Las acciones legales se derivan de la detección de un nuevo desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Las denuncias y los señalamientos contra el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca siguen creciendo y acumulándose. El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó hoy que fueron presentadas 70 denuncias contra la Administración anterior, de las cuales al menos 14 son de carácter penal. Estas acciones legales se derivan de la detección de un nuevo desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, detalló que las denuncias fueron interpuestas en contra del exgobernador y diversos exfuncionarios de su administración por la presunta adjudicación ilícita de contratos. Explicó que estos procedimientos implican un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, recursos que fueron pagados a dos empresas vinculadas con los hermanos Carmona.
"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, dijo Saldaña Magaña.
Las compañías señaladas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, encabezada por Carlos Alejandro Romero Vega. Dichas empresas fueron beneficiadas con contratos para brindar mantenimiento a diversos hospitales de Tamaulipas durante el ejercicio fiscal de 2017 y 2018.
Saldaña Magaña indicó que el modus operandi consistió en que las empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para obtener contrataciones por más de 500 millones de pesos. Sin embargo, puntualizó que de ese monto se dejó de cubrir una cantidad de 157 millones de pesos, sin que hasta la fecha se tenga registro de que los proveedores hayan realizado alguna acción legal para reclamar dicho pago, lo que calificó como un hecho “raro y sospechoso”.
“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”, explicó.
Entre los principales exfuncionarios señalados se encuentran la exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.
El funcionario detalló que las denuncias fueron presentadas ante distintas instancias: el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades estatales, los ilícitos detectados se relacionan con el uso indebido de atribuciones y facultades, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al respecto, Saldaña aseguró que no se trata de una persecución política, sino de una obligación del actual gobierno de transparentar los hechos que han dañado las finanzas estatales y afectado directamente los servicios de salud en Tamaulipas. Dijo que incluso se ha contado con la colaboración de personas que trabajaron en la pasada administración, lo que ha permitido reforzar las investigaciones en curso.
