En los últimos cinco años, tanto la violencia en el país y como el crimen organizado se expandieron por gran parte del territorio nacional, mientras que los gobiernos de los tres niveles hicieron un esfuerzo menor por documentar y evaluar los delitos y a los afectados, alerta el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), realizado por México Evalúa con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El IVVI es un estudio realizado por la ONG México Evalúa que hace el recuento de todos los delitos violentos registrados en el país estado por estado, desde 1997 a la fecha. El índice del informe se construye con indicadores de delitos violentos como el homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de auto con violencia.
“En todas las entidades federativas que integran la República Mexicana se han observado aumentos en por lo menos un delito violento en los últimos cinco años. En 27 entidades federativas aumentó el promedio mensual de homicidios de 2007 a la fecha. Sólo disminuyeron en Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En el caso del Estado de México, el homicidio registra una abrupta caída en enero del 2007, que se presume obedece un ajuste en la clasificación del homicidio doloso. En Baja California, la clasificación de homicidio doloso no es consistente en el tiempo. Para algunos años se reporta sólo el homicidio doloso, para otros se reporta tanto el doloso como el culposo. En Tlaxcala no se reportaron homicidios dolosos entre diciembre de 2006 y marzo de 2008”, resume el informe.
En 24 entidades federativas aumentó el promedio mensual de víctimas de secuestro de 2007 a la fecha. Sólo en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y el Distrito Federal se registra un descenso al comparar el promedio mensual de 2011 con respecto al de 2007. En Yucatán no se han reportado secuestros desde enero de 1998; en Veracruz desde julio de 2008, y en Oaxaca desde julio de 2010. En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010. En Tabasco no se reportaron secuestros entre mayo de 1998 y diciembre de 2006. En Tamaulipas no se reportaron secuestros entre enero de 1997 y mayo de 1999, ni entre enero y diciembre de 2004.
En 19 entidades federativas aumentó el número de víctimas de extorsión en los últimos cinco años. Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz son los únicos estados que registran bajas al comparar el promedio mensual de 2011 con el de 2007. En Campeche, Colima, Estado de México, Puebla y Tlaxcala no hay reportes de extorsión para este periodo. Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001, Colima desde diciembre de 1997, el Estado de México desde diciembre de 1999 y Puebla nunca ha reportado este delito al SNSP. En varias entidades hay grandes huecos en los registros. Por ejemplo, en Coahuila no hubo reportes entre enero de 1997 y marzo de 2009; en Quintana Roo entre marzo de 1997 y mayo de 2005; en Tabasco entre enero y diciembre de 2005; en Tamaulipas entre noviembre de 2000 y diciembre de 2001; en Tlaxcala entre enero de 1997 y abril de 2010, ni desde noviembre de 2010; en Yucatán entre enero de 1999 y diciembre de 2005, y en Zacatecas entre febrero de 1998 y enero de 2006.
En 25 entidades aumentó el robo con violencia en los últimos cinco años. Sólo se registran bajas en Baja California Sur, Distrito Federal y Tlaxcala. En Oaxaca, Tabasco y Yucatán no hay reportes de robo de auto con violencia para este periodo. Oaxaca no ha reportado robos de auto con violencia desde noviembre de 2001; Tabasco desde enero de 1999, y Yucatán desde septiembre de 1997. En Colima no se ha reportado este delito desde enero de 2009. En Baja California no se reportaron robos de auto con violencia entre enero de 2004 y diciembre de 2008; en Baja California Sur entre enero de 1997 y abril de 2005; en Durango entre julio de 2005 y junio de 2007, y en Tamaulipas ente enero de 2000 y diciembre de 2008.
“Actualmente, las autoridades de todos los niveles de gobierno están limitadas para poner en marcha estrategias eficientes debido a las debilidades de la información en las que se basan sus diagnósticos. Por lo anterior, se recomendaría que éstas hicieran esfuerzos por dimensionar el fenómeno delictivo a través de mecanismos, como las encuestas de victimización que impulsó en nuestro país el ICESI, que fueran representativas no solamente a nivel estatal, sino también a nivel ciudad. Con base en esta información se podría tener un panorama más cercano a la realidad local. Si todas las entidades federativas realizan este esfuerzo, sin duda el gobierno federal estaría en mejor posición de generar estrategias más exitosas”, señala.
