Funcionario electoral de Guanajuato supervisa comicios donde participará su esposa

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo/ZonaFranca).–Juan Carlos Cano Martínez, Secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), ha decidido jugar a ser juez y parte.

Y es que mientras funge como integrante del órgano encargado de organizar los procesos electorales locales, su esposa participa en la elección que le toca supervisar, como candidata a segunda regidora en Moroleón.

Leticia Pizano Díaz, cónyuge de Cano Martínez, el encargado de administrar los recursos humanos y económicos del IEEG, forma parte de la planilla de Benjamín García Alcántar, candidato a la Presidencia municipal de Moroleón por Movimiento Ciudadano.

Del mismo modo, este organismo tiene la responsabilidad de fiscalizar el origen y uso de los recursos de los institutos políticos.

Cano Martínez fue designado como Secretario ejecutivo a mediados de febrero pasado, tras la renuncia de Eduardo García Barrón en el mes de enero. Previamente, se desempeñó como titular de la unidad técnico jurídica del Instituto.

Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del IEEG defendió el nombramiento y dijo que se buscó al mejor perfil para que ocupara el cargo.

UNA TRAS OTRA

Desde que el órgano colegiado se renovó, ha dado un traspié y luego otro.

Apenas tomaron su cargo como consejeros electorales, éstos acordaron aumentar sus salarios en un 46 por ciento.

Con ello, cada uno de los consejeros dejaría de recibir 87 mil 244 pesos al mes para obtener 127 mil 894 pesos mensuales, medida que finalmente tuvo que ser suspendida por las presiones de la opinión pública.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que volvieran a provocar revuelo.

Fue también en noviembre cuando Miguel Márquez postuló a María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, esposa del presidente consejero, Mauricio Guzmán Yáñez, para convertirla en consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip).

La propuesta fue aprobada por el Congreso en diciembre.

En enero de este año, los consejeros autorizaron la creación de plazas para seis asistentes, cada una de las cuales gana un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

Del mismo modo, en aquellas fechas, estrenaron automóviles, cada uno con un costo de 213 mil pesos.

Recientemente, los consejeros acordaron asignar sin licitación la impresión de los 8 millones de boletas electorales que se utilizarán el próximo siete de junio, debido a que se vinieron encima los tiempos.

Esta decisión fue cuestionada por el Contralor general del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero Pozas, quien además advirtió que en ejercicios de adjudicación que hizo el extinto IFE, el gasto de la impresión creció hasta 20 millones de pesos.