El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el pasado 2 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará dirigida por el economista Pablo Gómez Álvarez.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, comparten la misma certeza: hay que terminar con el despilfarro electoral y diseñar estructuras menos obesas para llevar a cabo los comicios en el país. Pero AMLO y Sheinbaum también comparten los buenos oficios del mismo operador político en la elaboración de sus proyectos de reformas: Pablo Gómez Álvarez, quien realizará una tarea similar para ambos mandatarios. Él participó en el diseño de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso en febrero del 2024 y también será responsable de coordinar las tareas para las iniciativas que impulsará Sheinbaum Pardo.
Por lo tanto, la iniciativa de reformas constitucionales que podría presentar la Presidenta Sheinbaum Pardo, además de hacer menos onerosa la estructura del órgano electoral nacional, podría también incluir una severa reducción del subsidio a los partidos políticos y la desaparición de los diputados federales y senadores de Representación Proporcional, conocidos genéricamente como Plurinominales.
De entrada, nada extraño sería que la propuesta de Sheinbaum Pardo pudiera tener vasos comunicantes con la iniciativa de López Obrador, de crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), que asumiría las funciones de los 32 instituto electorales estatales en las entidades federativas. Reforma que tendría en lo inmediato dos efectos esenciales: reduciría en casi 30 mil millones de pesos el financiamiento de los 32 institutos electorales de los estados, cuyas tareas serían asumidas por el nuevo órgano electoral nacional y rompería con los cacicazgos que controlan los comicios en las regiones del país.
Con la desaparición de los organismos electorales estatales se terminaría la perniciosa injerencia de los gobernadores y los caciques regionales, que suelen manipular a capricho los comicios locales, al amparo de la premisa de que quien paga manda. Y otro beneficio adicional sería la reducción de por lo menos 8 mil millones de pesos de financiamiento a los partidos políticos en el ámbito de los estados, cantidad que en los comicios de 2024 se destinó para ese propósito.
La iniciativa de reformas constitucionales que presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 advertía en su exposición de motivos que “se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.
Además, explicaba la iniciativa de AMLO que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir realizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”.
ELECCIONES CARAS
Los procesos electorales en México son cada día más caros. De los 11 mil millones de pesos que costaron los comicios presidenciales del 2006, el financiamiento llegó a los 36 mil millones de pesos en las elecciones presidenciales del 2024. Pero en los años intermedios hubo gastos exageradamente altos, como los del subsidio de la estructura electoral en 2021, que superó los 30 mil millones de pesos.
Pero, sin duda, el proceso electoral más caro, en todos los sentidos, fue el de 2024, pues tan sólo para financiar la estructura del Instituto Nacional Electoral se destinaron 22 mil millones de pesos. El gasto en siete partidos políticos fue verdaderamente ofensivo para la gente, más de 10 mil millones de pesos despilfarrados en sólo 12 meses.
Para 2025 la reducción en el gasto electoral fue apenas menor en 5 mil millones de pesos, pero aún así rebasará la fabulosa cantidad de 30 mil millones de pesos.
EL DESPILFARRO ESTATAL
La idea de que la autoridad electoral nacional asuma las funciones de todos los institutos electorales estatales no es descabellada, primero porque se desmantelarían las redes regionales de control de los gobernadores sobre los comicios y además habría un ahorro muy importante. El costo de todo el aparato electoral de las 32 entidades de la República durante el 2024 representó 18 mil 679 millones de pesos, a los que se sumaron 8 mil 836 millones de pesos de financiamiento estatal a los partidos políticos.
Si hacemos la suma del total de financiamiento federal y estatal a los organismos electorales y a los partidos políticos durante 2024 llegaríamos a la impresionante suma de 60 mil 282 millones de pesos. Ese presupuesto representó más que todo el gasto anual de varias entidades del país, que en ese mismo año tuvieron egresos menores, como fueron los casos de Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes.
La iniciativa de reformas constitucionales que López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consideraba modificaciones a la Fracción V del Artículo 41 constitucional, con respecto a la creación y las funciones del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
“Apartado A. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es un organismo público autónomo, en los términos que establezca la ley, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos nacionales y la ciudadanía. En el ejercicio de esta función de Estado la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad serán principios rectores”.
Y proponía lo siguiente, sobre la integración del nuevo organismo: “El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con áreas auxiliares y órganos temporales, en los términos que señale la ley respectiva. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros y consejeras electorales. Quien reciba más votos al momento de su elección ocupará su presidencia”.
De acuerdo con la propuesta de López Obrador, “las personas titulares de la presidencia y consejeras electorales durarán en su cargo seis años y no podrán ser reelegidas. Serán votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda”.
¿Cómo se llevaría cabo este procedimiento según la propuesta de AMLO?
a).- La Cámara de Diputados emitiría la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a consejeras y consejeros electorales el día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables”.
Este periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados es el que se inicia el primero de septiembre de cada calendario.
b).- Cada uno de los Poderes de la Unión postularía hasta diez personas de manera paritaria: el Poder Ejecutivo lo haría por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República; el Poder Legislativo postularía hasta cinco personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postularía hasta diez personas por mayoría de seis de los nueve votos de los ministros que la integrarán.
¿Cómo propone la iniciativa de López Obrador que se lleve a cabo el procedimiento para la elección de consejeros electorales?
a).- La Cámara de Diputados recibiría las postulaciones, verificaría que las candidaturas propuestas cumplieran los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en las leyes, y remitiría el listado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas antes de que concluyera el año anterior al de la elección que corresponda, a efectos de que organice el proceso electivo. Los Poderes de la Unión que no remitieran postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva no podrían hacerlo posteriormente.
b).- El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas efectuaría los cómputos de la elección y los comunicaría a la Cámara de Diputados que, de inmediato, realizaría y publicaría la suma, y enviaría los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvería las impugnaciones, calificaría el proceso y declararía sus resultados antes de que el Senado de la República instalara el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas electas tomarían protesta.
Esto ocurriría en la primera sesión del Senado de la República con la que inicia sus trabajo el primero de septiembre de cada año.
Nada extraño sería que la iniciativa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envíe al Congreso de la Unión tenga similitudes con la del exmandatario López Obrador, tomando en consideración que quien coordinará las tareas del Comité que la elaborará será el mismo que hizo esa tarea para las iniciativas formuladas en febrero del 2024: Pablo Gómez Álvarez.
