Por años, Morelos ha sido blanco de saqueos, ya que sin importar el color del partido, sus gobernadores han buscado obtener beneficios para sí y para los suyos a costa de la entidad sureña.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Sin importar el color del partido, desde hace años el estado de Morelos ha sido víctima de un saqueo permanente. Gobernadores panistas, perredista y hasta de Morena que encabezaron la entidad han sido acusados de enriquecerse a costa de esa entidad sureña. Uno de los más recordados, por ejemplo, es Graco Ramírez.
El analista político Marcos Pineda en Morelos indicó que este periodo de decadencia y deterioro comenzó desde la administración de Jorge Carrillo Olea (1994-1998) y se ha perpetuado hasta la reciente salida de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
“Si nosotros juntamos todos estos periodos de gobierno, desde (Jorge) Carrillo hasta Cuauhtémoc Blanco Bravo, vemos un cúmulo de irregularidades, que se sabe que son de dominio popular, que resultan evidentes, pero que los mecanismos de justicia y las y los contubernios entre los gobiernos salientes, los gobiernos entrantes, los legisladores, legisladoras, hacen o han hecho imposible que se lleve a rendir cuentas efectivas a los gobernantes que han dejado sus cargos”, dijo el politólogo en entrevista con SinEmbargo.
Pineda explicó que, pese a las múltiples denuncias y evidencias de corrupción, ninguno de los exgobernadores ha enfrentado consecuencias legales. El único que ha pisado la cárcel es Sergio Estrada Cajigal, aunque no por delitos relacionados con el saqueo de Morelos, sino por violencia contra una expareja. Recordó también que durante la administración de Marco Adame Castillo, otro exgobernador panista, se registró la detención de un secretario de Seguridad Pública y de un exdirector de la Policía Ministerial por sus vínculos con el crimen organizado.
En lo que corresponde al gobierno de Graco Ramírez, del PRD, a pesar de las expectativas, de llegar un gobierno que se vendió como izquierda, no fue la excepción y su administración dejó un "muy mal sabor de boca". Durante su mandato, varios funcionarios fueron investigados, pero las acusaciones nunca llegaron hasta el exgobernador.
“Se levanta una gran expectativa de que pues ahora se trataba, ya no de un gobierno panista, sino de un gobierno de izquierda, un gobierno perredista. Y el PRD, encabezado por Graco, pues terminó también dejando un muy mal sabor de boca, tanto así que pierde rotundamente las elecciones en la siguiente elección, que es la en la que ya participa Cuauhtémoc Blanco Bravo y la gana.”
Por otra parte, la llegada de Cuauhtémoc Blanco tampoco significó un cambio. Pineda recordó que hasta incluso, en su mismo periodo se presentaron entre siete y ocho carpetas de investigación en su contra, incluyendo tres solicitudes de desafuero en el Congreso local que nunca avanzaron. Y hoy, como Diputado federal, Blanco goza de fuero, lo que hace aún más difícil que enfrente la justicia.
"Hoy en día la nueva legislatura pues ya no puede hacer nada, ¿por qué? Porque aunque ahí están las carpetas, ahí están las investigaciones, ahí están las acusaciones, ya no es gobernador, ahora es Diputado federal y ahora está protegido por un poder federal".
Para el analista la falta de justicia y de llevar a los exgobernadores a una rendición de cuentas muestra un evidente esquema de impunidad que ha sido posible gracias a un entramado de intereses personales y de grupo, donde participan tanto políticos como empresarios beneficiados con contratos y asignaciones.
Ahora con otro nuevo gobierno, el de Margarita González Sarabia, a pesar de las evidencias y los casos de corrupción documentados, Pineda consideró que es poca la posibilidad de que los exgobernadores sean llevados ante la justicia, pues dijo que aunque algunos exfuncionarios del periodo de Graco Ramírez siguen bajo proceso, el tiempo juega en favor de la impunidad.
“Ya se ve muy difícil, por supuesto, que muchos de esos casos pudieran llevarse a a tribunales. Es es francamente difícil que eso suceda. Pero hay algunos que están en proceso. Entonces, necesitamos estar pendientes a ver qué pasa, […]entonces por estos caso del pasado se ve muy complicado. Si la justicia no actúa pronto, van venciendo los plazos, van quedando escondidas las carpetas, hay problemas nuevos a los que hay que atender Y se va dejando, se va dejando. Eso ya parece muy complicado”, destacó.
