La defensa de Lozoya sostuvo que el acuerdo de Ancira para cubrir 216 millones de dólares debía eximirlo de culpa, pero el tribunal lo rechazó.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Un tribunal federal de apelación rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y ordenó que siga adelante el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.
La resolución fue emitida por el Magistrado Ezequiel Altamirano Roches, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quien ratificó que el exdirector de Pemex no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
La defensa de Lozoya había sostenido que, dado que Ancira se comprometió a pagar 216 millones de dólares a Pemex como reparación del daño, el exfuncionario debía quedar exento de responsabilidad.
Sin embargo, el tribunal explicó que los acuerdos reparatorios sólo aplican a quien los firma y no benefician a otros acusados, además de que el daño a Pemex sigue pendiente porque Alonso Ancira únicamente ha pagado unos 110 millones de dólares en dos entregas.
El Magistrado señaló que suspender el proceso sin que Emilio Lozoya firme su propio acuerdo de reparación dejaría en indefensión a las víctimas, en este caso Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Con esta decisión queda firme la resolución del 25 de marzo de 2024, que ordenó reanudar el procedimiento y celebrar la audiencia intermedia dentro de la causa penal 211/2019.
En esa etapa, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá acusar formalmente a Lozoya por lavado de dinero. Según la dependencia federal, el exdirector de Pemex recibió un soborno de 3.4 millones de dólares de Alonso Ancira para facilitar la compra de la planta de Agronitrogenados por 275 millones de dólares.
El dinero habría sido usado para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México (CdMx), valuada en más de 38 millones de pesos.
Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso sobre el decomiso de esa casa, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si Lozoya pierde definitivamente el inmueble.
La Corte resolvió, con ocho votos en contra y uno a favor, no revisar la legalidad del decomiso, lo que mantiene vigente la premisa de que la propiedad fue adquirida con recursos presuntamente ligados al lavado de dinero durante su gestión en Pemex.
La decisión del tribunal representa un nuevo revés para Lozoya, quien durante más de dos años logró frenar la audiencia intermedia con recursos legales. Ahora, con el amparo rechazado, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, donde se definirá su responsabilidad.
