Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Puebla consignó a Manuel Forcelledo Nader por su responsabilidad en el asesinato de su novia Karla López Albert cuyo cuerpo fue hallado el 2 de febrero en un paraje de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal.
Al dar a conocer el avance en las investigaciones, el Procurador Víctor Carrancá Bourget dijo que junto a Manuel Forcelledo Nader fueron detenidos Rodrigo Augusto Solís Cano, Moisés Cordero Hernández y Leopoldo Camacho Vázquez.
Forcelledo Nader es señalado como el presunto autor intelectual y material del homicidio de su pareja que tenía cinco meses de embarazo.
Rodrigo Augusto Solís Cano, Moisés Cordero Hernández y Leopoldo Camacho Vázquez eran escoltas del ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ex candidato del PRI a la Alcaldía de Puebla, Enrique Agüera.
Carrancá Bourge dijo que como parte de las indagatorias se realizaron llamadas a números telefónicos en los que se determinó que Manuel Forcelledo había pagado 7 mil pesos a sus cómplices por cometer el crimen y había acordado entregarles otra parte en efectivo, aunque se desconoce el monto.
En base a las investigaciones se supo que Forcelledo Nader citó a López Albert el 30 de enero en un salón de fiestas propiedad de su familia, ubicado en la Recta a Cholula y Periférico, bajo el engaño de que había comprado un seguro de gastos médicos para cubrir el parto del hijo de ambos.
En ese lugar Karla fue sometida y golpeada hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente fue estrangulada con un lazo de rafia y la ocultaron en su propio vehículo donde permaneció dos días, hasta que fue llevado hasta el Distrito Federal donde fue localizado.
El pasado 11 de febrero María Esperanza Albert Razo, madre de Karla, y su abogada Marisol Montes denunciaron que la Procuraduría de Puebla estaba protegiendo a Forcelledo Nader, a quien señalaron como responsable del feminicidio. En esa ocasión dijeron que era familiar del ex subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del priista Mario Marín Torres, Adolfo Káram Beltrán.
Las dos mujeres cuestionaron a la PGJ sobre la lentitud en sus declaraciones e imprecisiones en sus investigaciones, como el día de la muerte que –de acuerdo con la institución– fue el 1 de febrero cuando la denuncia por desaparición se presentó el 31 de enero, al igual de la edad de Karla que es de 34 años de edad y no 31 como se asentó en la constancia de hechos.