Uno de estos mandatarios escándalo fue Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, quien se desempeñó como Gobernador de Morelos, por el Partido Acción Nacional (PAN), del año 2000 al 2006, periodo durante el cual destinó más de 400 millones de pesos a campañas para limpiar su imagen, según información de Proceso, debido a los constantes señalamiento por actos de corrupción y por vínculos con el crimen organizado.
Durante su Administración, Estrada Cajigal acumuló cerca de 30 denuncias por no ejecutar sentencias y laudos laborales a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Además, se le recuerda por el llamado "helicóptero del amor", aeronave supuestamente rentada para apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero que fue utilizada por el mandatario para sus aventuras amorosas.
Estrada Cajigal también es señalado por ordenar la represión de un movimiento poselectoral en el municipio de Tlalnepantla, en el norte de Morelos, lo que dejó un muerto, varios heridos y detenidos. Asimismo, fue relacionado con el narcotráfico, ya que en 2002, nombró como jefe de la policía ministerial a Agustín Montiel López, quien un año después fue detenido y encarcelado, acusado de proteger al narcotraficante Juan José Esparragoza, "El Azul".
En 2024, también se vio envuelto en otro escándalo de violencia familiar durante el proceso electoral de 2024, cuando se postuló como candidato a Diputado federal por el Distrito 01 de la coalición Fuerza y Corazón Por Morelos, que conformaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y PAN.
Estrada Cajigal Ramírez fue detenido en mayo de 2024, luego de que su expareja, Carla Alejandra “N”, lo acusara de violencia familiar y violencia de género, delitos por los que fue vinculado a proceso y se le otorgó la medida de prisión preventiva oficiosa, ya que estaba bajo arresto domiciliario.
Marco Antonio Adame Castillo se desempeñó como Gobernador de Morelos de 2006 a 2012, siendo el segundo Gobernador panista en el estado. El mandatario ha sido vinculado a diversos agrupaciones conservadoras, incluida la organización de ultraderecha conocida como el Yunque, por lo que, en 1986, conformó un grupo denominado Testimonio y Esperanza, mismo que estaba dedicado a la formación de jóvenes dentro de las normas cristianas.
"En el gobierno de Marco Adame hubo incluso un secretario de seguridad pública que terminó siendo aprendido y procesado por vínculos con el crimen organizado. También se detuvo a un anterior el periodo de Estrada Castillal, un director de la entonces Policía material que, terminó en la cárcel también por vínculos y protección del gobierno organizado. Falleció finalmente estando preso, juzgando una condena", detalló Marcos Pineda.
Desde su candidatura para el Gobierno de Morelos, Adame Castillo enfrentó diversas controversias. Por ejemplo, a inicios del 2006, tanto su hermano, José Luis Adame Castillo, como su hijo, Luis Daniel Adame Tapia, fueron vinculados con una banda de robacoches, ya que los integrantes de ésta aseguraron que los dos familiares del panista compraban los vehículos que ellos robaban.
Asimismo, en junio de ese mismo año, a sólo un mes de los comicios electorales, Armando Adame Alemán, hijo mayor del aspirante a la gubernatura de Morelos, fue detenido por estar involucrado en una riña que tuvo lugar al interior de un bar en el municipio de Cuernavaca, Morelos.
Pero, un año antes, en 2005, Armando Adame Alemán, también protagonizó otro escándalo, cuando fue acusado de robar a su propia familia. El hijo del panista fue señalado de robar cinco mil pesos en vales de gasolina, así como otros dispositivos propiedad de de uno de sus hermanos, incluida una laptop, un reloj digital, una grabadora y una Palm.
Ya como Gobernador de Morelos, Marco Antonio designó a su hermano Humberto Adame Castillo, un ingeniero de profesión sin experiencia en el ámbito político, como gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal. Mientras que a su otro hermano, Édgar Adame Castillo, lo nombró como asesor jurídico del municipio de Xochitepec. Además, a su primo, José Luis del Valle Adame, le dio la Dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno.
El nepotismo que Adame Castillo ejerció en ese estado hizo que él y su familia fueran apodados “La Sagrada Familia de Morelos”, ya que su poder también beneficio a los parientes de su esposa Mayela Alemán Olvera. Su cuñada Margarita Alemán Olvera fue titular de la Contraloría; y su otra cuñada, Claudia Alemán Olvera, se desempeñó como jefa de los Bomberos de Cuernavaca, así como funcionaria de Seguridad Pública.
