El estudio, a su vez, advierte la incapacidad de las empresas para ofrecer trabajo a distancia, pues únicamente 20.74 por ciento de las 4.7 millones de unidades económicas en el país hace uso de Internet.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó un estudio sobre la urgencia de reglamentar el trabajo a distancia, también conocido como teletrabajo o home office, cuya modalidad se ha incrementado durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
De acuerdo con el reporte de medios de circulación nacional, la investigación titulada “Iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en relación con el teletrabajo, presentadas en la LXIV Legislatura”, fue realizada por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland.
El documento subraya la necesidad de revisar la protección jurídica con la que disponen los trabajadores que realizan sus labores de forma remota. También incluye los derechos y obligaciones del empleador.
De acuerdo con el estudio, en la actual Legislatura se han presentado ocho iniciativas de reforma a leyes secundarias que incluyen la palabra “teletrabajo”. Dichas iniciativas proponen establecer los elementos que debe incluir el convenio celebrado entre los participantes de la relación laboral a distancia.
Algunas iniciativas se concentran en las condiciones de servicio, medios tecnológicos y ambiente requeridos, tiempo y espacio de ejecución de actividades, custodia de equipos, productividad y también seguridad informática.
Otras iniciativas se enfocan en la jornada laboral en el domicilio del teletrabajador, cuyo convenio debe ser revisado por la Inspección de Trabajo.
El estudio, a su vez, advierte la incapacidad de las empresas para ofrecer trabajo a distancia, pues únicamente 20.74 por ciento de las 4.7 millones de unidades económicas en el país hace uso de Internet.
Aunque el trabajo remoto no es algo novedoso, el coronavirus ha evidenciado la necesidad de regular la figura en las normas jurídicas aplicables, concluye el estudio.
