En 2025 Guanajuato registró menos de 3 mil homicidios dolosos, no había estado por debajo de esa cifra desde 2017, pero aún se ubicó como el estado con más asesinatos en el país.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Guanajuato sumó en una década 30 mil asesinatos. Diez años en los que gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) implementaron políticas y nombramientos fallidos en áreas clave, por lo que la entidad padeció un proceso de deterioro social y niveles récord de violencia.
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las cifras del Secretariado Ejecutivo y ubicó que Guanajuato cerró 2025 con 2 mil 539 víctimas de homicidio doloso. Con esto, por primera vez desde 2017 la entidad del Bajío tuvo menos de 3 mil asesinatos. En comparación con 2024, se tuvo una baja de 19 por ciento en estos crímenes.
Sin embargo, como ha ocurrido desde 2018 Guanajuato apareció como la entidad con más asesinatos en el país, en números absolutos, concentrando el 10 por ciento de los homicidios a nivel nacional. En segundo lugar en el conteo se ubicó Chihuahua, otra entidad gobernada por el panismo, con mil 791 homicidios dolosos.
¿Y en qué momento se descompuso la situación en territorio guanajuatense?
En la siguiente gráfica se observa cómo en 2015 esta entidad registró 975 víctimas de asesinatos. Al siguiente año fueron 1,110, luego mil 435 en 2017 y la cifra se disparó en 2018, con más de 3 mil homicidios al finalizar el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez:
La tendencia creciente de asesinatos siguió con el gobierno del también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Durante su mandato se tuvo el año más sangriento en la historia de Guanajuato, el 2020, cuando en medio de la pandemia de COVID esta entidad sumó 4 mil 490 víctimas de homicidio doloso.
En cuanto a feminicidios en Guanajuato, el Secretariado Ejecutivo contabilizó 181 entre 2017 y noviembre en 2025, con un pico en 2021, de 34 casos:
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es otra fuente de datos para visualizar los homicidios en el país. Este organismo tiene como principal fuente de información los certificados y actas de defunción de los servicios médicos forenses, a diferencia del Secretariado, que sólo se alimenta con los datos que colocan las fiscalías estatales en las carpetas de investigación. Sus cifras suelen ser más altas por esa razón, y porque además no distingue entre homicidios dolosos y homicidios culposos, o feminicidios, como lo hace el Secretariado.
En el conteo del Instituto, Guanajuato sumó 33 mil 124 homicidios entre 2015 y 2024 (el INEGI aún no tiene cifras sobre 2025). Si se consideran los casos desde que gobierna el PAN la entidad, 1991, son 41 mil 758 asesinatos:
Oliva, Márquez y Sinhue, los responsables
Consultado por SinEmbargo, el investigador y especialista en temas de seguridad y prevención de violencia, Saúl Arellano, señaló que la situación de Guanajuato comenzó a deteriorarse desde el gobierno de Juan Manuel Oliva (2006-2012), el problema se agudizó durante el mandato de Miguel Márquez Márquez (2012-2018) y alcanzó su peor momento durante la administración de Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo (2018-2024).
“La descomposición fue muy gradual. Ha sido una descomposición que a mi juicio fue generando efectos acumulados negativos. El problema real empezó con Juan Manuel Oliva, que inicia su gobierno y él nombra como fiscal a Zamarripa. En ese momento Guanajuato había mantenido décadas, y cuando hablo de décadas hablo del 80 al 2000, hasta el 2005 de hecho, donde el promedio era de 250, o de 350 homicidios. Cuando llega Juan Manuel Oliva, ahí se descompone la cosa. Porque no hubo un año a partir de su gobierno en que Guanajuato no registrara un incremento sostenido de homicidios intencionales en la entidad”, apuntó el investigador.
“Si pensamos en términos de periodos sexenales, el gobierno que terminó apenas hace un año, de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha sido el peor gobernador del país, en términos de números absolutos de homicidios.
