Las quejas laborales del T-MEC contra México se concentran en el sector automotriz, donde EU perdió 25 por ciento de empleos desde 1999. El mecanismo permite sanciones y paneles, en medio de la agenda industrial de Trump.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Estados Unidos ha interpuesto 46 quejas laborales contra México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El 64 por ciento apunta a la industria automotriz, en la que el vecino del norte ha perdido casi una cuarta parte de los empleos que generaba en 1999.
En caso de que no se atiendan las quejas, Estados Unidos puede aplicar aranceles en sectores que están protegidos por el T-MEC o suspender la importación de productos desde México.
SinEmbargo realizó un análisis de todas las querellas iniciadas desde 2021.
Las quejas se presentan mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), contemplado en el T-MEC. Este mecanismo se puede activar sólo por dos motivos: cuando las empresas impiden a las trabajadoras y los trabajadores la libertad sindical o cuando obstaculizan su derecho a la negociación colectiva. Aplica sólo para bienes y servicios comerciados entre los tres países en los sectores de la manufactura, la minería y servicios.
De las 46 quejas, la mayoría se concentra en el sector automotriz y de componentes para vehículos. Con 31 reclamaciones, representan dos de cada tres casos. El resto se reparte en los sectores alimentario, vidrio y concreto, atención telefónica, aeronáutica, naval y vinícola. Destacan, además, la reclamación contra una empresa de municiones y una petrolera, así como en minas de Grupo México, Industrias Peñoles y la canadiense Orla Mining.
El año en que más se han presentado quejas fue el 2025, el primero del nuevo Gobierno de Donald Trump, con un total de 15. En seis casos se solicitó instaurar un panel de especialistas, al considerar que las quejas no habían sido atendidas de manera correcta.
México, en cambio, no ha presentado ninguna reclamación porque el MLRR es desigual. Pese a ello, tal número de casos contra empresas de este lado de la frontera evidencia que sigue habiendo injerencia patronal, corrupción sindical y la necesidad de fortalecer a nuestras instituciones rumbo a la revisión del T-MEC, dice Graciela Bensusán, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Empleos, el interés electoral de Trump
La apuesta de Donald Trum fue “recuperar empleos por una lógica política, ligada a su base electoral”, explica Graciela Bensusán. En ese sentido, el capítulo laboral del T-MEC podría ser un instrumento para lograrlo.
El T-MEC fue negociado en el primer Gobierno de Trump, que desde ese momento hablaba de reindustrializar Estados Unidos. Buscando votos, utilizó el enojo por el desempleo y señaló hacia el sur. “Nuestras empresas se están mudando a México más que a cualquier otro lugar. Estamos perdiendo nuestra industria, estamos perdiendo nuestro negocio”, dijo en 2015 durante su primera campaña a la Presidencia.
A partir de los años 90, después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muchas empresas estadounidenses se instalaron en México. Sus dueños aprovecharon las condiciones que los gobiernos neoliberales ofrecían: la posibilidad de pagar salarios más bajos que en Estados Unidos bajo la anuencia de algunos líderes sindicales y una débil justicia laboral.
Cifras consultadas por SinEmbargo, indican que en 1999, Estados Unidos había generado poco de más de 17 millones de empleos de tiempo completo en el sector manufacturero. Para 2018, cuando se firmó el T-MEC, eran poco más de 12.3 millones, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio.
Y específicamente en la fabricación de vehículos de motor, carrocerías y remolques el número de plazas bajó de más de 1.3 millones en 1999 a poco más de 990 mil en 2018 y 977 mil en 2024. Es decir, la pérdida fue de 25 por ciento.
Al mismo tiempo, en México, la producción de automóviles crecía. En 1993 se fabricaron 835 mil y el año 2000 terminó con más de 1.2 millones de unidades, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por ello, la condición de Estados Unidos para avalar el T-MEC —y en menor medida de Canadá— fue que el tratado “tuviera dientes. Que no sólo incluyera un capítulo laboral, sino que contara con un protocolo que hiciera efectivos” principalmente los temas de libertad sindical, señala Graciela Bensusán.
Los dientes son el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida mediante el cual Estados Unidos puede presentar quejas contra empresas en México por violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El Gobierno mexicano está obligado a investigarlas y garantizar la restitución de derechos.
Si la situación no se corrige o se niega la existencia del problema, el gobierno estadounidense puede solicitar la conformación de un panel independiente. En ese órgano, especialistas laborales determinan si hubo una denegación de derechos o no.
Pero mientras el Gobierno de Estados Unidos puede presentar una queja laboral simplemente autorizándosela a sí mismo, para que México pueda utilizar el mecanismo las autoridades laborales estadounidenses tienen que expedir una orden ejecutiva que le permita hacerlo.
El tiro por la culata
México aceptó un mecanismo tan asimétrico por la dependencia económica, explica Graciela Bensusán. “Las exportaciones hacia Estados Unidos equivalen a la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 80 por ciento de nuestras exportaciones van” a esa nación.
Pese a todo lo anterior, no se puede negar que la situación que planteaba Estados Unidos existía en México. En 2023, tras el primer proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT) que ordenó la reforma laboral de 2019, más de 100 mil no fueron ratificados. El recién creado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que la mayoría eran de contratos de protección patronal.
Graciela Bensusán, quien forma parte de un panel laboral recuerda que, por años, organizaciones nacionales e internacionales presentaron denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Los empleadores escogían al sindicato de su preferencia y firmaban con él un contrato colectivo prácticamente a nivel de la Ley Federal de Trabajo, protegiéndose de una demanda”.
La libertad sindical “fue un punto medular” en el T-MEC, porque el derecho a sindicalizarse y la negociación colectiva “crean la oportunidad de que haya sindicatos verdaderos. Y que el sindicato verdadero sea capaz de negociar mejores salarios”.
