El actual Auditor Superior de la Federación es un personaje cuestionado por su pobre desempeño que se centra en tejer relaciones políticas, con un nulo conocimiento sobre el trabajo de fiscalización y por conceder favores desde su posición, expuso la auditora forense Muna Dora Buchain.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La figura de David Colmenares Páramo, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha convertido en sinónimo de opacidad, favores políticos y retroceso institucional.
A lo largo de su carrera, el economista ha transitado entre cargos públicos y alianzas partidistas que le han permitido mantenerse vigente, más por su habilidad para tejer relaciones que por sus méritos en la fiscalización del gasto público. Su paso por la ASF ha sido señalado por la falta de resultados, el debilitamiento de las auditorías forenses y el uso político de los nombramientos internos.
Hoy, mientras busca su reelección para ocupar el cargo por otros ocho años, Colmenares enfrenta crecientes cuestionamientos desde el Congreso y entre especialistas en rendición de cuentas. Lo acusan de haber convertido la Auditoría en un espacio de recompensas y silencios, subordinado a intereses políticos.
“El señor tiene todo menos ser auditor, sería una injusticia llamarle auditor; cobra como Auditor Superior de la Federación”, afirmó en entrevista la auditora forense Muna Dora Buchahin. “(Es) una fuente inagotable de corrupción en la Auditoría Superior de la Federación, perfeccionaron sus modus operandi para desviar recursos entre todos, porque sería una injusticia otorgarle a este señor el nivel de inteligencia para hacer todo esto; él forma parte, es el títere del grupo que lo dejó llegar al poder, sobre todo el grupo que gobernó durante años, que es el PRI”.
David Colmenares Páramo inició su trayectoria en la administración pública durante el Gobierno del priista Heladio Ramírez López (1986-1992), de quien fue su Secretario de Finanzas. Reportes de la prensa de Oaxaca señalan que buscó una diputación por el PRI en esa entidad, pero no tuvo éxito.
No obstante, Colmenares Páramo fue asesor del sucesor de Ramírez López, el Gobernador priista Diódoro Carrasco (1992-1998) y por esas mismas fechas, entre 1995 y 1998 fue director de Finanzas de Linconsa. En esa misma entidad, fue delegado de Banobras entre 1999 y 2000, al final del Gobierno de Ernesto Zedillo.
Con la llegada del Gobierno de Vicente Fox Quesada, David Colmenares Páramo fue nombrado Coordinador de Delegaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezó su amigo Francisco Gil Díaz.
"En su hojita de vida de media cuartilla se aprecia que salió de la licenciatura en Economía y no volvió a estudiar nada. Encontró su modus vivendi cobijado por el exgobernador Heladio Ramírez, quien lo nombró secretario de Finanzas y luego se vincularon indisolublemente. A partir de ahí parece que descubrió la mina de oro para vender proyectos a los gobiernos, buscó trabajar siempre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estar en cercanía con las finanzas de las entidades federativas, ofreciendo recursos en visitas a gobernadores, que ha sido su lado débil de vida”, escribe Muna Dora Buchain en su libro La casa sucia.
Posteriormente, Colmenares se desempeñó como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF de 2012 a 2013, en dónde se le despidió por su pobre desempeño. Sobre esa época, recuerda la Auditora forense Muna Dora Buchain en su libro:
“Del ahora Auditor Colmenares, por ejemplo, hay testimonios de los auditores y directores generales sobre su 'no gestión', de junio 2012 a octubre de 2013, quienes aseguraron que 'no recibían instrucciones ni directrices sobre el trabajo de fiscalización; nunca estaba, llegaba tarde, muy tarde, vivía en supuestos desayunos y comidas, no tenía la menor idea de fiscalizar, menos de la existencia de normas, procesos, lineamientos internos y sistemas informáticos en la ASF, ni siquiera entendía cuál era su función para reportar avances en el Consejo de Dirección', le gustaba hacer ofrecimientos 'de servicio” a sus congéneres partidistas'. Y puntualiza: “Como era de esperarse, en 2013 fue despedido y nadie preguntaba la razón, era obvio”.
