“Lo que se nos viene encima no sólo es inpreparación profesional, también podemos prever un nivel de corrupción que no hemos visto en dos siglos de historia de México”, afirmó el abogado Diego Valadés Ríos sobre la próxima elección del Poder Judicial, de la cual es detractor, en entrevista con Aristegui Noticias.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La extinción de la pensión para los juzgadores supone un “riesgo muy alto” de que estos se “corrompan”, aseguró en entrevista para Aristegui Noticias, el abogado Diego Valadés Ríos, uno de los detractores más duros de la reforma al Poder Judicial y quien con sólo siete meses como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, goza de una pensión vitalicia hace tres décadas.
“Lo que se nos viene encima no sólo es inpreparación profesional, también podemos prever un nivel de corrupción que no hemos visto en dos siglos de historia de México”, afirmó el también exprocurador General de la República, al asegurar que prestaciones como, por ejemplo, una jubilación elevada, podrían garantizar que los juzgadores no caigan en actos de corrupción, y con ello asegurar al mismo tiempo que el sistema Judicial mexicano esté conformado por personas “profesionales y honorables”
"No hay, en ningún sistema del mundo, una previsión de jubilación para funcionarios elegidos, o sea, nadie se jubila como Senador o como Diputado, pueden acumular años de servicio en el ISSSTE, como cualquier trabajador, pero si a los nueve años termina su función y saben que no van a ser jubilados y además les van a reducir los salarios, (...) o sea, el riesgo de que se corrompan es muy alto", explicó Valadés Ríos.
Destacó que el sistema Judicial que aún se encuentra vigente en el país está integrado, en su “mayoría”, por juzgadores “profesionales y honorables”, hecho que, él considera, es el resultado de que a los juzgadores se les otorgaran “buenos sueldos” y “muy buenas condiciones de jubilación”, por lo que, enfatizó, la judicatura en México estuviera integrada por personas “preparadas y honorables”, mientras que, afirmó, con la Reforma Judicatura a los nuevos juzgadores “se les induce a la corrupción”.
“El país tardó décadas para consolidar eso, es que, uno, se profesionalizaron los jueces; dos, se les dieron muy buenos sueldos, esa fue una de las justificaciones que planteó desde Miguel de la Madrid, de dar muy buenos sueldos a los juzgadores; y, tres, se les plantaron muy buenas condiciones de jubilación. Entonces, todos, o en su mayoría pero en su mayoría aplastante, cuidaban sus cargos, los ejercían con profesionalismo y con honorabilidad”, sostuvo el abogado.
“Muchos problemas [de la ciudadania] se resolvieron en la instancia jurisdiccional que es una instancia organizada pacífica, bien estructurada. ¿Quiénes impartieron esa justicia? jueces profesionales (...) no quiero decir que todos los jueces que estaban, o que han estado actuando hasta este momento, todos habían sido competentes y honorables, pero era el tono mayoritario, lo que podemos decir es que en su mayoría la judicatura mexicana era de personas preparadas y honorables”, añadió.
Por el contrario, dijo, con Reforma Judicial que está en proceso de establecerse, la “inpreparación” en este ámbito será el factor dominante, además, los juzgadores serán fácilmente corruptibles, sentenció el exministro de la SCJN, al señalar que juzgadores dejarán su profesionalismo para volverse actores políticos. “¿Qué vamos a tener ahora? inpreparación como un elemento dominante, pero a todos los que vienen se les coloca en una situación en las que se les induce a la corrupción”, reiteró.
“Esto [el profesionalismo y la honorabilidad] desaparece al volver los cargos, que eran profesionales, al volverlos políticos, al reducir la temporalidad previsible del ejercicio de la función y al dejarlos prácticamente arraigados en lugares de alto riesgo y a merced de las corporaciones, de los despachos, de las organizaciones delincuenciales, de muchas formas de presión y también de los caciques locales, estamos viendo como en muchos casos se está actuando con caciquismo, ya desembozado”.
Valadés Ríos también señaló que existe un “riesgo activo” de corrupción de los jueces federales,, ya que, destacó, éstos no tendrán oportunidad de movilidad judicial, por lo que, los nueve años que duren en el cargo también permanecerán en un mismo lugar, lo que, opinó, podría dar lugar a “elementos de presión”, como tentaciones y extorsiones por parte de diversos grupos de poder u organizaciones criminales.
“No solamente es el riesgo masivo de que se corrompa, es el riesgo activo de que los corrompan, porque, además, los jueces federales van a estar ya en el mismo lugar para el que fueron elegidos durante los nueve años, se acaba la movilidad judicial, que era lo que protegía a los juzgadores que no tuvieran intereses locales, que un día estuvieran en Michoacán, otro día en Tamaulipas, otro día en Campeche, otro día en Yucatán y así sucesivamente”, dijo.