En las últimas tres décadas, el salario mínimo perdió casi el 75 por ciento de su poder adquisitivo, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Esto fue por una política de Gobierno de no incrementarlos. Pero esa política estuvo acompañada por líderes sindicales que no presionaron para evitarla o revertirla.
El T-MEC fue negociado por Trump e implementado por Joe Biden. En la administración de Biden se habló de “democracia” sindical. En ese momento la democracia todavía era aludida en los asuntos en los que a Estados Unidos iba a intervenir.
Ahora, en un contexto de intervenciones y de defensa de la soberanía, se le pregunta a Graciela Bensusán, investigadora de la UAM-X, si observa un riesgo de que el MLRR se use como herramienta de injerencia política. “Yo no lo veo, hasta ahora. Eso no quiere decir que no haya un interés muy claro de impedir que nuestras exportaciones se hagan a costa de bajo salario” y que Trump también lo use para recuperar su base electoral, responde.
Empresas bajo lupa
El mecanismo de quejas se estrenó el 12 de mayo de 2021 en la planta de General Motors (GM) de Silao, Guanajuato. La entonces Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, le pidió al Gobierno de México revisar si al personal de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato se les está negando el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
Ese caso fue emblemático no sólo por ser el primero. La base trabajadora se libró del Sindicato Miguel Trujillo López, de la Confederación Trabajadores de México (CTM) y creó el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA).
Otras empresas armadoras de autos o de autopartes que han tenido que reparar las violaciones a derechos sindicales son Volkswagen, Pirelli, Goodyear, Panasonic, Caterpillar, Yazaki, ThyssenKrupp. Del total de las quejas, la mayoría se concentra en Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.
Pero también se han ido diversificando. El 12 de junio de 2023 se interpuso una queja contra la empresa de textiles Inisa, en la capital de Aguascalientes. Y el 26 de noviembre pasado se interpuso otra contra la vinícola Freixenet, en Querétaro.
Destaca también la queja contra una empresa de servicios telefónicos. Desde hace tiempo se han denunciado las precarisa condiciones de trabajo en los llamados call center, como contratos temporales, subcontratación, metas imposibles de llegar y sanciones económicas. En 2024, Estados Unidos se quejó contra Atento por impedir que el personal de las instalaciones de Pachuca, Hidalgo, se pudieran sindicalizar.
En seis casos se ha llegado a un panel laboral: las denuncias contra Grupo México, Atento, la fábrica de municiones Industrias Tecnos, Pirelli Neumáticos, la mina Camino Rojo y la automotriz Bader de México.
Las quejas contra mineras
Las tres quejas contra mineras que se han presentado bajo el mecanismo laboral del T-MEC fueron promovidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), de Napoleón Gómez Urrutia. En los tres casos esa organización tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Gómez Urrutia es diputado federal plurinominal por Morena, actualmente con licencia.
La primera minera denunciada por denegar derechos sindicales fue Grupo México, del multimillonario Germán Larrea. El 16 de junio de 2023, el gobierno estadounidense le pidió a las autoridades mexicanas investigar las posibles violaciones a los derechos sindicales en la mina San Martín, en Zacatecas.
De acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos, Grupo México negoció con otro sindicato y, pese a que había una huelga declarada por el SNTMMSSRM, reanudó operaciones.
Sin embargo, las autoridades mexicanas consideraron que existiera denegación de derechos por parte de la empresa de Germán Larrea. Estados Unidos insistió que sí y en agosto de 2023 solicitó el establecimiento de un panel laboral para revisar la situación.
Pero Grupo México salió bien librado. En 2024, el panel publicó su fallo y concluyó que no se impidió la negociación colectiva. Estados Unidos consideró que “la decisión del panel en San Martín no hizo justicia para los trabajadores”. Y destacó que “un panelista escribió una ‘opinión separada’” en la que mostró evidencia sobre “una negociación colectiva ilegal entre el empleador y un sindicato que no era el representante legal de los trabajadores de la mina San Martín”.
La segunda queja fue contra la minera Tizapa, ubicada en Zacazonapan, Estado de México, en abril de 2024. En ese complejo se produce plomo, zinc y cobre. El socio mayoritario es Industrias Peñoles, propiedad de Grupo Bal, la segunda minera más grande del país, después de Grupo México. Bal es de la familia Baillères.
Estados Unidos señaló su preocupación porque a los trabajadores se les impedía afiliarse con el sindicato minero de Gómez Urrutia. Denunció despidos, amenazas de represalias, interrogatorio sobre actividades sindicales, vigilancia y presión para afiliarse al Sindicato Minero Metalúrgico (Frente). Los trabajadores que aceptaron inscribirse en el otro sindicato recibieron un bono económico.
Este ha sido el único caso concluido satisfactoriamente para Estados Unidos. El 30 de mayo de 2024, la Representación Comercial anunció “la resolución exitosa”luego de que los trabajadores despedidos ilegalmente fueron reincorporados y les pagaron los salarios caídos. Y el bono económico que se entregó sólo un grupo de trabajadores fue entregado al resto.
En agosto de 2024 Estados Unidos presentó la tercera queja contra una minera. Esta vez contra Camino Rojo, propiedad de la canadiense Orla Mining. Ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, ahí se produce oro y plata. Según la petición, Camino Rojo interfirió en asuntos sindicales y promovió “la afiliación de los trabajadores a un sindicato externo”.
También para este caso, el gobierno estadounidense solicitó la conformación de un panel laboral por considerar que la respuesta de México fue “limitada” y no se remedió la situación. Este caso sigue abierto y el panel aún revisa la información.
