Las cámaras de diputados y senadores cerraron sus sesiones del periodo extraordinario con la aprobación de varias reformas que le darán un al Gobierno de Sheinbaum una serie de capacidades más profundas, y por lo tanto mayor responsabilidad, para llevar a cabo su estrategia de seguridad integral.
Ciudad de México, xx de julio (SinEmbargo).– Fueron 14 sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión, más de 100 horas de trabajo y cientos de oradores en el pleno de San Lázaro y del Senado: el periodo extraordinario dejó la aprobación de dos nuevas leyes y varias reformas que, en conjunto, y tejidas una junto a la otra, representan la estrategia en materia de seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Todas ellas dotan al Gobierno federal de diferentes armas para apuntalar el combate al crimen: desde las reformas de inteligencia y de la GN, hasta las modificaciones antilavado, para consolidar la búsqueda de personas desaparecidas y fortalecer la seguridad pública de forma integral. Estas reformas, todas propuestas por la Presidenta Sheinbaum, también darán mayor alcance y responsabilidad a su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
"Es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El Gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto. Nosotros no espiamos a nadie, lo que queremos es construir un país seguro, en paz. En ningún momento se está espiando a nadie, que quede claro", reiteró este miércoles en conferencia de prensa la Presidenta Sheinbaum.
Este martes, el Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en Materia de Seguridad Pública. Busca dotar al Estado de una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de productos de inteligencia criminal, y así fortalecer la investigación en la persecución del delito para su prevención proactiva.
La legislación dice que la identificación y disponibilidad de los sistemas de inteligencia, las bases de datos, los registros, registros administrativos y las fuentes de información a través de los mecanismos que regula, así como su consulta, acceso, interconexión, integración, procesamiento, sistematización, análisis, uso y aprovechamiento, "deberán ser empleados para desarrollar y fortalecer las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública".
De esta forma se permite al Ministerio Público "contar con suficientes elementos de información para una efectiva integración de los indicios, datos y medios de prueba que fortalezcan sus investigaciones encaminadas a la persecución de los delitos y el combate de la impunidad".
Esta reforma fue considerada por la oposición como el establecimiento de un "Estado espía". El Senador panista Ricardo Anaya expresó que es el “último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el Gobierno espía”, lamentó. "Tus biométricos, así lo dice textualmente, tus datos telefónicos, Registro Público de la Propiedad, catastro, registros fiscales, registros de servicios financieros, bancos, hasta a tus bancos va a tener acceso el Gobierno, salud, en qué hospital te atendiste", añadió Anaya.
La Senadora morenista Lucía Trasviña consideró que "no se trata de espiar: se trata de actuar con responsabilidad institucional, legalidad y garantías. Hablando de inteligencia para la justicia, no de vigilancia arbitraria".
También se expidió este martes en el Senado, con el que cerró sus sesiones del periodo extraordinario, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como principal objetivo "regular la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, a través de la coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno, así como la operación de estrategias conjuntas entre las instituciones de seguridad pública".
Lizeth Sánchez García, Senadora del PT, comentó que estas nuevas leyes son integrales y ayudarán a combatir la criminalidad en nuestro país; son ordenamientos de los que todas y todos somos parte. “Mejoran la coordinación y la eficacia en la lucha contra el crimen, fortalecen el Estado de derecho y hacen frente a la impunidad, por lo que votaremos a favor de los dictámenes”, afirmó.
Una GN bajo el mando de Sedena
El lunes, el mismo Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se modifican ocho ordenamientos para armonizarlos con la reforma constitucional de 2024. Reglamenta las tareas de la GN, sus mandos y promociones, el ingreso a este cuerpo de seguridad, las prestaciones a las que tienen derecho sus elementos y la jurisdicción a la que quedarán sujetos en caso de faltas o delitos, entre otros aspectos.
El Senador opositor Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, acusó que con esta reforma se renuncia al mando civil para encargarse de la construcción de la paz, se incrementan las acciones de discrecionalidad de la GN, y no se incorporan mecanismos de rendición de cuentas.
Esta reforma avala el traslado de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional e incluye, entre otras regulaciones, la posibilidad de que los uniformados puedan participar en elecciones siempre y cuando hayan dejado su cargo.
“Es la forma más clara en la que el Estado mexicano responde, con toda su fuerza y legitimidad, al claro objetivo de justicia y paz para las y los mexicanos”, destacó la Senadora morenista Juanita Guerra. Añadió que con las modificaciones se podrá tener “lo mejor de dos mundos”: una fuerza de seguridad con solidez que ofrece disciplina militar y con un perfil de formación policial.
Las reformas, incluida la CURP biométrica
El lunes, la Cámara de Diputados aprobó la de dos leyes generales, en materia de fortalecimiento de la legislación sobre búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Se estableció la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, ante la noticia, reporte o denuncia de persona desaparecida o no localizada, que deberá activarse en todo el país.
También se crea con ello la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir el Protocolo para la activación de la Alerta, el cual deberá establecer, como elementos mínimos, el mecanismo para su activación y operación que asegure la coordinación de las autoridades federales y locales, así como las obligaciones específicas de las instituciones competentes.
En la Ley General de Población se precisa que la "CURP biométrica" es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana, o extranjera que se encuentren en condición de estancia regular en el país. Contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares, y fotografía. "Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, se encontrará en formato físico y digital", detalla lo aprobado.
El martes, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones no implica ni espionaje ni censura por parte del Gobierno federal, y que los artículos cuestionados ya existían en la Ley vigente desde 2014, aprobada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En San Lázaro también se aprobó la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La Presidenta Sheinbaum indicó unas horas antes de su aprobación en la Cámara Baja que las versiones y las críticas hacia la reforma a esta legislación en materia de telecomunicaciones, respecto a que dicen que se espía, es parte de la narrativa de la oposición que actúa con “hipocresía y engaño”.
“A la Ley de Telecomunicaciones le llaman ahora la 'Ley Espía'. Es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la Ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un Juez poder tener información de un teléfono. Que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la Ley en su momento”, insistió.
“Lo que hace la nueva Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la Ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos del Código de Procedimientos Penales, que establece con claridad la necesidad de solicitar a un Juez de control la autorización para estos mecanismos”, explicó por su parte Peña Merino.
Esta reforma, propuesta por Sheinbaum, también protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, uno de los principales motivos de su reforma, para evitar que gobiernos extranjeros transmitan mensajes políticos en el país, como ocurrió hace unos meses con el Gobierno de Trump, que colocó mensajes discriminatorios.
Por último, el Congreso también avaló la reforma antilavado, que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y reforma el Código Penal Federal. El objetivo: recabar elementos útiles para investigar y perseguir este tipo de delitos de lavado de dinero.
Amplía la denominación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía y fija medidas específicas cuando, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La reforma señala la coordinación de esta Unidad con la Secretaría de Hacienda, con la de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
