La Senadora Lilly Téllez ha intensificado en medios de EU la narrativa de que en México hay un “narco gobierno”. Sin embargo, no ha hablado de los múltiples casos de panistas vinculados con el crimen organizado. Desde Genaro García Luna, sentenciado en EU, hasta alcaldes, candidatos y legisladores del PAN relacionados con cárteles, varios han sido investigados y condenados por narcotráfico o complicidad.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El PAN ha mantenido su discurso como oposición mediante las acusaciones a Morena de ser un “narcopartido”, aún cuando dentro del mismo Acción Nacional proliferan casos de miembros vinculados directamente con el crimen organizado y otros delitos, más allá del caso de Genaro García Luna, quien esta semana fue por el Gobierno estadounidense como uno de los principales capos de la droga.
Uno de sus más recientes gobernadores, por ejemplo, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, permanece prófugo de la justicia que lo demanda para hacer frente a las acusaciones de crimen organizado y desvío de recursos. Cabeza de Vaca, quien ha sido Alcalde de Reynosa, Diputado federal y Senador ha vivido entre polémicas. En 2020, cuando ya era Gobernador, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en su contra por presunto blanqueo de recursos del Cártel del Golfo.
Al menos dos órdenes de aprehensión se han girado contra Cabeza de Vaca, pero no han rendido frutos debido a la defensa legal del panista, quien alega su inocencia y sostiene que es objeto de una persecución política. Por ejemplo, en octubre de 2022 un juez federal le otorgó una suspensión definitiva que impedía que pudiera ser arrestado. Aunque la Fiscalía ha intentado contrarrestar la defensa legal de Cabeza Vaca, el exgobernador sigue libre. A penas el mes pasado, junio de 2025, la FGR interpuso un recurso para impugnar esa suspensión definitiva, y el caso fue turnado al Tribunal Colegiado del décimo noveno Circuito, que deberá decidir si confirma, modifica o revoca la suspensión.
Por otro lado, apenas esta semana ha trascendido la investigación que lleva a cabo la FGR por la sustracción de un decomiso de cocaína que, según versiones, habría sido sustituido por leche en polvo. Versiones extraoficiales vinculan con este caso a Sergio Taboada Cortina, quien fue director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno, y quien es hermano del exalcalde panista de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada.
No obstante, el Gobierno federal ni la FGR han confirmado la participación de Sergio Taboada. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a pregunta expresa de SinEmbargo, sólo confirmó que siete personas están bajo indagatoria, pero no dio nombres, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el caso sí debe ser investigado y que la FGR debe informar.
En tanto que el Diputado de Morena, Arturo Ávila, aseguró que sí existe una investigación contra Arturo Serrano, quien fuera responsable del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, y seis de sus subalternos, entre ellos Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del excandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. La indagatoria, reiteró, está relacionada con delitos derivados de la presunta sustracción de casi una tonelada de cocaína que habría sido sustituida por leche en polvo.
La Senadora Lilly Téllez recientemente ha intensificado la narrativa de que en México existe un “narco gobierno”, al recurrir en al menos dos ocasiones a la cadena estadounidense Fox News, aliada al gobierno de Donald Trump, en donde dijo que era bienvenido el apoyo de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga y donde acuso al gobierno de estar coludido con el narco.
“A quienes no les gusta que el Presidente Trump envíe… intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos, es la Presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo total al líder del Senado (Adán Augusto López Hernández), al líder de su partido en el Senado, que ya es identificado como líder político de un cártel, del cártel de la Barredora en México, a ese grado está infiltrado el gobierno mexicano por los cárteles”, dijo Téllez en una reciente entrevista con Fox News.
La narrativa de “narcogobierno” ha sido una estrategia impulsada por la oposición desde el anterior del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la ha continuado en la gestión de la Claudia Sheinbaum, con el objetivo de vincular a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado.
“”Yo siempre he dicho que algunos personajes de Acción Nacional de pronto han sido muy buenos para lanzar señalamientos como los de 'narcopartido' o 'narcogobierno', pero cada vez queda más claro que el único narcogobierno es el narcogobierno de Acción Nacional. El narcogobierno que encabezó Felipe Calderón, donde Genaro García Luna, donde ni más ni menos fue señalado por el director de la DEA, como uno de los capos más importantes, poniéndolo a nivel de Joaquín Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, señaló el miércoles Arturo Ávila, vocero de los legisladores de Morena, al afirmar que, además de Genaro García, hay casos recientes de panistas ligados al crimen, como el hermano del excandidato y exalcalde panista Santiago Taboada.
Más allá de las declaraciones de Ávila, lo cierto es que existen múltiples personajes del Partido Acción Nacional (PAN) que no sólo han sido señalados o investigados por sus vinculados con organizaciones criminales, sino hasta que hasta han sido sentenciados por tales nexos.
El caso más grave es el de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad en el sexenio del panista Felipe Calderón, detenido y sentenciado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico—. Incluso, hasta las autoridades estadounidenses lo igualan al nivel de los más grandes capos.
No obstante, más allá de García Luna, también es importante destacar que existen otros episodios en los que políticos panistas han sido relacionados con grupos delictivos e incluso algunos hasta sentenciados.