En tanto, los cuñados de Adame Castillo también tuvieron un lugar en su Administración, ya que Jesús Salvador Alemán Olvera trabajó en el área administrativa del Sindicato de Trabajadores del Congreso de Morelos, mientras que José Armando Alemán Olvera se desempeñó como coordinador sectorial de Educación Media Superior a Distancia.
A finales del 2008, Adame Castillo se asignó un aguinaldo que ascendió a 300 mil pesos, que lo puso en el ojo de la polémica. Además, en 2009 dos funcionarios de su gabinete, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública de Morelos; y Francisco Coronato Rodríguez, titular de la Procuraduría General de Justicia, fueron acusados de tener vínculos con el crimen organizado, por lo que fueron detenidos.
El escándalo escaló tanto que el entonces Gobernador Adame Castillo fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en el juicio que se realizó contra los exfuncionarios locales. En tanto, Graco Ramírez, entonces Senador por el PRD, arremetió contra el mandatario de Morelos al asegurar que éste estaba enterado que Cabeza de Vaca protegía al cártel de los Beltrán Leyva.
Al término de su administración, en 2013, Marco Antonio Adame Castillo fue acusado de un desfalco millonario, de 207 millones de pesos, por lo que la entonces dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, exigió la comparecencia del exgobernado ante las autoridades competentes.
"Marco Adame Castillo deberá explicar a detalle qué fue lo que ocurrió con los 207 millones de pesos que fueron retenidos a más de tres mil trabajadores del Poder Ejecutivo, los cuales nunca fueron reportados al IMSS", señaló en una rueda de prensa, en la que añadió que el exmandatario también debería dar explicaciones "el ISR, el cual tampoco fue reportado a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)".
"Los morelenses tenemos el derecho de una explicación del pago con recursos públicos por 159 millones de pesos a la empresa Monedero Universal, con quien se contrató un software para programación contable, el cual no sirvió", destacó Rodriguez Ruiz, quien solicitó a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos realizar una investigación y castigar "a los responsables de estos malos manejos".
De 2012 a 2018, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu se desempeñó como Gobernador de Morelos, un sexenio marcado por la violencia, pese a que como candidato, el político emanado del PRD prometió en en sólo 18 meses acabaría con la inseguridad en el estado, lo que hizo que se ganara el rechazo de la ciudadanía morelense.
"A partir del primero de octubre yo emprendo mis responsabilidades para que se acaben este tipo de actos, si en 18 meses esto aparece es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer", dijo en su primer discurso como Gobernador.
Sin embargo, la promesa no sólo no se cumplió, sino que su mandato estuvo marcado por un incremento en la inseguridad y la violencia, al punto de que los morelenses organizaron manifestaciones para exigir la salida de Graco Ramírez del Gobierno de Morelos mucho antes de que concluyera su mandato.
“¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco!”, gritaba la gente en 2016, en la manifestación ciudadana más grande que hasta ese momento se tenía recuerdo en esa entidad, de acuerdo con una crónica publicada por SinEmbargo y firmada por la reportera Shaila Rosagel.
Durante su gestión, el mandatario morelense también fue acusado por tratar de callar a sus opositores, incluida la prensa. Activistas como Javier Silicia Zardain y Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), han acusado al Gobernador de ejercer “mano dura” contra sus detractores.
“No hay manera de detenerlo [a Graco Ramírez]. Estamos frente a un [Javier] Duarte, y vamos a esperar que termine de destrozar los derechos humanos y la paz, para que se vaya como Duarte. Se persigue a la disidencia y además se tiene un control absoluto del Gobernador y su familia en todos los ámbitos. Yo le tengo muchas críticas a Cuauhtémoc, pero no estoy de acuerdo con que se viole la autonomía del municipio”, dijo Javier Sicilia a SinEmbargo en diciembre de 2016.
Durante una reunión que sostuvo el Gobernador con el Presidente Peña Nieto para hablar sobre la protección a este gremio en mayo de este año, su asesor Gustavo Martínez Gonzalez, a la par, amenazaba, demeritaba, humillaba e intimidaba a periodistas a través de mensajes en redes sociales.