Pese a su pobre desempeño, fue nombrado Contralor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa entre 2014 y 2015. Un periodo en donde tejió alianzas con los Valls Esponda. De 2016 a marzo de 2018 fue titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales en la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales, cuyo jefe sería José Antonio González Anaya, que sustituyó a José Antonio Meade como secretario de Hacienda, de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.
De hecho, reseña Muna Dora, una vez que fue electo como Auditor, David Colmenares Páramo “fue presuroso para agradecer y ponerse a las órdenes del candidato José Antonio Meade y a su jefe Pepe Toño, quien por cierto es concuño de Carlos Salinas de Gortari, y al coordinador de asesoría política, José Ramón Martel, para hacerles extensivo su “invaluable apoyo” por el nombramiento que había soñado desde 2015”.
Los pagos políticos
David Colmenares fue nombrado como Auditor Superior, el jueves 15 de marzo de 2018, con respaldo de todos los partidos, incluso Morena. No obstante, narra Muna Dora llegó a la oficina hasta el martes 20, “pues lo primero para él fue hacer su visita de las siete casas para sellar pactos. Cobró su sueldo en la Secretaría de Hacienda, área del Poder Ejecutivo, hasta un día antes, el 14 de marzo, y al siguiente día fue dado de alta en la ASF”.
A su arribo en la Auditoría, comenzó a designar posiciones como pagos políticos. De esa manera, nombró, por ejemplo, a Heladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Heladio Ramírez, director General Jurídico de la ASF, cargo al que tuvo que renunciar en agosto pasado por una denuncia de acoso sexual.
Muna Dora sostiene que David Colmenares y el exgobernador Heladio Ramírez compartían el mismo domicilio fiscal y este último operaba como “consultor” en estados y municipios hasta semanas después de ser elegido Auditor Superior.
“Está escrito en cada una de las labores y encargos que ha llevado a cabo”, dice Buchahin, “y en esta fuente inagotable de corrupción también participaron el grupo legislativo de Morena que en ese entonces pactó con él, porque tenían personas en componenda, como es el grupo de Heladio Ramírez, a quien también integró en la Auditoría Superior, a los hermanos de aviadores, no solamente con tráfico de influencias y nepotismo, sino que todo lo que entraña haber creado áreas específicas que yo llamo una deshonestidad funcional”.
En su carta de renuncia, Ramírez Pineda escribió: “si algo resultó para mi un especial reconocimiento es la confianza que usted me brindo y que con plena conciencia de esa elevada responsabilidad, procuré no defraudar entregando todo mi esfuerzo por estar a la altura de ese delicado compromiso cuidando siempre los valores de la ética, de la transparencia y eficacia en los asuntos que me correspondieron atender”.
De igual forma colocó a Víctor Manuel Andrade como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Víctor Manuel Andrade es hermano de Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública (SFP) de febrero de 2015 a 2016, quien fue designado por el propio presidente Enrique Peña Nieto para que lo investigara, así como a su entonces esposa Angélica Rivera por el caso de la casa blanca.
Otro miembro del círculo de Colmenares es Eber Omar Betanzos Torres, Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien antes fue subsecretario de la Función Pública y antes de eso Subprocurador en la entonces Procuraduría General de la República con Arely Gómez. En su paso por estas dependencias, “no realizó las funciones y actividades que por su nivel y cargo le correspondían en relación con las denuncias presentadas por la ASF, referentes a la Sedesol, la Sedatu y otras auditorías”.
A su llegada, también abrió la puerta a otros funcionarios aún cuando estas designaciones implicaron un evidente conflicto de interés.
Cuando Colmenares asumió como Auditor en marzo lo hizo junto a Isaac Rojkind Orleansky, quien en ese momento, y hasta julio de 2018, fue secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados. De ahí pasaría a una Auditoría Especial de Seguimiento en la ASF.
Muna Dora denunció en su momento que mientras seguía cobrando cuantiosamente como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia estaba influyendo en la misma comisión que debía autorizar, el reglamento interior de la ASF para crear dos estructuras de alto nivel, la auditoría especial expresamente para él y otra estructura similar para la Diputada Claudia Sofía Corichi García, hija de Amalia García, exgobernadora de Zacatecas y fundadora del PRD, quien participó en los trabajos en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para deliberar el nombramiento de David Colmenares Páramo como titular de la ASF.
