Documentos obtenidos por SinEmbargo, muestran cómo las gobernadoras María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes adjudicaron de manera directa contratos a despachos de Alejandra Sota Mirafuentes, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar Lara por mas de 120 millones de pesos.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Los gobiernos locales del Partido Acción Nacional (PAN) son ahora la ubre que nutre con multimillonarios contratos a políticos del grupo íntimo de Felipe Calderón.
Alejandra Sota Mirafuentes, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar Lara se han enriquecido con más de 120 millones de pesos en contratos que les han otorgado las gobernadoras María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como el fugitivo exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y hasta el Alcalde Adrián de la Garza, para que los ayuden a ocultar y defender sus decisiones políticas, financieras y hasta de corrupción.
Información documental obtenida por SinEmbargo acredita que se trata de contratos adjudicados de manera directa a despachos y empresas de Sota Mirafuentes, Gil Zuarth, Cordero Arroyo, Vega Casillas y Cortázar Lara, entregados en los más recientes años, todos por cifras millonarias que los han enriquecido.
Algunos son exsenadores del PAN que fueron acusados por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de recibir 80 millones de pesos para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, por cuyos delitos estuvo en la cárcel Jorge Luis Lavalle Maury, actual Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la morenista Layda Sansores.
Los cuatro son del mismo grupo de Calderón que se subordinó a Peña Nieto y que recibió trato privilegiado en ese Gobierno. Un ejemplo: Alejandra Sota Mirafuentes, sucesora de Cortázar en Comunicación Social de la Presidencia, recibió contratos por más de 23 millones de pesos para hacer encuestas para el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su amigo.
Esa misma lógica de privilegio al grupo de Calderón ha continuado para Sota Mirafuentes: La empresa de su propiedad, Integra, Metas Estratégicas, tiene vigente un contrato con el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Adrián de la Garza —quien llegó al cargo postulado por el PAN y el PRI— por la cantidad de 5 millones 278 mil pesos.
SOTA-MONTERREYEl propósito del contrato de De la Garza a la empresa de Sota, representada por Silvia Natalia Polito Delgado —su subordinada desde la Presidencia de la República—, es por servicios de comunicación y relaciones públicas, con vigencia entre noviembre de 2024 a diciembre de 2025, y con pagos mensuales de 350 mil pesos.
Por su parte, la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha otorgado contratos por 37 millones de pesos a la empresa Pondera Lab, S.C., de la que es socio Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Desarrollo Social de Calderón, por el concepto de “asesoría financiera” en la contratación de deuda pública y reestructuración de créditos.
Cordero Arroyo fundó esta empresa en 2015, después de haber sido destituido como coordinador de la bancada del PAN en el Senado y de apoyar las principales políticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero eliminó toda información de su página de Internet desde que el portal ZonaFree de Chihuahua desveló los primeros contratos, que a la fecha suman 37 millones de pesos.
Otro prominente panista que se ha hecho millonario con contratos de Gobierno es Gil Zuarth, quien fue fue secretario particular de Calderón y Senador que coordinó Cordero: Recibió 32 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas, cuando el Gobernador era García Cabeza de Vaca, prófugo por corrupción y delincuencia organizada.
Gil Zuarth recibió 31 millones 921 mil 999 pesos en transferencias del Gobierno de Tamaulipas a las cuentas de Accuracy Legal and Consulting, el despacho que él encabeza, en pago por promover recursos legales para impedir que Cabeza de Vaca vaya a la cárcel por corrupción.
Estos millonarios recursos a Gil Zuarth están siendo revisados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas, después de que el Congreso ordenó, en septiembre, reabrir las cuentas públicas de los ejercicios de 2016 a 2021 del exgobernador García Cabeza de Vaca.
También es revisada la licitud de otros 14 millones 400 mil que García Cabeza de Vaca, quien se esconde en Estados Unidos de las acusaciones de delincuencia organizada, pagó al despacho Coello Trejo y Asociados, encabezado por Javier Coello Trejo, fiscal antidrogas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El Congreso de Tamaulipas acordó que es indispensable que la revisión de las cuentas públicas no sólo se avoque a verificar que estos 46.3 millones de pesos que el exgobernador pagó a Gil Zuarth y Coello Trejo se encuentren sustentados legalmente, sino que “debe considerar la existencia de los contratos que se hayan celebrado entre ambas partes y la condiciones en que estos se otorgaron, así como en la existencia de los entregables que sustenten las erogaciones correspondientes”.
Otro prominente panista que fue beneficiado por García Cabeza de Vaca es Salvador Vega Casillas, el estratega anticorrupción de Calderón, quien recibió un solo contrato por 26 millones 500 mil pesos a través de su empresa Estrategob, SC., con el objetivo de limpiar sus cuentas públicas.
El contrato por asignación directa del gobierno de Tamaulipas a la empresa de Vega Casillas, cuya copia obtuvo el reportero, se firmó el 2 de julio de 2019 y su vigencia fue hasta el 31 de octubre del mismo año –menos de cuatro meses–, por lo que la firma recibió dos pagos de 7 millones 934 mil 400 pesos cada uno, en agosto y septiembre, así como uno de 10 millones 579 mil 200 pesos en octubre.
Hasta el exdiputado del PAN Manuel Minjares Jiménez, Subsecretario de la Función Pública con Vega Casillas y contador personal de Calderón, alcanzó dinero del gobierno de García Cabeza de Vaca: Águilas Huilango, S.A. de C.V., de su propiedad, obtuvo en 2021 un contrato, por asignación directa, por un millón 300 mil pesos.
Sólo a estos cuatro personajes, que salvo Coello Trejo militan en el PAN, García Cabeza de Vaca les pagó más de 74 millones de pesos para asistirlo en la defensa del manejo de recursos públicos y las imputaciones de delincuencia organizada.
Maximiliano Cortázar, quien fue vocero de Calderón y trabajó también en ese mismo cargo con García Cabeza de Vaca, recibió por su parte un millonario contrato de la Gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez, por 6 millones 681 mil pesos.
MAX-AGUASCALIENTESCortázar obtuvo ese contrato del gobierno de Aguascalientes a través de MXC Consultores, la empresa que fundó y de la que fue director general, entre 2011 y 2012, si bien lo firmó su representante legal, José Alberto Díaz Montaño, quien ha sido su subordinado por años.
El pago de 6.6 millones de pesos del Gobierno de Aguascalientes a la empresa de Cortázar Lara fue con el fin de “lograr una estrategia integral que permita incrementar y fortalecer la relevancia política dentro y fuera del estado, así como preservar el respaldo popular en cada una de las etapas del gobierno,” de Teresa Jiménez.
El contrato de Cortázar Lara con la Gobernadora de Aguascalientes fue por sólo 10 meses en 2023, de marzo a diciembre, por lo que estaba vigente cuando la candidata presidencial Xóchitl Gálvez lo designó como su vocero, en noviembre de ese mismo año.
Aguascalientes ha sido refugio también para la hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, María José Ocampo Vázquez, quien fue designada presidenta del Poder Judicial del estado, pese a que en la elección quedó en sexto lugar y la Constitución establece que el cargo lo debe ocupar quien obtuvo el primer lugar.
