La Fiscalía negó que trabaje por consigna, "como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales".
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) dijo hoy en referencia a la información publicada por el diario mexicano La Jornada que no trabaja por consigna y que la investigación por la pensión de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, no es reciente. Es de septiembre, aclaró.
"Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la FGR México precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente", detalló en un breve comunicado.
A la par, reiteró que el organismo autónomo, a cargo de Ernestina Godoy, realizar investigaciones en el marco de la ley y sin sesgos, con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas.
"La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales", aseveró.
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— FGR México (@FGRMexico) December 13, 2025
Ayer, La Jornada reveló que la FGR judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004.
El medio explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de Casar Pérez y dos personas más para que sean imputados “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la Ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el Artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometido los hechos”.
Hoy, el diario de circulación nacional también detalló que las otras dos personas serían exfuncionarios de Pemex por su presunta responsabilidad en la autorización y trámite de dicha pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales.
El diario aseveró que el expediente contempla la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y señaló como coacusados a Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, exservidores públicos de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con La Jornada, la imputación se formalizaría durante una audiencia programada para el próximo martes en un juzgado federal, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito definiera la competencia del caso.
La pensión vitalicia de Amparo Casar
Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 y falleció el 7 de octubre del mismo año. Posteriormente, el 15 de octubre, María Amparo Casar solicitó formalmente la pensión y el pago del seguro correspondiente.
En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló durante una conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador que el primer pago de la pensión se realizó el 29 de octubre de 2004, apenas 22 días después del fallecimiento del trabajador, lo que calificó como un procedimiento inusualmente rápido.
Oropeza Romero recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había revelado el caso en su último libro, ¡Gracias!, donde además mostró el caso como uno de influyentismo político.
En su libro, el expresidente catalogó como “un asunto muy penoso” ocurrido en 2004, cuando él era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital.
“Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que ‘el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida’”, escribió el Presidente.
Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudió con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.
López Obrador menciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el esposo de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex.