Diego Sinhue en este momento debería ser al menos, si no investigado, al menos ser citado a declarar sobre qué ocurrió en el estado. No puede ser que el gobernador haya estado con los ojos cerrados todo el tiempo, simplemente diciendo ‘pues eso lo ve el aparato de seguridad, a mí ni me pregunten’, no puedes evadir esa responsabilidad política tan grande de ser el gobernador con el mayor número de muertos en la historia del país. No estamos hablando de cosas menores, y en ese sentido me parece que el exgobernador tiene una enorme responsabilidad”, agregó.
Aún con el deterioro en una entidad que gobiernan desde hace 34 años, y con el antecedente de que a nivel federal uno de sus secretarios de Seguridad, Genaro García Luna, fue sentenciado por trabajar para el narcotráfico, el PAN ha sido un crítico constante de la estrategia de seguridad de las administraciones morenistas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, incluso señalando un supuesto pacto con el crimen organizado, sin presentar alguna prueba al respecto.
Desde la perspectiva del investigador Saúl Arellano, el PAN no tiene ninguna excusa y debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido en Guanajuato, ya que permitió el crecimiento de organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
“Lo que vemos es que el Partido Acción Nacional por supuesto que es totalmente responsable de esta debacle en el estado. Porque además no sólamente gobierna la entidad, sino que gobierna el mayor número de municipios en la entidad. Los ha gobernado históricamente. Y no sólo los municipios en general, sino los más poblados. León, Salamanca, Irapuato. Han sido históricamente gobernados por Acción Nacional”, dijo el investigador.
“Si hubiese sido un estado insisto como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, donde hay presencia histórica de los cárteles, operando y controlando territorios desde la década de los 70, si dirías que es un problema más de la federación que del estado, pero aquí insisto, te surgió un cártel literalmente en la cara. Entonces el PAN no tiene ningún pretexto para decir ‘yo no tengo responsabilidad’, agregó.
Entre las fallas señaladas al panismo en Guanajuato está el haber mantenido como fiscal durante más de 15 años a Carlos Zamaripa Aguirre, y durante 12 años entre 2012 y 2024 como secretario de Seguridad a Alvar Cabeza de Vaca Appendini, pese a su falta de resultados para acabar con la impunidad y frenar la violencia en la entidad.
El medio de Guanajuato PopLab.mx relató en este texto que la gestión de Alvar Cabeza de Vaca Appendini estuvo marcada por la falta de resultados en seguridad, abusos de la policía local que derivaron en 363 expedientes de queja de la Procuraduría estatal de Derechos Humanos, infiltración del crimen en los cuerpos de seguridad y falta de coordinación con el gobierno federal, necesaria para enfrentar a cárteles como Santa Rosa de Lima, Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, y a redes de tráfico de combustible o huachicol.
Hace una década, en 2015, el INEGI ubicó que en Guanajuato un 60.7 por ciento de la población en Guanajuato consideró la inseguridad como el principal problema en la entidad, y para 2025, este indicador subió a 71.5 por ciento.
La actual gobernadora de Guanajuato, la también panista Libia Denisse García, ha destacado la reducción de homicidios en 2025, sin embargo, medios locales alertaron que en el inicio de este año se dieron hechos como el hallazgo de al menos cinco fosas clandestinas en municipios de Guanajuato, y el asesinato de seis personas en Valle de Santiago, entre ellas dos menores de edad.
Desigualdad y carencias en Guanajuato
Entre las 32 entidades Guanajuato es la quinta economía del país, según su aportación de Producto Interno Bruto, sólo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.
Está entre los 10 estados con más inversión extranjera directa, y registró en 2024 exportaciones a Estados Unidos por más de 12 mil millones de dólares. Sus principales productos de exportación son las autopartes y accesorios de vehículos, cables eléctricos y calzado, según datos de la Secretaría de Economía.
Guanajuato tiene riqueza, corredores industriales, turismo, pero los beneficios no fluyen de forma equitativa. Según la medición más reciente del INEGI, se pasó de un 39.4 por ciento de la población en pobreza en 2016 a un 26 por ciento o una cuarta parte de su población en esa condición en 2024. En pobreza extrema, un 1.7 por ciento.
