La juzgadora analizó más de 100 datos de prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la defensa de los excolaboradores de Silvano Aureoles, a quienes se les señala de provocar un daño patrimonial a Michoacán por más de tres mil 400 millones de pesos.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, detenidos el 1 de marzo pasado fueron vinculados a proceso este viernes por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
Al finalizar la audiencia correspondiente, Patricia Sánchez Nava, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP y Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
De acuerdo con los reportes, la juzgadora analizó más de 100 datos de prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la defensa de los acusados, lo que alargó la audiencia hasta 22 horas. Aunque los exfuncionarios pidieron un cambio de la medida cautelar, la Jueza lo rechazó.

La FGR señaló que los excolabordores de Aureoles provocaron un daño patrimonial al estado por más de tres mil 400 millones de pesos, al realizar una operación de arrendamiento y posterior compra de inmuebles de forma irregular, para formar siete cuarteles policíacos y que benefició a la empresa Inmobiliaria DIP.
SinEmbargo informó desde abril de 2022 sobre una investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Aureoles Conejo por una red de corrupción que habría comenzado a construir desde que fue Diputado Federal y supuestamente continuó cuando gobernó Michoacán (2015-2021).
El exmandatario también ha sido señalado por políticos locales por relacionarse con grupos del crimen organizado, a ello se suma que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán lo inhabilitó 11 meses como funcionario por no presentar a tiempo su declaración patrimonial cuando acabó su gestión, algo que Aureoles Conejo también niega.
Por mandato de Ley, el exmandatario estatal estaba obligado a presentar su declaración patrimonial final dentro de un plazo de 40 días posteriores a su separación del cargo de Gobernador. A partir del 30 de septiembre del 2021, Silvano Aureoles debía entregar su declaración, pero fue hasta el 29 de octubre del 2022, más de un año después, que dio a conocer el reporte, en el que además omitió presentar su modificación de declaración patrimonial en mayo del 2021, la cual presentó meses más tarde.
Después de concluir su Gobierno, el exgobernador michoacano declaró no tener bienes muebles ni propiedades, sin embargo, el propio Gobernador admitió durante un acto público que tenía una casa en Zitácuaro y otra en Morelia. También negó tener vehículos automotores, inversiones o cuentas de ahorro, y señaló que sólo debía un crédito hipotecario por tres millones de pesos.




