En un escenario de prohibiciones y logros absurdos por parte de las autoridades, el estado de Coahuila atraviesa una de las crisis más graves en materia de seguridad pública debido a los enfrentamientos armados que tienen lugar en su territorio.
Luego de ser una entidad en la que los casinos eran unos de los negocios más prósperos, los propietarios de este tipo de establecimientos, al igual que aquellos que son propietarios de bares o centros nocturnos se enfrentan ahora a una política de cero tolerancia impulsada por el el gobernador del estado, Rubén Moreira Váldez, así como por los alcaldes de las ciudades más importantes de Coahuila.
Tanto Jericó Abramo Maso en Saltillo, como Eduardo Olmos Castro en Torreón han apoyado las medidas del gobierno para clausurar casinos, table dance y bares, mientras que sus ciudades al igual que los 36 municipios restantes se han convertido en el escenario de cruentos enfrentamientos entre grupos delictivos y autoridades militares y policiales. Irónicamente cuando se supone que estas leyes apuntan hacia la disminución del crimen entre la población.
Precisamente el día de ayer, el Congreso del Estado aprobó por mayoría, una iniciativa de decreto en el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado y cuyo objetivo es prohibir la autorización de uso de suelo y de licencia de construcción para casinos, casas de apuestas, juegos de sorteos y similares, según reportó Milenio.
Tan sólo en el Centro Histórico de Saltillo se han clausurado de manera temporal, en algún momento del año, diversos bares en operativos efectuados por la Policía Municipal debido a faltas administrativas y permisos de venta de alcoholes vencidos. No obstante, la ley afecta solo a pequeños establecimientos que no pueden defenderse, mientras que otros se las arreglan para poder seguir funcionando.
En la capital del estado, en el mismo centro de la ciudad, se ha demostrado que hay establecimientos –como aquellos que cuentan con terrazas en su exterior– que operan sin problemas, mientras que otros locales de iguales características fueron cerrados bajo el argumento de que no podían vender bebidas embriagantes en su exterior.
Por otra parte, también el día de ayer, en el corazón de la Comarca Lagunera el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, Mario Toraya dio la sorpresa y, sin explicar razones que soporten su disposición, concedió un par amparos para la reapertura de los casinos Majestic y Crown, de Torreón, justamente en el marco de la ley de prohibición, según informó El Universal.
GRANDES CAPTURAS, PEQUEÑOS DELINCUENTES
Por su parte, las autoridades municipales pretenden demostrar que las medidas que ahora tienen sumido a Coahuila en un estado de conservadurismo son las adecuadas y en verdad arrojan resultados.
Sin embargo, los logros contra el crimen local más allá de quedar a deber, llaman la atención por lo irrisorios que pueden llagar a ser.
El pasado 27 de septiembre, en la capital estatal, fueron detenidos lo que la prensa local llamó "'peligrosos' ladrones de papel higiénico"; un par de sujetos que se dedicaban a robar papel sanitario en las rancherías ubicadas al sur de Saltillo. El hecho pudiera haber pasado desapercibido, a no ser porque las autoridades presumieron la detención de estos hombres mediante las redes sociales de Twitter y Facebook.
En menos de 10 días la situación se volvió a repetir y las burlas y los reclamos a la policía local no se hicieron esperar tras la incautación de barajas de lotería, kilos de frijol y arroz rifados en el tradicional juego de cartas, así como de tres individuos presuntamente responsables.
Las imágenes también fueron subidas a las redes sociales y el Presidente del Consejo Ciudadano, Armando Gutiérrez González, consideró como ridícula la presentación y sanción que recibieron los organizadores por parte de la policía municipal, como si se trataran de "grandes asesinos" o narcotraficantes.
Eso por no hablar de que la capital del estado, al igual que el resto de las ciudades de la entidad, se encuentran bajo un velado estado de sitio debido a la presencia de la delincuencia organizada contra la cual las autoridades no sólo son insuficientes, sino que no están preparadas.
