Los asesinatos de alcaldes en México son una herida abierta de la que poco se habla, pero que se ha repetido una y otra vez en los últimos cinco sexenios. Un recuento realizado por SinEmbargo, permitió identificar al menos 115 homicidios dolosos de presidentes municipales entre 2003 y 2025.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Los asesinatos de alcaldes en México han sido una historia que se repite en sexenios y que no solo ha atravesado territorios, sobre todo en aquellos con mayores pugnas del crimen organizado, sino que también a todos los partidos.
Esta violencia política alcanzó niveles críticos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se registraron los periodos más sangrientos para quienes ocupan las presidencias municipales, uno de los cargos más vulnerables dentro del sistema político.
El asesinato contra el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez –ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en plena plaza principa– es el capítulo más reciente de esta historia trágica que lleva consumados desde hace al menos dos décadas.
Su muerte generó indignación social, pues el Alcalde había denunciado constantemente amenazas del crimen y había solicitado seguridad a la Presidenta Claudia Sheinbaum. El edil que llegó por la vía independiente con más de un 60 por ciento de aprobación, generó protestas y clamor genuino social, pero también fue utilizada por sectores de la derecha para recrudecer y alimentar su narrativa sobre la violencia en el país.
Sin embargo, lo que omiten esos partidos que hoy politizan este homicidio, es que en las últimas dos décadas hubo al menos 114 alcaldes asesinados a lo largo y ancho de México; y tan sólo en Michoacán —uno de los estados más peligrosos para cualquier autoridad local— ya suman 20 casos desde 2005.
Un recuento realizado por SinEmbargo, con base en una revisión de fuentes hemerográficas, informes como “Votar entre Balas”de Data Cívica, así como en la verificación individual de casos reportados en la prensa en las últimas dos décadas, permitió identificar estos 115 homicidios dolosos de presidentes municipales entre 2003 y 2025.
El primer caso identificado en este recuento ocurrió el 19 de octubre de 2003, cuando el Alcalde priista de Petlalcingo, Puebla, Jorge Vergara Tapia, fue asesinado por la espalda en el barrio San Gabriel, de acuerdo con reportes hemerográficos que documentaron que el Edil acudió a la casa de su cónyuge acompañado de un policía municipal.
Tras este crimen vinieron otros cuatro durante el mismo sexenio de Vicente Fox: el homicidio de Fernando Chávez López, Alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, ocurrido el 8 de julio de 2005; el de Neguib Tadeo Manríque Madariaga, Alcalde priista de Ixtepec, Oaxaca, quien perdió la vida durante un enfrentamiento registrado el 13 de enero de 2006; el asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal panista de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, ocurrido el 15 de julio de ese mismo año; y el caso de Walter Herrera Ramírez, de Huimanguillo, Tabasco, asesinado el 16 de noviembre de 2006 en la recta final, a casi unes de concluir del gobierno foxista.
Las cifras muestran que estos asesinatos comenzaron a repuntar justamente en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se encendió la mecha de la violencia con la declaración de la guerra contra las organizaciones criminales.
Fue en esa gestión calderonista cuando los asesinatos de alcaldes (36 en total) se dispararon un 620 por ciento, en contraste con los cinco registrados con su antecesor Vicente Fox.
Dicha violencia alcanzó su punto más álgido en el periodo del priista Enrique Peña Nieto, cuando fueron asesinados al menos 38 alcaldes, lo que convierte su administración en la más letal para estas autoridades locales.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, se registraron 25 homicidios de alcaldes, mientras que en el arranque de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, la cifra asciende a 11 asesinatos en poco más de un año.
Si la mirada se concentra en los años individuales y no en los sexenios, el más violento para los alcaldes fue 2010, cuando fueron asesinados 16 presidentes municipales, seguido por 2018, que cerró con un total de 10 homicidios.
En el resto de los años la distribución evidencia que esta violencia nunca dejó de existir, pues se registró un asesinato en 2003, uno en 2005, tres en 2006, cuatro en 2008, seis en 2009, siete en 2011, tres en 2012, nueve en 2013, dos en 2014, dos en 2015, seis en 2016, nueve en 2017, diez en 2018, siete en 2019, dos en 2020, dos en 2021, ocho en 2022, uno en 2023, ocho en 2024 y ocho más en lo que va de 2025, año que aún tiene mes y medio pendiente para concluir.
El recuento muestra además un patrón de género marcado, pues de los 115 alcaldes asesinados, 106 eran hombres y nueve eran mujeres.
Los asesinatos de alcaldesas comenzaron en 2012, precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando ocurrió el primer caso documentado contra una mujer presidenta municipal. Se trató de Marisol Mora Cuevas, Alcaldesa panista de Tlacojalpan, Veracruz, quien fue secuestrada el 25 de junio de 2012 cuando regresaba de Coatzacoalcos después de acompañar a la entonces candidata presidencial Josefina Vázquez Mota en su cierre regional de campaña por esa región. Dos días después, el cuerpo de la Edil fue encontrado sin vida.
Luego de este crimen siguieron las muertes de la perredista Gisela Mota Ocampo, Alcaldesa de Temixco, Morelos, asesinada el 2 de enero de 2016; Olga Gabriela Kobel Lara, Alcaldesa de Juárez, Coahuila, asesinada el 10 de diciembre de 2018; Maricela Vallejo Olvera, Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, asesinada el 24 de abril de 2019; Carmela Parral Santos, Alcaldesa de San José Estancia Grande, Oaxaca, asesinada el 16 de agosto de 2019; Florisel Ríos Delfín, Aalcaldesa de Jamapa, Veracruz, asesinada el 10 de noviembre de 2020; Yolanda Sánchez Figueroa, Alcaldesa de Cotija, Michoacán, asesinada el 3 de junio de 2024; Lilia Gema García Soto, Alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada el 15 de junio de 2025; y Martha Laura Mendoza Mendoza, Alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, asesinada el 17 de junio de 2025 por sujetos armados que le dispararon afuera de su domicilio.
