La desaparición del fuero, la inmunidad constitucional que impide que un servidor público por elección popular pueda ser sometido a proceso judicial para responder por delitos que hubiese cometido durante el desempeño de su encargo y la desaparición de los legisladores plurinominales, tanto senadores como diputados federales, es una exigencia generalizada entre los mexicanos que debería ser atendida en la próximo reforma electoral que promoverá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que llegará al Congreso de la Unión en febrero del 2026.
El fuero, la inmunidad constitucional, solo ha servido para proteger delincuentes y evitar que sean alcanzados por el brazo de la justicia. Y los plurinominales se han convertido en un botín de las dirigencias partidistas y de las camarillas que las controlan, para postular a sus parientes, amigos, socios o cómplices, a cargos de elección popular, sin que tengan que hacer campaña y sin la obligación de buscar y recibir el voto directo de aprobación de los ciudadanos.
Son muchos y muy variados los ejemplos que ilustran los abusos que se han cometido al amparo de estas dos figuras que poco contribuyen a enriquecer la vida política del país y que por el contrario se han convertido en un factor de descrédito y vergüenza para los partidos políticos, convertidos en gran medida en cuevas de sinvergüenzas, corruptos, oportunista, ladrones y cínicos. Hay casos emblemáticos que ilustran esta situación y seguramente, en el ámbito de sus entidades federativas, los ciudadanos conocen muchos otros igualmente reprobables e indignantes.
El Artículo 61 de la Constitución Política de México señala que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Y agrega que “el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.
La Declaración de Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero de un Senador o Diputado se solicita ante la Cámara de Diputados de la Federación, que analiza si existen elementos que obliguen a poner al legislador a disposición de un juez para que sea la autoridad jurisdiccional la que decida si obsequia la orden de aprehensión y somete a proceso penal al acusado por la presunta comisión de un delito.
Y la destitucion e inhabilitación de un senador o diputado se inicia con una solicitud de Juicio Político ante la Cámara de Diputados, que después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, decide por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión respectiva si es procedente la petición. Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
PRESUNTOS DELINCUENTES
El fuero, la inmunidad constitucional, ha impedido que Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de “Alito”, senador y dirigente nacional del PRI, rinda cuentas ante la justicia y cumpla su obligada comparescencia ante un juez para responder por una gran variedad de delitos que se le atribuyen, presumiblemente cometidos durante su paso por la gubernatura de Campeche, entre 2015 y 2019.
El 17 de agosto del 2022 la Fiscalía de Campeche solicitó por primera ocasión que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno, asunto que por razones políticas fue congelado en la Cámara de Diputados. El jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche informó que había presentando y ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una segunda solicitud de Declaración de Procedencia de la Acción Penal en contra del exgobernador campechano.
La presunción es que el actual dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador de Campeche. El expediente está en suspenso en la Cámara de Diputados donde solo podría moverse si tuviera la anuencia del coordinador de la mayoría de legisladores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien no ha mostrado mucho interés en proceder contra “Alito”.
El panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, evadió el largo brazo de la justicia desde 2021, cuando el Congreso de su entidad resolvió que debía consevar su fuero para no ser juzgado y sometido a proceso penal, a pesar de que el Congreso Federal ya había votado y aprobado la Declaración de Procedencia de la Acción Penal en su contra el 30 de abril de 2021. Luego de dejar la gubernatura el 30 de septiembre de 2022, vive refugiado en Estados Unidos.
El antecedente en el caso del panista García Cabeza de Vaca es que en 2021, estando todavía en funciones de Gobernador de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional y ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Hay otro caso más reciente y muy ilustrativo. Con 291 votos a favor de legisladores de Morena y del PRI, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declaró “notoriamente improcedente” la solicitud para que le fuera retirado el fuero constitucional al diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhémoc Blanco Bravo, en una sesión realizada el martes 25 de marzo del 2025.
Todo empezó en diciembre del 2024, cuando el exfutbolista del América fue denunciado por su media hermana por tentativa de violación. En febrero del 2025 la Fiscalía General del Estado de Morelos, entonces a cargo del exfiscal Uriel Carmona Gándara, presentó la solicitud de la Declaración de Procedencia de la Acción Penal para quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, para que enfrentara sus responsabilidades como cualquier ciudadano. Por supuesto, sus colegas diputados de Morena y el PRI lo protegieron.
El panista Ricardo Anaya Cortés, actual senador de la República y candidato presidencial del albiazul en 2018, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la reforma energética cuando era diputado federal, en el gobierno del priisa Enrique Peña Nieto. El dinero le habría sido entregado de parte de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien aún está sometido a proceso por haber recibido a su vez sobornos de parte de la empresa Odebrecht y haber cometido actos de corrupción en la compra de la empresa Agronitrogenados.
