendientes. Aunque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría impunidad, el caso acumula desde 2019 observaciones de la ASF por más de 15 mil millones de pesos, de los cuales casi 10 mil millones siguen sin aclararse.
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Las tarjetas clonadas de Bansefi después del sismo
Después de los sismos de septiembre de 2017, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) estuvo encargado de dispersar los apoyos paras las personas damnificadas por medio de tarjetas bancarias. En 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades por 68.8 millones de pesos en el programa de tarjetas para los damnificados, pues había afectados cuyos nombres aparecían en hasta 34 tarjetas, y en algunos casos ninguno de ellos recibió el dinero. Los recursos públicos fueron utilizados de manera opaca, y la emergencia sirvió como pretexto para facilitar las irregularidades. El entonces titular de Bansefi, Virgilio Andrade Martínez, reconoció los errores, pero aseguró que las tarjetas repetidas habían sido eliminadas antes de dispersar los recursos. Aunque se presentaron denuncias ante la entonces PGR y se documentaron fallas sistemáticas en los controles internos del banco, no hubo funcionarios sancionados penalmente, lo que dejó el caso en la impunidad institucional.
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La Plataforma Nacional de, ¿transparencia?
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pieza clave del Sistema Nacional de Transparencia, fue presentada en 2016 junto con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, pero tuvo que ser desactivada menos de un mes después por fallas graves en su funcionamiento, pese a haber costado 19.6 millones de pesos. El proyecto del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y desarrollado por la empresa Intellego, fue puesto en marcha de manera apresurada, sin un diagnóstico sólido ni pruebas suficientes, lo que derivó en errores técnicos, mala experiencia de usuario y críticas de organizaciones de la sociedad civil y usuarios. Aunque el proceso de licitación fue legal, la empresa contratada tenía antecedentes de presunta corrupción. Esto, aunado a la falta de supervisión efectiva, dañaron la credibilidad de una herramienta concebida para combatir la opacidad, dejando como principal saldo un caso emblemático de mala planeación y rendición de cuentas fallida. En total, solo el desarrollo de la PNT habría costado al menos 27.6 millones de pesos, opacados por las dudas alrededor de la primera contratación.
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Pegasus
El espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y políticos mexicanos utilizando el malware de una empresa israelí acumula más de una década de impunidad. Aunque está documentado su uso y la Fiscalía General de la República (FGR) aún a cargo de Alejandro Gertz Manero informó sobre una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (luego de que un medio israelí reportara que presuntamente había recibido sobornos para permitir el funcionamiento de Pegasus en el país), hasta la fecha no hay un esclarecimiento jurídico del caso ni personas declaradas culpables por su operación en México.
Corrupción de gobernadores: el saqueo local
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El Fideicomiso Evercore en Puebla
En 2012 el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, puso en marcha un fideicomiso administrado por Evercore para cobrar y gestionar ingresos del Impuesto Sobre Nómina (ISN). Por medio de este esquema los recursos eran desviados para evitar la rendición de cuentas y omitir destinar esos recursos públicos a obras y servicios públicos. La empresa Protego (posteriormente Evercore) fundada por Pedro Carlos Aspe Armell, puso en marcha este esquema en otros gobiernos estatales con ayuda de funcionarios federales como Luis Videgaray Caso y Fernando Aportela Rodríguez. Hasta la fecha no hay sanciones judiciales en contra de las personas y empresas involucradas.
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Los fraudes de César Duarte
Durante el gobierno del priista César Horacio Duarte Jáquez en Chihuahua (2010-2016) fue realizado un esquema de desvíos de recursos públicos, endeudamiento irregular y uso de recursos públicos con fines políticos que incluyeron la “nómina secreta”, por medio de la cual habrían sido entregados sobornos a políticos y empresarios. Este esquema fue denunciado por el exgobernador Javier Corral Jurado en 2016, y fue hasta el 8 de julio de 2020 que Duarte fue arrestado en Florida, Estados Unidos, y extraditado a México el 2 de junio de 2022. El acuerdo de extradición limitaba a México a procesar al exmandatario por peculado y asociación delictuosa, pero en diciembre de 2024 el gobierno mexicano obtuvo autorización para procesarlo por lavado de dinero, por el cual fue vinculado a proceso el pasado 14 de diciembre.
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Operación Safiro
Se conoce como “operación Safiro” a un esquema de corrupción con el que presuntamente se desviaron más de 600 millones de pesos de presupuestos estatales para beneficiar a campañas del PRI. Entre los acusados está el exgobernador César Duarte, pero ni en su caso ni en el de otros políticos de alto rango y presuntamente involucrados en la estafa, como Manolo Fabio Beltrones, Eruviel Ávila y Claudia Pavlovich, se avanzó en las investigaciones para comprobar su responsabilidad. Duarte fue detenido de nueva cuenta este mes, pero por la acusación de desviar unos 96.6 millones de pesos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda estatal, y que habrían sido triangulados a dos empresas en las que el exgobernador era el mayor accionista.
