El Gobierno estadounidense ha presionado en los últimos meses y semanas al sector público y a privados para que entreguen información al ICE que pueda llevar a la captura de migrantes: solicitudes de rentas de hogares y datos de servicios médicos, por ejemplo, para cumplir con la agenda radical del Presidente Trump.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno de Donald Trump ha intensificado su cacería de migrantes, que ha sido denunciada por abusos e incluso por detener a residentes legales y ciudadanos de Estados Unidos: al tiempo que le entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información de seguro social de millones de personas para revisar si es posible que no tengan papeles, también presiona a aquellos que rentan propiedades o departamentos a migrantes para así dar con ellos de forma más sencilla.
Los funcionarios del ICE tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país, incluidos domicilios y orígenes étnicos, para rastrear a inmigrantes indocumentados, según un acuerdo obtenido por The Associated Press.
Este servicio es un programa de seguro médico del Gobierno de EU para personas de bajos ingresos, familias y niños, mujeres embarazadas, ancianos, y personas con capacidades diferentes.
La información permitirá a los funcionarios del ICE localizar a extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no se ha anunciado públicamente.
La extraordinaria divulgación de millones de estos datos personales de salud a los funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3 mil personas diariamente.
Legisladores y algunos funcionarios de los servicios médicos han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Se trata de una medida, reportada por primera vez por AP el mes pasado, que, según funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), tenía como objetivo erradicar a las personas inscritas indebidamente en el programa.
Sin embargo, el último acuerdo de intercambio de datos deja claro qué pretenden hacer los funcionarios del ICE con los datos de salud. “El ICE utilizará los datos de los servicios médicos para que pueda recibir información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros identificados por el ICE”, dice el acuerdo.
Estas revelaciones, incluso si no se llegaran a aplicar en el futuro, podrían causar una alarma generalizada entre las personas que buscan atención médica de emergencia para sí mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para combatir la migración en las escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos han hecho que se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso los ciudadanos estadounidenses que temen ser atrapados en una redada.
El mes pasado, los funcionarios del Gobierno de Trump exigieron que el personal de la agencia federal de salud divulgara información de identificación personal sobre millones de beneficiarios de Medicaid de siete estados que permiten que ciudadanos no estadounidenses se inscriban en sus programas completos de Medicaid.
Veinte estados, encabezados por California, demandaron a la administración Trump el 1 de julio después de que funcionarios federales de salud compartieran datos confidenciales sobre beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa la aplicación de las leyes migratorias.
“La administración Trump ha trastocado las protecciones de privacidad establecidas desde hace tiempo con su decisión de compartir ilegalmente datos de salud personales y confidenciales con el ICE”, declaró el Fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado anunciando la demanda.
El ICE va por información de inquilinos
La AP también reportó esta semana que las autoridades migratorias están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, de acuerdo con Eric Teusink, abogado de bienes raíces del área de Atlanta, en Georgia, donde viven miles de mexicanos y de descendientes de mexicanos.
El abogado le dijo a la agencia estadounidense que varios de sus clientes recibieron recientemente citaciones solicitando expedientes completos de sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
Esta cita de dos páginas consultada por AP en exclusiva también solicita información sobre otras personas que convivieron con el inquilino. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un funcionario de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un Juez.
Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, cientos de denuncias contra agentes de migración, incluidos los del ICE, han sido denunciados por llevar a cabo detenciones ilegales de personas sin una orden de aprehensión, sin identificarse como oficiales estadounidenses y por llevar ropa de civil y camionetas sin placas.
Incluso han detenido a ciudadanos estadounidenses –algo que, por ley, no pueden hacer los agentes del ICE– y a migrantes con papeles, y los ha mantenido presos durante días, violando varias leyes locales e incluso la Constitución estadounidense, en un esfuerzo por cumplir con la agenda radical antimigratoria que llevó a Trump al poder de nuevo tras su derrota electoral de 2020 y su condena como delincuente.
Una población vulnerable
Las medidas cada vez más draconianas de Trump ha obligado a migrantes mexicanos y de otros países de Latinoamérica que viven en Estados Unidos a vivir con temor de acudir a sus centros de trabajo. Incluso evitan salir con sus familias a comercios y espacios públicos, todo ello ante el riesgo de ser deportados. Además del impacto en la salud mental de las y los migrantes, la persecución a esta población ha impactado en la economía de ese país y la de México, que registra el menor ingreso de remesas en décadas.
El Presidente estadounidense ha reconocido que las redadas y arrestos del ICE en los centros de trabajo y espacios públicos están afectando sectores como la agricultura, hotelería y el ocio. Por días frenó las detenciones en estos espacios, pero en últimas semanas el Departamento de Seguridad Nacional reviró, y aclaró que las redadas migratorias en campos, hoteles y restaurantes continuarán, como es el caso de lo ocurrido en Camarillo, California.
Zapaterías, tiendas de ropa, tiendas de aperitivos y vendedores ambulantes experimentaron reducción de ventas con un promedio del 70 por ciento, situación que les afecta la habilidad de ganarse la vida, y enviar dinero a sus países de origen.
Y es que al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del ICE entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025; es decir, que en promedio, casi nueve migrantes mueren cada año dentro del sistema de detención migratoria estadounidense, de acuerdo con los datos oficiales alojados en el reporte de muertes de detenidos emitido por esta agencia.
–Con información de La Opinión.
