La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado recientemente su interés por reducir el costo de los procesos electorales en México.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La compactación de la estructura electoral del país y de los organismos de justicia electoral, con la desaparición de los institutos electorales estatales y la supresión de los tribunales electorales locales en cada una de las 32 entidades federativas del país, para crear sólo dos grandes órganos rectores nacionales, significaría un gran ahorro para los contribuyentes. Pero además de evitar el dispendio en los procesos electorales y la duplicidad de funciones, se evitaría que los gobernadores de las entidades federativas y los grupos facciosos de poder regional siguieran influyendo en los procesos electorales y en las resoluciones de la justicia electoral en las entidades federativas del país.
La propuesta de compactar las estructuras electorales en el país está incluida en las iniciativas de reformas constitucionales que el lunes 5 de febrero del 2024 presentó en la Cámara de Diputados el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y podrían ser retomadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que también ha expresado su interés por reducir el costo de los procesos electorales.
Si tomamos como referencia el costo de los comicios de junio del 2024, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), que asumiría las funciones de los 32 instituto electorales estatales significaría, de entrada, un ahorro de por lo menos 27 mil 515 millones de pesos que en el pasado calendario pagaron los gobiernos de las entidades federativas. En tanto que el financiamiento del Instituto Nacional Electoral, de los 6 partidos políticos nacionales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2025, ascendería a 30,749 millones de pesos, gasto muy superior al presupuesto de todo el año de por lo menos cinco entidades del país.
En la iniciativa que el expresidente López Obrador entregó al Congreso en febrero del 2024 se propone la unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y la extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, llevaría a cabo los ejercicios de democracia directa en las consultas públicas que prevén la Constitución y leyes.
Se argumenta en la iniciativa de reformas constitucionales propuestas por López Obrador que “además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral que, como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorba las controversias electorales locales del país”.
CADA AÑO MÁS CAROS
El proceso electoral federal del 2024 les costó a los mexicanos 36 mil 390 millones de pesos, incluyendo los 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos, más 3 mil 623 millones de pesos de subsidio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El incremento entre el 2018 y el 2024 fue de 7,482 millones de pesos, un alza del 25.87 por ciento.
En tanto que el costo de todo el aparato electoral de las 32 entidades de la República, de sus institutos electorales locales, representó 18 mil 679 millones de pesos, a los que se sumaron 8 mil 836 millones de pesos de financiamiento estatal a los partidos políticos. Este financiamiento es adicional al financiamiento que la federación entrega a los partidos políticos que tienen registro nacional, que también cobran subsidio en las entidades federativas.
Los subsidios que las administraciones estatales otorgan a los institutos electorales de cada entidad y a los tribunales electorales locales, les permiten condicionar sus decisiones y regularmente esos organismos que se presumirían imparciales, se inclinan para favorecer al partido en el gobierno y en acatar la voluntad de los mandatarios en turno. Y vemos que estos casos se reitean elección tras elección. Por lo tanto, establecer un órgano electoral nacional, que realice los comicios locales en las 32 entiades federativas, y al mismo tiempo determinar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación sea el único que administre justicia en la materia en toda la República, resolvería de fondo esta distorsión.
Podemos observa que las cinco entidades del país que reciben mayores presupuestos para el financiamiento de sus organismos electorales y de los partidos políticos en el ámbito estatal son Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 30 de diciembre de 2024 el acuerdo que define su presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, por un monto $19,645 millones 790 mil 251 pesos, sin que en él se contemple el financiamiento a los partidos políticos que fue 7,354 millones 266 mil 504 pesos. El monto total de presupuesto del INE y de partidos políticos ascendió en 2025 a 27 mil millones 56 mil 755 pesos.
En 2025 el monto total del financiamiento al Instituto Nacional Electoral, a partidos políticos y al Tribunal Electoral federal, suma 30,749’648,041, un presupuesto que supera por mucho los egresos totales anuales de cinco entidades de la República en el presente calendario.
