Asunción, 8 Feb (Notimex).- El presidente del Colegio de Abogados de Paraguay, Oscar Paciello, afirmó hoy que desde el gobierno del presidente Fernando Lugo se orquesta un plan para impulsar un quiebre del estado de derecho, aprovechando la crisis en el campo.
Paciello se refirió al conflicto actual entre campesinos sin tierras que están amenazando invadir grandes extensiones de tierras explotadas en la zona de Ñacunday, departamento Alto Paraná, con presunto apoyo de autoridades.
En declaraciones a una radioemisora capitalina, el dirigente aseveró que el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de las órdenes de desalojo emanadas de la justicia, una de las cuales data del 19 de diciembre del año pasado, “ya merece un castigo penal”.
“Acá hay una intención bien planificada de llevar adelante un quiebre”, manifestó el profesional, quien anunció que el Colegio de Abogados emitirá un comunicado formal este fin de semana condenando la irregular actuación de la Policía ante los invasores campesinos.
Responsabilizó a Lugo de los constantes ataques a los propietarios productores del Alto Paraná, una región limítrofe con Brasil, donde están afincados colonos brasileños o de doble nacionalidad, brasileño-paraguaya.
Ellos han realizado importantes inversiones en la explotación agrícola y ganadera desde hace décadas y ahora los sin tierras, con evidente apoyo de Lugo y su gobierno, cuestionan el origen de la propiedad de esos inmuebles, que consideran “fiscales”, dijo.
“Es lamentable el ataque a los organismos de producción de este país, alguien está manipulando las cosas para que el proceso democrático no se complete”, recalcó, y agregó que se quiere imitar modelos totalitarios como el de Hugo Chávez, en Venezuela.
Mientras, la Policía paraguaya anunció que este miércoles se ejecutó un desalojo en Ñacunday, pero el abogado del Grupo Favero, una de las empresas agrícolas sojeras, denunció que todo se trató de “una burla, una verdadera farsa”.
Unos dos mil sin tierras, que se hallan desde meses atrás hostigando a los colonos y amenazando con nuevas ocupaciones ilegales, se instalan en un camino bajo torres de tendido eléctrico de alta tensión, consideradas “franja de dominio”, de 50 metros de ancho.