“Ahora van a estar los nueve años en el mismo lugar, imaginemos qué va a pasar con los jueces y magistrados en materia penal en Michoacán, en Guerrero y en la mitad del país, a qué tipo de presiones y también de tentaciones van a estar sometidos, imaginemos los que van a resolver sobre temas fiscales, sobre temas laborales, sobre suspensiones de pagos, sobre quiebras, sobre herencias”, añadió el también exprocurador General de la República, quien sostuvo que actualmente “lo que estamos viendo ya es el establecimiento del caciquismo”.
¿Cuántos elementos de presión se van a dar y en qué se va a traducir en cuanto a la honorabilidad de muchos jueces? Muchos van a resistir así como ahora la excepción es la presencia de corrupción, temo que en el futuro próximo la excepción, ojalá que de muchas excepciones, serán los juzgadores honorables los que resisten las presiones, las tentaciones, las extorsiones a las que van a estar sujetos, sobre todo por los grupos más despiadados que son las organizaciones delincuenciales”, subrayó.
Al hablar de la elección del próximo 1 de junio, Valadés Ríos opinó que con este ejercicio democrático se están se destrozaron las instituciones del Estado, lo que da como resultado que el país vaya hacia una ingobernabilidad, hacía la “anarquía”. En este sentido, reiteró que la Reforma Judicial destruyó el sistema Judicial del país, ya que, desde su punto de vista, lo convirtió en una “carrera política”.
“Se están destrozando activamente activamente las instituciones del Estado, uno de los ejemplos más claros es lo que vamos a presenciar el próximo domingo” y agregó: “Lo que se hizo en materia de Reforma Judicial es destrozar el sistema de carga judicial para convertirlo en una carrera política, además, con muy pocos recursos y muy poca viabilidad como carrera política, es parte de la destrucción institucional de la vida en mexicana eso es pérdida de gobernabilidad”.
“Vemos cómo se tomó la decisión y desmantelar lo que se había avanzado, era mucho para entregarle la justicia a los grupos de presión a los caciques y a las organizaciones delincuenciales”, insistió Diego Valadés Ríos, quien también opinó que la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio, será “fraudulenta”, ya que, desde su opinión, no existen las condiciones de seguridad para que los comicios se desarrollen de manera legal y confiable.
“Es una elección controlada y manipulada”, dijo. “Vamos a una elección, que lamento decirlo, porque trato de rehuir calificativos puedan resultar excesivos, pero vamos a una lección típicamente fraudulenta, esto es la inseguridad que represente esta elección y las facilidades que permite para el fraude”, añadió el abogado, quien pronosticó: “Esta elección está diseñada para generar un fracaso para el Estado mexicano y para entorpecer la vida democrática del país por los próximos años”.
Valadés Ríos fue también Procurador General de la República durante la última etapa del sexenio de Salinas de Gortari y participó de la reforma al Poder Judicial, en 1994, en el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyo decreto determinó la renovación de la Corte, por lo que Valadés y otros ocho ministros de esa SCJN extinta reciben mes con mes una pensión bruta de 286 mil 423.84 pesos, según informó el propio Poder Judicial en marzo de 2019.
A ese monto, que sube año con año, se suma el pago que se otorga por viudez a las parejas de los ministros en retiro fallecidos, con una cuota equivalente al 80 por ciento del total para el primer año, reduciéndose del segundo año en adelante, sucesivamente, un 10 por ciento, hasta llegar al 50 por ciento del monto de la pensión original.
En mayo de 1994, en medio de las investigaciones del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y a poco más de cinco meses de haber asumido al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando Diego Valadés Ríos fue propuesto por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya como Ministro, Diego Valadés también se desempeñó por un breve tiempo: desde mayo hasta diciembre de 1994, cuando en el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce León se renovó este poder mediante una reforma que separó a los 26 ministros de sus funciones para ser sustituidos por 11 nuevos miembros. El propio Diego Valadés ha señalado que su llegada por esas fechas al Máximo Tribunal de Justicia del país fue para impulsar desde dentro del Poder Judicial esta Reforma.
“Cuando fui propuesto por el Presidente (Carlos Salinas) para ir a la Corte fue con el ánimo de impulsar la Reforma Judicial dentro del tribunal”, declaró en marzo pasado a la revista Este País. En esa misma plática indicó que “hubo grandes resistencias dentro del propio poder judicial y dentro de la Suprema Corte, pero mi trabajo fue superar esas resistencias y considero que lo conseguí satisfactoriamente”.
Pese a su paso fugaz, Diego Valadés Ríos es uno de los 9 Ministros en retiro que recibe hoy en día una pensión vitalicia. Los otros, de acuerdo con información del propio Poder Judicial, son: Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Orodoñez, Carlos Sempe Minvielle.
Los otros 10 ministros que se han retirado desde 2009 reciben un “haber por retiro”, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de carácter vitalicio y equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo. Es el caso de: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González-Salas.
Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, también tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño: como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo poco más de tres años, y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien se desempeñó como Ministro 13 años.
– Con información de Obed Rosas