En comparación, Nuevo León se ubicó con 10.6 por ciento de población en pobreza, Jalisco con 18.6 y Ciudad de México con 19.7 por ciento.
La carencia de acceso a los servicios de salud creció de 13.4 por ciento en 2016 a 33.7 por ciento -con Guanajuato negándose a aceptar hasta ahora el programa IMSS-Bienestar para la gente sin seguridad social-, y un 46 por ciento de su población en 2024 carecía de acceso a la seguridad social.
La falta de oportunidades laborales llevó a que esta entidad alcanzara el primer lugar nacional como entidad expulsora de migrantes, según un análisis que presentó el gobierno federal. En 2020, de acuerdo con datos de Conapo, un 8.75 por ciento de las viviendas en Guanajuato recibía remesas, en algunos municipios, como Tarandacuao, Ocampo y Jerécuaro, el indicador superó el 20 por ciento.
De ese modo, Guanajuato se ubicó hasta 2024 a la par de Michoacán como uno de los dos estados con mayor ingreso por remesas, superando los 5 mil 600 millones de dólares, aunque con el costo de que integrantes de familias tuvieron que dejar su país y desplazarse a Estados Unidos, para obtener ingresos.
Estas carencias sociales y desigualdades generadas por el modelo neoliberal fueron subrayadas en enero de 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum como causas de la violencia en Guanajuato:
“Es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato”, señaló la mandataria.“Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas; sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse”.
Antes, en septiembre de 2024, la entonces Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, también apuntó que el modelo económico neoliberal, la precarización de las condiciones laborales y la concentración de la riqueza en un corredor industrial deterioraron el tejido social en Guanajuato, y facilitaron el crecimiento del crimen.
“(Guanajuato) ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas.
De 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por ‘el Yunque’”, dijo la funcionaria.
“El modelo neoliberal se evidencia en la concentración de la riqueza sin impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ya que ocho de sus 46 municipios, ubicados en el corredor industrial concentran casi el 60 por ciento de los pobres en Guanajuato. Sólo por dar un ejemplo, el pujante municipio de León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema”, agregó.
Rosa Icela Rodríguez también mencionó una encuesta especial que realizó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) sobre consumo de sustancias psicoactivas aplicada a mil 66 trabajadores a las entradas de las fábricas del corredor industrial Celaya-León.
Con ella, dijo, se pudo establecer que el 51 por ciento de los trabajadores conoció a alguien que consumía drogas.
“El impacto negativo del consumo principalmente de metanfetaminas se da entre trabajadores que buscan mejorar su rendimiento ante las largas jornadas laborales… el 26 por ciento de los trabajadores de la industria de este corredor industrial de la industria manufacturera han consumido sustancias alguna vez en su vida y 54 por ciento externó que conseguir drogas en su entorno es muy fácil”.
Para el investigador Saúl Arellano, si bien la pobreza y la desigualdad pueden influir en el nivel de inseguridad en un estado, hay otros factores clave en el análisis de la violencia homicida y el comportamiento del crimen organizado, como el nivel poblacional de las distintas ciudades o municipios de una entidad, su ubicación geográfica y sus actividades económicas. Además de considerar el nivel de efectividad de los programas o acciones de seguridad que apliquen los gobiernos, y su capacidad de prevenir la corrupción en sus fuerzas de seguridad.
De acuerdo con estudios del investigador, hay evidencia de que estados como Guanajuato o Michoacán, con un nivel alto de inversión extranjera, exportaciones y remesas, también son los que sufren más el impacto del crimen organizado.
“Los estados con más inversión extranjera directa y mayor cantidad de exportaciones, son los estados que concentran el mayor número absoluto y las mayores tasas de homicidios en el país, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte, y la muerte asociada al crimen, siguen al dinero, no a la pobreza”, refirió.
