“Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no apruebe ese cambio porque va a significar impunidad”, advirtió el Presidente López Obrador cuando se le preguntó sobre el proyecto que próximamente discutirá la SCJN, en el que se propone invalidar la prisión preventiva oficiosa.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que espera que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recapaciten y no eliminen la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. “Ojalá y recapaciten”, expresó durante su habitual conferencia matutina.
El mandatario mexicano manifestó que confía en que el máximo tribunal del país “entre en razón” y no se quite dicha medida precautoria, ya que podría significar impunidad para los presuntos delincuentes. Incluso, hizo referencia al caso de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque sin mencionarlo directamente.
“Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no apruebe ese cambio porque va a significar impunidad. Aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado que están actuando, cómo están actuando jueces, magistrados, ministros”, declaró el Jefe del Ejecutivo federal.
“No todos, pero lo que hicieron de liberar en horas, en la madrugada, ordenar la libertad de un presunto delincuente, famosísimo, cosa que no hacen en muchos casos, demuestra que se sienten intocables”, agregó el Presidente López Obrador, quien destacó el actuar de las y los gobernadores, quienes también están demandando, señaló, una actitud responsable por parte de la SCJN.
“Está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable de la Corte, porque ellos son los que padecen, y no sólo los gobernadores, ministerios públicos, fiscales, las policías, porque los ajustician”, añadió.
“Es muy irresponsable el actuar así, siempre argumentan, pero ya años, que están mal hechas las averiguaciones, que no se detuvo a las 10, sino a las 20 horas, que no traía armas cuando se detuvo o se dio mal el domicilio, aunque se trate de una persona conocida que, incluso, ya cuente con antecedentes penales, pero todo eso lo usan para dejar en libertad a cualquiera”, sostuvo.
Por ello, el político tabasqueño planteó que en aquellos casos en donde haya dudas sobre el delito, exista una mayor cooperación entre poderes o se reponga el procedimiento. “¿Por qué no reponer el procedimiento, en vez de utilizar como excusa un error del Ministerio Público para dejar en libertad a un presunto delincuente que ha causado mucho daño y que va a seguir causando daño?”, cuestionó.
“Ojalá y con este exhorto que hacen los gobernadores, porque ellos saben, la mayoría de los gobernadores están en reuniones desde temprano viendo el tema de seguridad, imagínense cómo está el Gobernador de Zacatecas hoy, o todos los gobernadores están ahí, y que tome [la SCJN] una resolución nada más de hacer sentir que ellos mandan y que tienen mucho poder aunque se dañe a la sociedad. Ojalá y recapaciten”, concluyó el Presidente.
GOBERNADORES PIDEN NO ELIMINAR PRISIÓN PREVENTIVA
Ayer, las y los gobernantes de los 32 estados que componen la República mexicana solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconsiderar la no eliminación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
A través de un Amicus Curiae, dirigido a la Ministra presidenta de la SCJN, las y los mandatarios emitieron un pronunciamiento en el que pidieron que no se elimine la prisión preventiva oficiosa, pues consideran que prescindir de esta medida cautelar impactaría gravemente en la seguridad pública del país.
Añadieron que dicho instrumento, de carácter precautorio, sirve cuando se presentan delitos de alto impacto que repercuten claramente en la sociedad y en los que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que la o el imputado cumpla con la debida comparecencia.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, destacaron las y los gobernadores en el documento.
A su vez, subrayaron que la prisión preventiva oficiosa responde a “una política de combate al crimen”, con la que es posible “garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos”, al mismo tiempo que “protege a las víctimas de los delitos” y procura que el o los responsables de un delito no queden impunes.
Incluso, los y las gobernantes instaron a “mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional” que pudiera afectar el derecho interno, en referencia a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que condenó al Estado mexicano por declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior, no sólo para “impedir la vulneración de nuestra Carta Magna”, señalaron, sino para atender principalmente los derechos de las víctimas de algún delito, debido a que éstas son las que “resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, destacaron las y los mandatarios.
En los próximos días, la SCJN discutirá un proyecto en el que se propone invalidar la prisión preventiva oficiosa, así como rechazar las órdenes de arraigo. Además, el máximo tribunal de México también debatirá sobre la posibilidad de implementar investigaciones independientes en los casos en los que se denuncie tortura.