“La información expuesta en este documento nos permite observar que el crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y que, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras. A pesar de esta problemática, la evidencia muestra que las autoridades no han llevado a cabo esfuerzos suficientes para dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo, ni en términos de delitos ni en el de víctimas”, indica.
“Las cifras presentadas en este documento nos confirman que, en nuestro país, cada vez más personas se convierten en víctimas del crimen violento. Basta ver la evolución de las denuncias de delitos violentos reportadas por los Ministerios Públicos al SNSP: el homicidio, el secuestro y el robo con violencia empezaron a crecer aceleradamente entre 2006 y 2007 y la extorsión, que ya mostraba una tendencia ascendente desde los años noventa, se disparó a mediados de 2007”, agrega.
Una de las particularidades del estudio, según México Evalúa, es que se centra en las víctimas, no sólo aquellas afectadas directamente por un acto criminal o violento sino también en los seres cercanos, quienes no quedan exentos de sufrir daños psicológicos o materiales. Estas personas son consideradas como víctimas invisibles, a las que por lo regular las cifras o índices oficiales no contabilizan.
Al principio de la presente administración del Gobierno federal, dice el documento, “el crimen y la violencia se habían caracterizado por concentrarse en determinadas zonas geográficas. No obstante, durante los últimos cinco años, estos fenómenos parecen extenderse a otras regiones. De las catorce entidades que se ubican en las primeras posiciones del ranking del IVVI para 2011, diez se agrupan en tres regiones y cuatro aparentemente no forman parte de ningún grupo”.
“El primer grupo, constituido por los estados que conforman el denominado triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, corresponde a entidades que ocuparon tres de los primeros cinco lugares del ranking del IVVI, tanto en 2010 como en 2011. El segundo grupo, integrado por Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, se refiere a entidades que se ubicaron por encima del IVVI Nacional, tanto en 2010 como en 2011. En el tercer grupo, en donde se ubican Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, se caracteriza por situarse por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo son cuatro entidades que se ubican por encima del IVVI nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices de víctimas visibles e invisibles altos. Tres de estas entidades cuentan con litoral y una, además, se ubica en la frontera norte del país”, señala.
“Aunque todavía existen lugares en los que se concentra la mayor parte del crimen y la violencia, las entidades con un IVVI alto parecen estar contagiando estados que anteriormente registraban pocas víctimas. Tal es el caso de Aguascalientes, Nuevo León y Colima. En 2010, las tres entidades mencionadas se situaban en la parte baja del ranking del IVVI. Sin embargo, en 2011, dos se ubicaron por encima del IVVI Nacional y uno apenas dos posiciones abajo del mismo. Lo que llama la atención del caso de Nuevo León y Colima es que se trata de entidades que colindan con estados con historia de alta violencia, y que Aguascalientes se ubique justo en el centro de los tres grupos geográficos mencionados anteriormente”, abunda.
Otro de los hallazgos que más sorprende es que, a pesar de que estamos viviendo una crisis de seguridad, no se han observado muchos esfuerzos por parte de las autoridades para medir adecuadamente el fenómeno delictivo. De hecho hay entidades que no han reportado al SNSP la información de denuncias de delitos violentos que se miden en el IVVI:
En Baja California hay problemas con la información de homicidio y de robo de auto con violencia. En el caso de homicidio, los reportes del SNSP de 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011 sólo incluyen homicidios dolosos y, en los años 1998, 2002 y 2007, reportan tanto homicidios dolosos como culposos.
Por otro lado, aparentemente los registros de robo con violencia disminuyeron. La baja en los registros puede obedecer a un cambio de clasificación en los robos de auto.