El 25 de agosto del 2021, a través de un comunicado oficial la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que de la declaración de Emilio Lozoya, formulada en 2020 sobre el caso Odebrecht, se desprende que el exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos) recibió instrucciones “superiores” de darle un soborno a Ricardo Anaya, el cual le habría sido entregado por un sujeto llamado Norberto Gallardo, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014. El 23 de agosto de 2021 la Fiscalía General de la República citó a Anaya Cortés a comparecer y el político panista anunció ese mismo día, a través de un video, su autoexilio en Estados Unidos. Regresó a México en 2024 ya como senador electo por la vía plurinominal.
LOS PRIVILEGIADOS
Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámarta Alta llegó a su cargo por la vía de la representación proporcional. Es decir, nunca recibió un voto directo de aprobación de los ciudadanos. Tiene un enorme poder y el fuero le ha protegido para no ser investigado por su presunta vinculación con “La Barredora”, un grupo criminal que se fortaleció durante el periodo en el que el actual senador morenista fue gobernador de Tabasco, del 2019 al 2021. Adán Augusto estaría presuntamente vinculado a negocios turbios operados por Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró Secretario de Seguridad Pública en su entidad.
Ricardo Anaya Cortés es el coordinador de los senadores del PAN y también llegó al cargo por la vía plurinominal, sin los votos y sin la aprobación directa de los ciudadanos. En la misma situación está el coordinador de los senadores del Partido Verede Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, quien también arribó a la Cámara Alta por medio de la Lista Nacional de Senadores Plurinominales.
Entre los privilegiados del PAN está por supuesto el exidirigente nacional Marko Cortés Mendoza, que llegó al Senado de la República como plurinominal, en la Lista Nacional elaborada por él mismo. Durante el periodo en el que Marko Cortés fue presidente nacional del PAN, entre 2018 y 2024, su partido perdió siete gubernaturas. El llegó a la cámara alta sin tener que hacer campaña y sin ganar en forma directa el voto de los ciudadanos.
Apunte en esta misma situación de privilegio al coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, quien también llegó al Senado por la vía plurinominal, sin votos directos de los ciudadanos y forma parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, el máximo órgano de poder de ese órgano legislativo. Y en circunstancias similares se encuentra el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, legislador plurinominal y miembro de la Junta de Coordinación Política.
LOS DIPUTADOS
Entre los diputados se reiteran los mismos vicios y privilegios. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien coordina también a la fracción de Morena en al Palacio Legislativo de San Lázaro. Llegó Monreal por la vía plurinominal a través de la Segunda Circunscripción, en la que está incluido el estado de Zacatecas en donde su familia ha impuesto un cacicazgo, pero sin recibir ningún voto directo de los ciudadanos.
En igual cisrcunstancia está el coordinador de los diputados del PAN, Lixa Abimerhi José Elías, quien llegó por la vía plurinominal postulado por la Tercera Circunscripción Electoral a la que corresponde Yucatán, su estado de origen. Apunte ambién en la lista de privilegiados al priista Rubén Moreira Valdés, quien llegó por la vía plurinominal por la tercera Cisrcunscripción que incluye su estado nativo, Coahuila, sin recibir votos directos de aprobación de los ciudadano y forma parte de la Junta de Coordinación Política, la más alta instancia de poder en San Lázaro. Moreira Valdés gobernó Coahuila entre el 2011 y el 2017.
Por la misma ruta habría que apuntar a la legisladora yucateca Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, integrante de la Junta de Coordinación Política sin tener tampoco votos directos de los ciudadanos en las urnas, aunque llegó al Congreso de la Unión por la Tercera Circunscripción, en la que se ubica Yucatán, su estado de origen, en el cual fue gobernadora, pero postulada por el PRI, durante el periodo 2007-2012.
Todas estas historias, que no son las únicas, nos ilustran sobre los abusos que se cometen en el país al amparo del fuero constitucional, que protege a políticos delincuentes de su obligación de rendir cuentas a la justicia. Y por supuesto, los casos referidos son solo una pequeña muestra de que los cargos de senadores y diputados federales plurinominales, son botín de dirigencia partidistas, de cofradías mafiosas, de cacicazgos familiares o gavillas delincuenciales. Por estas razones y muchas otras, contrarias al pudor, la honradez y la ética, deben desaparecer del universo político del país en la próxima reforma electoral que deberá presentar en febrero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mayoría de los mexicanos lo exige. Basta de privilegios y de abusos.