Rojkind Orleansky trabajó en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) cuando Rosario Robles era titular de dicho organismo y comenzaron a ocurrir las irregularidades en el manejo de fondos. Ante las denuncias sobre su designación como auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación renunció en abril de 2021.
La destrucción de la ASF
A finales de septiembre, el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa en la que busca eliminar la reelección del Auditor Superior de la Federación, al sostener que el principio de no reelección de cualquier puesto público previene la concentración de poder, fomenta la renovación institucional y garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia y la rendición de cuentas.
“La no reelección del auditor o auditora superior de la Federación [...] garantiza la renovación institucional y evita la perpetuación de intereses particulares en la fiscalización del gasto público. Al impedir la continuidad en el cargo, se promueve la independencia de la ASF, evitando incentivos para la alineación política o la falta de objetividad en la toma de decisiones. Asimismo, permite la incorporación de nuevas visiones y enfoques en la fiscalización, fortaleciendo la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas, pilares fundamentales para el combate a la corrupción y la confianza en las instituciones de control”, refiere.
Precisamente meses antes de que se presentara esta iniciativa, David Colmenares comenzó a preparar el proceso político para buscar su reelección por ocho años más aún cuando en su tiempo frente a esta instancia, la Auditoría prácticamente ha dejado de funcionar como lo venía haciendo antes de su gestión.
“Le da espacio y crea estructuras millonarias que le han costado al país cerca de 3 mil 200 millones por año, 25 mil millones tirados a la basura”, señala Buchahin, quien acusa que “ocultan nombres de empresas, de los cuates, señalan a quien sí van a auditar con una persecución incansable; esconden nombres, se volvió como una empresa de corrupción calificadora”.
Por ejemplo, la académica Viridiana Ríos alertó desde 2023 cómo la cantidad de auditorías forenses ha venido a la baja con Colmenares. Mientras que, antes de Colmenares, en 2018, se realizaron 18, ese año se realizaron solo 10. Además, se cambió el reglamento de la Auditoría para darle a Colmenares la capacidad de aprobar o rechazar la realización de auditorías forenses.
De hecho, a su llegada, Colmenares acabó con la Dirección General de Auditoría Forense que encabezaba Muna Dora Buchian, la cual desentrañó, por ejemplo, casos como La Estafa Maestra. Su despido se dio mediante un acoso institucional y justo cuando su área solicitó se autorizaran nuevas investigaciones por el desvío de fondos a empresas fantasmas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Después de Colmenares puede llegar cualquiera. Y no nada más José Manuel del Río Virgen, sino otro más… imagínate, el botín del siglo. Es un botín porque permite el desvío y el robo de no solo una parte, sino que al dejar de observar o permitir como un favor a cambio, hay un efecto corruptor con los estados y los municipios. Lo más triste es que el dinero que debería ocuparse para beneficio de la población simple y sencillamente se está esfumando”, advirtió Muna Dora Buchahin.
De igual forma, con miras a su reelección, cesó a Claudia Bazúa Witte de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, una de las áreas más importantes de la entidad revisora. Bazúa Witte, designada el 17 de noviembre de 2021 para sustituir a Gerardo Lozano Dubernard, quien a su vez había renunciado a la auditoría especial de cumplimiento financiero, en protesta por los cambios realizados por Colmenares al reglamento de la ASF, según dio a conocer La Jornada.
La misma información señala cómo legisladores de la Comisión de Vigilancia y auditores despedidos han denunciado cómo Colmenares concentró atribuciones y modificó, en agosto de 2021, el reglamento interior para que sólo el auditor especial de seguimiento, Nemesio Ibáñez, cercano a él, interpusiera las denuncias penales. Ese cambio provocó que en marzo de 2022 el propio Ibáñez reconociera ante diputados el rezago de las cuentas 2017 a 2019, con montos por aclarar de 110 mil 388 millones de pesos.