Por esta razón los reporteros de diferentes medios se unieron e hicieron un oficio para ser entregado ante el Senado. “Estamos hablando de una agresión oficial, encabezada nada más y nada menos por el coordinador de asesores del Gobernador del estado, Graco Ramírez”, se leía en el texto al cual tuvo acceso el periódico Milenio.
Además, desde que inició su mandato, Graco Ramírez estuvo envuelto en escándalos de corrupción. En 2012, el periódico estadounidense The New York Times lo relacionó con una cadena de corrupción entre la empresa Walmart y funcionarios mexicanos, entre los que destacaba su nombre.
El reportaje acusaba al Gobernador, junto con Sergio Raúl Arroyo García, el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de permitir la construcción de tiendas de la empresa a cambio de sobornos. Dichas revelaciones fueron negadas por Graco, para después emprender una demanda en contra de los denunciantes.
En 2017, el sitio de noticias RT dio a conocer que, de acuerdo con la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), Graco Ramírez desvió recursos a través de un préstamo por dos mil 300 millones de pesos que solicitó al Congreso del estado de Morelos, el cual fue autorizado en tan solo cinco días y con irregularidades administrativas.
Meses después, Graco Ramírez modificó el préstamo. Presentó nuevas necesidades del estado, como la construcción del nuevo recinto legislativo, para ampliar la suma a dos mil 806 millones de pesos.
“Graco Ramírez endeudó al estado por esta inmensa cantidad de dinero [2.806 millones de pesos] y dicha acción no se vio reflejada en el desarrollo económico del estado. Al contrario, en los últimos años Morelos ha permanecido en los niveles más bajos de crecimiento y también de inseguridad”, afirmó Gerardo Becerra, vocero de CMMC, en RT.
También en 2017, se dio a conocer que Elena Cepeda, esposa del entonces Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, compró una mansión con un valor de ocho millones de pesos en una zona “exclusiva” en la capital del estado, pese a que, según información del El Financiero, la entonces presidenta estatal del DIF [cargo honorífico] no contaba con ingresos para comprar esa propiedad.
Al final del sexenio de Graco Ramirez, Morelos se encontraba entre los nueve estados más endeudados del país. El perredista recibió al estado, en 2012, con una deuda pública equivalente al 1.6 por ciento del PIB (mil 500 millones de pesos) y la elevó 500 por ciento hasta dejarla en 2.4 por ciento al tercer trimestre de 2017 (nueve mil millones de pesos), según datos de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y el Semáforo Anticorrupción de organizaciones civiles.
En 2021, el exgobernador de Morelos estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos de corrupción, así lo confirmó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, al mismo tiempo, aseguró que no intervendría en las acusaciones.
"En cuanto a la investigación por presuntos delitos de corrupción de las autoridades anteriores, eso está en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que se proceda porque ya hay autonomía. No podemos intervenir en los asuntos, en las investigaciones que corresponden a la Fiscalía", advirtió el Jefe del Ejecutivo.
El caso más reciente de un presunto saqueo en Morelos es Cuauhtémoc Blanco, gobernador de 2018 a 2024, quien tras su salida fue acusado por autoridades de Morelos por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos, por lo que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de denuncias contra quienes resulten responsables.
En una conferencia de prensa, llevada a cabo el pasado 25 de enero, los funcionarios detallaron una parte del contenido de las denuncias, luego de que la Gobernadora Margarita González Saravia adelantara en su Informe de Gobierno que revelaría las irregularidades detectadas.
"Quiero reiterar el mandato de nuestra Gobernadora. En esta Administración no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. A la Contraloría no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y responsabilidad. Seguiremos trabajando con transparencia, profesionalismo y compromiso para garantizar una gestión pública íntegra y eficiente a la altura de las expectativas ciudadanas", sostuvo Alejandra Pani Barragán, titular de la Contraloría de Morelos.
Las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; así como el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo son las dependencias en las que se encontraron las anomalías. Por lo que Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos, detalló que presentarían seis denuncias: cuatro en materia penal y dos administrativas.
“Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque con seis denuncias, en materia administrativa y penal”, expresó. “Hemos de señalarles que esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas (...). Es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado de sus actividades de lo que marca la normativa”, subrayó Maldonado
“Una vez que se ha hecho el análisis, se señalan los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos", prosiguió. Finalmente, aseguró que la cadena de responsabilidades puede llegar a lo más alto, "desde un titular hasta una persona con un encargo de firma correspondiente, pero que tenga bajo sus atribuciones una responsabilidad bajo el manejo de recursos".
