El Congreso de la Ciudad de México reformó el Código Penal para endurecer el castigo por el delito de despojo con penas que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión en casos graves.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).-El Congreso de la Ciudad de México aprobó la tarde de este jueves una serie de reformas al Código Penal capitalino que castigan con mayor severidad el despojo de inmuebles e incrementan las penas por este delito con hasta 11 años de prisión.
Con 58 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México reformó el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado en materia de prevención del delito despojo.
"El despojo es más que un delito patrimonial, es una herida profunda a la dignidad de las personas, significa arrebatarle su hogar, su espacio vital y su tranquilidad que fueron fruto de su esfuerzo”, dijo la legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya durante la discusión del dictamen aprobado.
¿Cuáles son las leyes que el Congreso modificó?
La iniciativa busca responder a un fenómeno delictivo que ha crecido en los últimos años y que ha afectado de manera directa a familias, adultos mayores y comunidades vulnerables. Además de la reforma al Código Penal, las y los legisladores modificaron el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado.
🏛️✅ El #CongresoCDMX aprobó la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para endurecer las sanciones por el delito de despojo, elevando las penas de 6 hasta 30 años de prisión.
🏠🚗 Con esta reforma, quienes cometan despojo enfrentarán penas más severas. pic.twitter.com/wfHR8ulJ2i
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 13, 2025
¿Con cuántos años de cárcel se castigará el delito de despojo?
La reforma aprobada por el Congreso capitalino incrementa la pena mínima por el delito de despojo de cinco a seis años y la máxima de 10 a 11 años de prisión y una multa de 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), un equivalente a unos tres millones 400 mil pesos, para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral.
Los legisladores endurecieron las penas por este delito en caso de que se cometa en contra de personas vulnerables como personas mayor de 60 años, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o perteneciente a comunidad indígena.
La pena máxima de 11 años aplicará también cuando:
- Participe un servidor público.
- Haya un vínculo de parentesco entre el sujeto pasivo y activo.
- El sujeto activo simule tener un cargo público.
- Haya suplantación de identidad.
- Participe el titular de una notaría.
- El despojo se realice en grupo de tres o más personas.
- Se simulen actos de autoridad o se utilice documentación falsa o alterada.
- El bien inmueble objeto del despojo sea propiedad del gobierno local.
- El ocupante haya sido requerido por la autoridad competente y mantenga la ocupación sobre el bien inmueble ajeno.
En casos especialmente graves, como por ejemplo cuando el delito sea cometido por servidores públicos, cuando exista parentesco entre la víctima y el agresor, o cuando quien comete el despojo simule tener facultades de autoridad, estas sanciones podrán duplicarse, llegando hasta 22 años de prisión.
¿Cómo identificar el delito de despojo?
El despojo es un delito que afecta el patrimonio y la seguridad jurídica de los propietarios o poseedores de un inmueble mediante la utilización de documentación falsa o de a métodos intimidatorios que amenacen la integridad personal de sus dueños legítimos para expulsarlos de sus viviendas o impedirles disfrutar de ellas.
Las autoridades clasifican en tres las modalidades en que los despojadores actúan:
- Los actos simulados o ilícitos, que comúnmente emplean papeles falsificados.
- Los actos violentos, en los que se recurre a amenazas o armas.
- El usufructo ilegítimo, que ocurre cuando un inmueble es ocupado aprovechando conflictos o vacíos legales sobre su titularidad.
Diego Orlando Garrido López, del Partido Acción Nacional (PAN), legislador que apoyó la iniciativa de reforma presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que las reformas a estas disposiciones "brindan certeza jurídica al patrimonio de la población, ante el incremento de este ilícito, ya que en los últimos siete años se llegó a 29 mil carpetas de investigación" por la comisión de este delito.
