Aunque desde los primeros días de mayo de 2011, el conductor Carlos Loret de Mola reveló que el gabinete de Ángel Heladio Aguirre Rivero era integrado por varios miembros de su familia, no fue sino hasta un año después cuando Televisa y TV Azteca comenzaron sus ataques hacia el mandatario perredista que por fin dobló las manos y realizó varios cambios en su equipo.
La campaña de la televisoras fue breve pero efectiva. Entre el 4 y el 10 de mayo, Televisa y TV Azteca publicaron en sus noticieros estelares reportajes en los que denunciaban a Aguirre Rivero de “nepotismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos”. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean no actuaron solas. Detrás de las televisoras estuvo el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien apareció en varios reportajes haciendo denuncias y acusaciones contra el actual gobernador.
En entrevista con la agencia Apro, el gobernador demandó al duopolio demostrar con pruebas sus acusaciones y aseguró que la campaña mediática de descalificación era producto de la molestia de “un empresario” a quien no se le asignó un contrato para instalar 600 cámaras de vigilancia en el puerto, un proyecto parte de la Operación Guerrero Seguro para el cual el gobierno federal destinó 300 millones de pesos. Sin embargo, la presión terminó por doblar al mandatario quien se vio obligado a despedir a más de 20 familiares suyos que formaban parte de la nómina.
La relación entre los dueños de las televisoras y el gobernador guerrerense no siempre fue mala. En septiembre del 2011, Salinas Pliego y Aguirre Rivero firmaron un convenio de colaboración para conformar las orquestas filarmónicas Regeneración Azteca y Esperanza Azteca en el puerto de Acapulco. Y en aquel entonces, hace menos de un año, el presidente de Grupo Salinas dijo: “Estoy convencido que la problemática actual se puede superar y Acapulco puede y debe recuperar su lugar como un destino de clase mundial. Las bellezas que hay aquí, la calidad de su gente no se encuentran en cualquier parte, yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo para volver a colocar a Acapulco y a Guerrero en el mapa donde debe estar”.
No es la primera vez que el duopolio televisivo se impone en Guerrero. Entre junio de 1995 y marzo de 1996, Televisa se lanzó contra el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Una diferencia del tipo de cambio de dólares a pesos en el convenio por el “Acafest’95” provocó la ira de Emilio Azcárraga Milmo. Televisa aprovechó la masacre de Aguas Blancas para atacar con todo al priísta obligándolo a pedir licencia definitiva ante el Congreso del Estado para después renunciar a su cargo apenas tres años después de haberlo asumido. El elegido para sustituir a Figueroa fue Ángel Aguirre Rivero.
LOS “AMIGOS” DE AGUIRRE

El gobernador guerrerense no está solo. De su lado está el hombre más rico del mundo: Carlos Slim Helú. En días recientes, el dueño de América Móvil ha visitado el puerto de Acapulco en varias ocasiones con un objetivo muy claro: incrementar la afluencia turística en la zona. Slim está al frente del Comité de Rescate del Acapulco Tradicional, mismo que invertirá 250 millones de dólares para el rescate del puerto. El grupo está también integrado por empresarios como Alejandro Burillo Azcárraga, presidente del Consejo de Grupo Pegaso y encargado de llevar a Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis; Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz; Miguel Rincón Arredondo, de Corporación Durango, uno de los mayores productores de papel corrugado en el país; Antonio Cosío Ariño, director del Grupo Hotelero Las Brisas y dueño de Toallas La Josefina, y Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Empresarial Ángeles, que incluye entre otras empresas a los Hoteles Camino Real, el Grupo Financiero Multiva y el periódico Excélsior.
Además, el dueño de Telmex, a quienes algunos llaman “el nuevo mejor amigo del gobernador”, y sus hermanos ya están adquiriendo inmuebles en el puerto, como el hotel Boca Chica. Lorenzo Zambrano Treviño, presidente de Cementos Mexicanos, es otro de los empresarios que ha sido beneficiado por Aguirre Rivero. A principios de año, Cemex resultó ganadora de la licitación para la construcción del Acabús en la cual participaron otras 12 empresas como Cementos Apasco, Infraestructura Omega 2000 y Gami Ingeniería e Instalaciones. El proyecto costará más de mil 800 millones de pesos y se espera que concluya el próximo año. Pero la cercanía no es gratuita, según algunos medios como La Jornada Guerrero, la relación entre estos millonarios y el mandatario podría tener como trasfondo la intensión de adjudicarse la construcción de la hidroeléctrica “La Parota” y de los proyectos turísticos que ahí se pretende desarrollar.
SEIS MESES DE PESADILLA

Como si no fuera suficiente con los ataques que ha sufrido Aguirre por parte del duopolio televisivo, los primeros seis meses del año no han sido buenos para el gobernador perredista. Según el conteo del diario Reforma, entre enero y junio se han registrado 390 ejecuciones en Guerrero, de las cuales 250 ocurrieron en Acapulco. Apenas el miércoles pasado, el estado que gobierna Aguirre Rivero registró una jornada sangrienta cuando ocho cuerpos fueron hallados en distintos puntos de la entidad, entre ellos dos mujeres, dos pescadores y un decapitado.
Un día después, el jueves 7 de junio, la fiscal regional de la Procuraduría de Justicia del estado, Alicia Díaz González, fue ejecutada cuando llegaba a su domicilio. El clima de violencia tiene nerviosos a los miembros de los cuerpos policiacos de la entidad por lo que en días recientes, policías preventivos y municipales se han manifestado para exigir un incremento a su salario y la mejora de sus condiciones laborales. Miembros de la policía estatal exigen también un aumento salarial y mayores prestaciones o de lo contrario se irán a paro.
Además del aumento de la violencia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, se lanzó contra el gobernador perredista al presentar un proyecto con el que pedía la destitución y la consignación de Ángel Aguirre tras ser acusado de abuso de autoridad al no cumplir una sentencia de amparo que obliga a indemnizar a dueños de terrenos de Punta Diamante. Sin embargo, el ministro Cossío decidió retirar su propuesta luego de que un juzgado federal notificara que las autoridades estatales mostraron un cheque por 55 millones 252 mil 446 pesos con 95 centavos y que fuera entregado como indemnización a los involucrados.
@fhurias1
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