El TFJA ha ocultado esta información, al no emitir la Junta de Gobierno y Administración los acuerdos que lo den a conocer, informó una fuente de este Tribunal a este medio. La misma información indica que por cada magistrado amparado, esta junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).–Un grupo de 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una instancia dominada por el PRI y PAN que no fue tocada por la Reforma Judicial, se mantienen en su cargo desde hace años gracias a amparos que les han permitido extender el tiempo de su encargo aún cuando éste ya finalizó, confirmaron fuentes de esta institución.
Uno de ellos es el Magistrado de la Sala Superior Rafael Estrada Sámano, quien el 24 de octubre de 2023 cumplió 75 años, edad de retiro forzoso según la Ley Orgánica del TFJA. Sin embargo, el Magistrado de origen panista promovió un juicio de amparo el pasado 8 de septiembre de 2023 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para evitar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a su reemplazo. Actualmente se mantiene en la Sala Superior.
Estrada Sámano fue Subsecretario del Trabajo con Vicente Fox y en el gobierno de Calderón, su amigo desde la juventud en Michoacán, lo hizo titular del Órgano Interno de Control de la Policía Federal de Genaro García Luna, hasta que Calderón lo propuso como Magistrado de la Séptima Sala Regional Metropolitana y luego Magistrado de la Sala Superior.
Otra fuente del TFJA dijo a SinEmbargo que Ricardo Salgado Perrillat, titular de la unidad de asuntos jurídicos de este Tribunal, es uno de los impulsores de estos amparos. Salgado Perrillat fue director jurídico de la Secretaría de Educación Pública, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Quienes también han recurrido a los amparos son las magistradas María Teresa Martínez García, de la Sala Regional de Guadalajara, y Yolanda García Medina, Magistrada de la Segunda Sala Regional en Baja California, como pudo confirmar otra fuente a SinEmbargo. Las dos magistradas son señaladas en los casos de violencia laboral expuestos por este medio.
Una fuente distinta apuntó que la Magistrada María Teresa Martínez García se mantiene en su cargo aún cuando su nombre apareció en un oficio de no idoneidad emitido por el Ejecutivo federal. Esa misma fuente indicó que están en esa sala regional Fabiola Montes, Sonia Sánchez Flores y Luis Enrique Osuna.
Otros casos corresponden a Martha Gladys Calderón Martínez y Analicia Vega León quienes en diciembre de 2018 fueron propuestas a la Consejería Jurídica por el entonces presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Carlos Chaurand Arzate para permanecer en el cargo. El Ejecutivo no accedió a la petición por lo que tramitaron amparos jueces de distrito en materia administrativa para permanecer en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
En junio de 2024, la Consejería hizo llegar propuestas similares de la Sala Superior del TFJA las cuales fueron rechazadas por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los que figuraban en esa lista de declarados no idóneos, pero que se mantienen en su cargo son: Celina Macías Raygoza, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Alberto Romo García, Luis Edwin Molinar Rohana, Sofía Lorena Pérez Magaña, Rosana Edith de la Peña Adame, María Bárbara Templos Vázquez, José Antonio Rodríguez Martínez, Raúl Guillermo García Apodaca, Ricardo Arteaga Magallón, Genaro Antonio Jiménez Montufar, María Zaragoza Sigler, Sonia Sánchez Flores, Erika Elizabeth Ramm González, Antonio Miranda Morales, Graciela Buenrostro Peña y Héctor Francisco Fernández Cruz.
Todos ellos están en funciones mediante amparos, según pudo conocer SinEmbargo a través de fuentes y documentos.
El TFJA ha ocultado esta información, al no emitir la Junta de Gobierno y Administración los acuerdos que lo den a conocer, informó una fuente de este Tribunal a este medio. La misma información indica que por cada magistrado amparado, esta junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido.
Los responsables por estos actos son los magistrados Guillermo Valls, Carlos Humberto Rosas Franco y Hortensia García Salgado. Así como de quienes integraron esta Junta entre 2024 y 2023 como es el caso de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Zulema Mosri.
El 30 de abril de 2025, por ejemplo, venció el periodo de Luis Enrique Osuna Sánchez, Magistrado de la tercera Sala Regional en Jalisco. En este caso la Junta de Gobierno no ha emitido acuerdo. Osuna Sánchez es cercano a Valls y a Zulema Mosri.
SinEmbargo ha revelado la violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia que se han instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prácticas que de acuerdo con los testimonios consultados no han sido atendidas por la Junta de Gobierno y Administración.
Las quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo, a las que ha tenido acceso este medio, muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales.
La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que ya se piensa en una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante las leyes secundarias en materia judicial que aún faltan por modificarse.
“Tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la Ley de Amparo y otros, para poder reducir los tiempos; y que, en efecto, se cumpla la Constitución para que los juicios no se vayan, como algunos que conocemos, que llevan 18 años sin resolverse. Entonces, eso viene en las siguientes leyes, y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa”, comentó.