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Arturo Montiel
El hombre que gobernó el Estado de México de 1999 a 2005 enfrentó acusaciones de enriquecimiento ilícito y de beneficiar a constructoras a cambio de favores económicos en época de campañas, pero contó con el respaldó priista del Grupo Atlacomulco para evadir investigaciones en su contra, y recientemente ha aparecido en eventos políticos. Una fiscalía especial creada por el entonces mandatario mexiquense, su sobrino Enrique Peña Nieto, determinó que Montiel no era el propietario de una casa en España valuada en 69 millones de pesos, aunque luego SinEmbargo documentó que la empresa a la que se atribuyó la propiedad estaba en manos de Maude Versini, su exesposa, con quien se confrontó por la custodia de sus hijos.
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Silvano Aureoles
El político perredista enfrenta acusaciones penales por un presunto desfalco millonario a las finanzas de Michoacán, estado que gobernó de 2015 a 2021. Al menos cuatro funcionarios de su administración ya pisaron la cárcel, pero Aureoles permanece prófugo. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exdiputado federal y exsenador por irregularidades en la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal durante su mandato, aunque también ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y liderar una red de corrupción.
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La megadeuda de Coahuila
En su periodo como gobernador (2005-2011) el priista Humberto Moreira llevó a las nubes la deuda de Coahuila, al pasar de 323 millones hasta un monto superior a los 35 mil millones de pesos. Ante esa “megadeuda” contratada sin el aval del Congreso local, y los señalamientos de desvío de recursos, tanto Moreira como funcionarios de su administración enfrentaron denuncias e investigaciones, que llevaron a detenciones como la de su tesorero, Héctor Villarreal. Al propio Moreira lo detuvieron en 2016 en España, acusado de lavado de dinero, corrupción y vínculos criminales, pero a la semana volvió a quedar libre. La justicia de ese país no logró sentenciarlo, y en México López Obrador denunció que el PAN y el PRI habían llegado a un arreglo para exonerar al también exdirigente del tricolor.
Corrupción inmobiliaria, en concesiones y obras públicas
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El Cártel Inmobiliario
El fraude del cártel inmobiliario es una trama de corrupción centrada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Consistió en autorizar construcciones con niveles excedentes e irregulares a cambio de beneficios para desarrolladores inmobiliarios y funcionarios públicos, generando un quebranto estimado de más de siete mil 142 millones de pesos. De acuerdo con documentación del Gobierno capitalino, entre 2012 y 2022 se construyeron 130 inmuebles con 264 niveles de más, una magnitud que, de sumarse, equivaldría a una “torre de la corrupción” más alta que el Burj Khalifa (la estructura más alta de la que se tiene registro hasta la fecha, localizada en Dubái y que mide 828 metros de altura). Solo durante la gestión de Santiago Taboada Cortina en Benito Juárez (2018–2023) fueron aprobadas al menos 40 obras con 66 niveles excedentes, pese a que él ha negado su participación en la red. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX han derivado en la detención de al menos 16 personas, entre ellas el exalcalde Christian Von Roehrich y el exdirector de Obras Nicias Aridjis, y han documentado un esquema sistemático de permisos ilegales, uso de empresas fantasma y afectaciones directas a vecinos, consolidando al Cártel Inmobiliario como uno de los mayores casos de corrupción urbana en la Ciudad de México.
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Sobrecosto de la Estela de Luz
La “suavicrema” o “monumento a la corrupción” que se construyó durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) en la Ciudad de México pasó de un costo estimado de 394 millones de pesos a mil 300 millones de pesos. Diferentes funcionarios de nivel medio e implicados en la construcción enfrentaron sanciones administrativas y multas por los gastos excesivos y estafas que elevaron el costo de la obra. Pero ni el expresidente Felipe Calderón ni su jefa de Oficina, Patricia Flores, tuvieron alguna sanción. Insistieron en deslindarse, aunque al menos una denuncia señaló que tuvieron responsabilidad directa sobre el desarrollo del proyecto.
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Tren México-Toluca
Esta obra acumula sobrecostos millonarios, irregularidades señaladas por la Auditoría Superior y retrasos por los que no hay altos funcionarios que hayan sido sancionados. Tantas fallas en su planeación que ya atravesó tres sexenios y aún no queda lista. En 2014, cuando la presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se habló de que tendría un costo de 39 mil millones de pesos, pero ya en diciembre de 2025 Hacienda registra una inversión acumulada de 141 mil millones. El presidente López Obrador decidió continuar la obra legada por el peñismo e inauguró un primer tramo de 20 kilómetros en septiembre de 2023, y de acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum ya operará toda su ruta Toluca-Observatorio en enero de 2026.
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OHL
El caso de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) reveló un esquema de presunta corrupción en concesiones carreteras, principalmente en el Estado de México, basado en sobrecostos, manipulación de contratos y posibles sobornos a funcionarios públicos. Aunque no hay un consenso sobre el daño total al erario, las investigaciones administrativas derivaron en multas por alrededor de 3.6 millones de euros (más de 70 millones de pesos). Entre los principales involucrados estuvieron José Andrés de Oteyza, entonces presidente del consejo de OHL México, y Apolinar Mena Vargas, exsecretario de Comunicaciones mexiquense, quien renunció tras la difusión de audios. Pese a la gravedad de las revelaciones, no se dictaron sentencias penales por fraude, y el caso concluyó con sanciones administrativas.