Uno de los casos más recientes, se registró apenas en febrero pasado cuando los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián (postulado por la coalición PRI-PAN-PRD) y el panista Agustín Toledano Amaro, fueron captados en video en una reunión con un presunto operador del Cártel de Sinaloa en Morelos, identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.
En las imágenes difundidas en redes sociales aparecen también Víctor Samuel Márquez Vázquez, secretario de Gobierno del Ayuntamiento, y Jorge Bazán Reyes, líder de comerciantes, sentados en la misma mesa junto a “El Barbas”. En la grabación se observan armas largas y chalecos antibalas, aunque hasta ahora se desconoce la fecha y el lugar exacto del encuentro.
El caso no quedó solo en el señalamiento mediático. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por estos hechos, como confirmó el pasado 25 de febrero el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch:
“Ya se inició una carpeta con la FGR. Hay servidores públicos involucrados, así como también el civil que sale en el video con un arma larga, vestido y camuflajeado (sic). Ya se inició carpeta, ya hay una investigación en curso en coordinación con la FGR”, declaró en ese momento.
Meses después, en mayo, el delegado de la FGR en Morelos, Hugo Bello Ocampo, confirmó que la indagatoria contra los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Otro caso es el de Luis Ángel Castañeda, quien fue candidato del PAN en 2024 a alcalde por Ocuilan, en el Estado de México. El político fue detenido en octubre del año pasado en un aeropuerto de Colombia, ya que era buscado por la DEA por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, y tiene una orden de extradición por la justicia de EU.
Frente a la detención, el partido albiazul a nivel local trató de deslindarse.
Anuar Azar, dirigente estatal del PAN, aseguró que Castañeda había sido postulado por su partido como candidato ciudadano porque cumplía con todos los requisitos y nadie más se inscribió en la contienda interna. Sin embargo, afirmó, se ausentó prácticamente toda la campaña y no se supo nada de él, según publicó Proceso.
Uno de los casos emblemáticos es el del exalcalde panista de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz, sentenciado en 2021 por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017.
El asesinato de Miroslava Breach Velducea es uno de los pocos casos que se ha investigado oficialmente y se ha logrado que la línea de investigación fuera en el contexto de la narcopolítica en Chihuahua. La comunicadora fue asesinada el 23 de marzo de 2017 por dos sicarios como consecuencia de sus investigaciones sobre la narcopolítica en la sierra de Chihuahua.
El crimen se atribuyó al grupo delictivo de Los Salazar, una célula criminal del Cártel de Sinaloa. Uno de sus integrantes, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, fue condenado a 50 años de prisión por su participación en el homicidio. En el juicio se acreditó que Miroslava fue asesinada por exponer cómo miembros de organizaciones criminales, principalmente Los Salazar, eran postulados a cargos de elección popular en la región.
Además, el proceso también reveló que Schultz, con el respaldo de exdirigentes del PAN en Chihuahua, presionó a la periodista para que revelara sus fuentes y, en los juicios, se expuso que fue él quien entregó al grupo delictivo grabaciones telefónicas relacionadas con sus investigaciones, algo que fue clave para consumar el crimen.
En mayo del presente año, el político panista solicitó la libertad anticipada al haber cumplido la mitad de su condena, dictada el 15 de junio de 2021 tras declararse culpable en un juicio abreviado. Sin embargo, la jueza federal María Elena López Morales negó el beneficio al considerar que Schultz representa un riesgo para las víctimas, testigos y la sociedad.
En la lista de personas panistas ligadas al crimen, se encuentra el de Lucero Sánchez López, conocida como la “Chapodiputada”, quien fue legisladora local en Sinaloa en 2013. La entonces y hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) la investigó por sus vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien presuntamente visitó en el penal de máxima seguridad del Altiplano antes de su fuga en 2015.
Sánchez fue detenida en Estados Unidos en 2017 y se declaró culpable de tráfico de cocaína. Más tarde, colaboró como testigo en el juicio contra Guzmán Loera y fue liberada en 2020.
A la lista se suma, Denisse Ahumada Martínez, exregidora de Reynosa, Tamaulipas, quien el 16 de septiembre de 2023, condenada a más de tres años de prisión por el delito de narcotráfico, después de ser detenida con un cargamento de 42 kilos de cocaína en Texas.
En ese entonces, un Juez de la Corte federal del Distrito Sur de McAllen, Texas, sentenció a la exfuncionaria a pasar 37 meses en una cárcel federal por tráfico de cocaína sin el beneficio de libertad condicional.
Ahumada Martínez llegó al Cabildo de Reynosa como Regidora plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero fue expulsada de las sus filas en diciembre de 2021. Posteriormente, se cambió de bancada y se unió al Partido Acción Nacional.
La exfuncionaria, fue sorprendida el pasado 10 de junio de 2023 por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes sometieron su vehículo a una revisión con rayos X encontrando múltiples anomalías.
Al hacer una inspección más profunda, los agentes hallaron 42 kilos de cocaína distribuidos por toda la unidad, y cuyo valor estimado era de 90 mil dólares, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Documentos oficiales muestran que la acusada aceptó que no era la primera vez que traficaba con drogas. Incluso, su abogado declaró que la mujer había recibido al menos dos amenazas para trasladar el vehículo con la droga.