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, junto al del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez –ocurrido el lunes 20 de octubre de 2025 en Los Tepetates– volvió a poner en el centro del debate la violencia que no ha dejado de golpear al estado de Michoacán, una entidad donde los grupos criminales, que a lo largo de las décadas han estado en constante mutación, han impuesto por años un ambiente de extorsiones, amenazas y abusos que afecta tanto a la población como a sus autoridades locales.
Las cifras del INEGI difundidas el primero de agosto de 2025 exponen la magnitud del problema en Michoacán, pues entre 2012 y 2024 se registraron en Michoacán 22 mil 196 homicidios contra la población en general, con 2021 como el año más sangriento, cuando bajo el gobierno del perredista Silvano Aureoles se acumularon dos mil 696 asesinatos. Pero en cuanto a la violencia contra los alcaldes, Michoacán suma 20 homicidios desde 2005, con uno durante el gobierno de Vicente Fox, cinco en el sexenio de Felipe Calderón, cinco más en el de Enrique Peña Nieto, seis durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tres en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
A pesar de este contexto, Michoacán no es la entidad más letal para los alcaldes.
Ese lugar lo ocupa Oaxaca, donde el recuento de SinEmbargo identifica 21 alcaldes asesinados en los últimos 20 años, con siete de ellos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, seis durante el de Andrés Manuel López Obrador, cuatro en la administración de Felipe Calderón, tres en lo que va de la actual administración de Claudia Sheinbaum y uno en el sexenio de Vicente Fox.
Los siguientes estados con mayor número de homicidios de presidentes municipales son Guerrero con 12 víctimas, Veracruz con 10, Puebla con 9, Chihuahua con 8, Durango con 6, Jalisco con 4, Hidalgo con 3, Morelos con 3, Coahuila con 3, San Luis Potosí con 3, Chiapas con 3, Estado de México con 3, Nuevo León con 2 y finalmente Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Guanajuato con un caso cada uno.
Hoy, mientras la oposición intenta convertir el asesinato de Carlos Manzo en una bandera política, deja fuera deliberadamente a las otras 114 víctimas que a continuación presentamos en la siguiente tabla.
El estudio Violencia dirigida a funcionarios locales publicado por el Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED), en junio de 2022, explica los funcionarios del gobierno local, incluidos gobernadores, alcaldes, concejales y otros funcionarios públicos, son atacados rutinariamente por una amplia gama de actores armados, desde los carteles que libran guerras territoriales en México hasta las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania.
“Estos ataques se perpetran para restringir, intimidar o castigar a los administradores civiles que supervisan la prestación de servicios, la seguridad pública y otras funciones del gobierno. Sus consecuencias incluyen socavar la cohesión social y desalentar la participación en la vida pública en las comunidades afectadas”, destaca el amplio estudio, el cual hizo un seguimiento de hechos de violencia contra representantes locales del gobierno en cerca de 100 países, con estudios de caso en México, Brasil y otros cuatro países de todo el mundo.
El informe además explica que “en todo el mundo, los funcionarios locales son blanco rutinario de la violencia. Los gobernadores, alcaldes, concejales y funcionarios locales son atacados por una amplia gama de agentes violentos, como estados, insurgentes, milicias, grupos criminales, turbas y manifestantes. Estos ataques se perpetran para restringir, intimidar o castigar a los administradores civiles que supervisan la prestación de servicios, la seguridad pública y otras funciones del gobierno local. Sus consecuencias incluyen socavar la cohesión social y desalentar la participación en la vida pública en las comunidades afectadas”.
Según el informe, ambos países latinoamericanos superaron el promedio global de agresiones intencionadas contra funcionarios públicos con resultados fatales o lesiones personales. En México y Brasil, el 62 por ciento de los ataques se calificaron como "directos", lo que incluye actos como tiroteos o golpizas, en comparación con el 50 por ciento a nivel global. Los ataques no directos, como las revueltas públicas, representaron el resto de los hechos estudiados.
Between January and May 2023, ACLED records over 100 incidents of violence targeting local government officials in #Mexico, marking a 32% increase compared to the same time period in 2022. pic.twitter.com/WGMkb7tjnw
— ACLED (@ACLEDINFO) July 6, 2023
Los grupos criminales pueden influir en las elecciones aumentando la violencia, que trae como consecuencia una disminución en la participación, mientras protegen a los candidatos titulares con los que tienen acuerdos. También han utilizado la violencia para intimidar a los trabajadores electorales y han asesinado a candidatos que consideran una amenaza para sus intereses.
A nivel global, el conflicto político armado fue un factor común de violencia contra los funcionarios de gobierno, pero fuera de las zonas de guerra, el crimen organizado fue un responsable común, aunque con excepciones. Al respecto incluso el laboratorio Insign Crimen analizó que los grupos de delincuencia organizada suelen aumentar la violencia contra los políticos en el periodo previo a las elecciones, según el informe. Pero en algunas regiones de México con una presencia particularmente fuerte del crimen organizado, los grupos pueden ejercer tanto poder que la violencia ya no es necesaria para coaccionar.