De acuerdo a las estadísticas del SNSP, entre enero de 1998 y diciembre de 2003, todos los robos de auto se cometieron usando la violencia. En contraste, entre enero de 2004 y diciembre de 2008, todos los autos fueron robados sin hacer uso de violencia. A partir de enero de 2009, se empieza a distinguir entre uno y otro tipo de robo. La gran mayoría se comete sin violencia.
• Baja California Sur no reportó robos de auto con violencia entre enero de 1997 y abril de 2005.
• Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001.
• En Coahuila no hubo reportes de extorsión entre enero de 1997 y marzo de 2009.
• Colima no ha entregado información sobre extorsiones desde diciembre de 2007, ni de robo de auto con violencia desde enero de 2009.
• Durango no reportó robos de auto con violencia entre julio de 2005 y junio de 2007.
• El Estado de México no ha reportado extorsiones desde diciembre de 2009. Asimismo, las cifras de homicidio doloso reportadas a partir de enero de 2007 parecen no seguir la misma clasificación utilizada previamente.
• En Michoacán no se reportaron robos con violencia entre julio de 1998 y diciembre de 1999.
• En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010.
• Oaxaca no ha reportado secuestros desde julio de 2010, ni robos de auto con violencia desde noviembre de 2001.
• En Puebla no se reportaron extorsiones en todo el periodo de análisis.
• En Quintana Roo no hubo reportes de extorsión entre marzo de 1997 y mayo de 2005.
• Tabasco no ha reportado robos de auto con violencia desde enero de 1999. Además, no se reportaron secuestros entre mayo de 1998 y diciembre de 2006. Tampoco reportó extorsiones entre enero y diciembre de 2005.
• En Tamaulipas no se reportaron secuestros entre enero de 1997 y mayo de 1999, ni entre enero y diciembre de 2004. Tampoco reportaron extorsiones entre noviembre de 2000 y diciembre de 2001, ni robos de auto con violencia entre enero de 2000 y diciembre de 2008.
• Tlaxcala no reportó homicidios dolosos entre diciembre de 2006 y marzo de 2008. Tampoco envió registros de extorsiones para el periodo comprendido entre enero de 1997 y abril de 2010, ni las que pudieron haber ocurrido desde noviembre de 2010.
• Veracruz no ha reportado secuestros desde julio de 2008.
• Yucatán no ha reportado secuestros desde enero de 1998, ni robos de auto con violencia desde septiembre de 1997. Además, no reportó extorsiones entre enero de 1999 y diciembre de 2005.
• Zacatecas no reportó extorsiones entre febrero de 1998 y enero de 2006. Adicionalmente al problema de medición de delitos y víctimas directas o visibles, las autoridades no han puesto mucha atención en el dimensionamiento de las afectaciones a las personas. No lo han hecho en el caso de las víctimas visibles y mucho menos cuando se trata de las víctimas invisibles.
El documento pretende dibujar la evolución en el número de víctimas visibles e invisibles. Es un acercamiento que, por supuesto, tiene muchas áreas de mejora, pero que al brindar un panorama de largo, mediano y corto plazo, permite poner en la mesa de debate un tema tan importante como el del adecuado dimensionamiento de los efectos del crimen y la violencia en la población.
Este panorama delictivo, en el que la violencia que anteriormente se concentraba en algunas entidades federativas parece extenderse a otros estados, nos habla de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las autoridades de los tres niveles de gobierno así como de establecer mecanismos de combate al delito que inhiban la violencia y, por tanto, el daño a las víctimas visibles e invisibles.Estos mecanismos tendrán mayores posibilidades de ser exitosos si los diagnósticos sobre el fenómeno delictivo y de sus efectos se acercan más a la realidad.
Es fundamental que los gobiernos locales generen mejor información sobre la incidencia y prevalencia delictivas, pues la única forma de conocer realmente el problema es midiéndolo. Esta información también es necesaria para saber quiénes son los afectados y en dónde están. Lo anterior permite a las autoridades asignar mejor los recursos para su atención de forma que se minimice el daño causado por el crimen.
