La FGR de Alejandro Gertz Manero cerró más investigaciones sin proceder penalmente que la mayoría de las fiscalías del país, una cifra inusual si se considera que fue el doble al acumulado de 29 fiscalías.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero cerró durante 2024 un alto porcentaje de carpetas mediante el no ejercicio de la acción penal, en una proporción que fue el doble al acumulado de 29 fiscalías y procuradurías generales de justicia estatales, según datos oficiales.
En México una investigación puede concluir anticipadamente de diversas formas y una de ellas es cuando se determina el no ejercicio de la acción penal, es decir, cuando el Ministerio Público decide no proceder con una acusación penal porque considera que el hecho denunciado no es un delito o no se cuenta con pruebas suficientes, o porque existe una causa legal de sobreseimiento como la prescripción, la inocencia del acusado o la muerte del imputado, causales previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que la FGR, durante el 2024, cerró más carpetas sin ejercer acción penal, o sea, sin enviarlas a un juez, respecto al 2023.
El porcentaje de estas determinaciones sobre su total es del 66.7 por ciento, casi el doble del que reportaron en conjunto las fiscalías y procuradurías estatales, quienes del total de las carpetas de investigación que determinaron concluir sin acción penal fue del 33 por ciento. En otras palabras, la FGR cerró más investigaciones sin proceder penalmente que casi todas las fiscalías del país.
Tras siete años al frente de la institución, Alejandro Gertz Manero finalmente presentó su renuncia el jueves pasado después de varias horas de incertidumbre. El Senado la aceptó el mismo día, luego de leer la carta en la que él argumentó que dejaba el cargo porque la Presidenta le ofreció una Embajada “en un país vecino”.
Su salida, largamente pedida por amplios sectores, generó tanto alivio como sorpresa, porque pese a las críticas de su gestión, él había logrado la hazaña de permanecer en el puesto sin cambios. Durante estos años, su administración no destacó por resultados, sino por la ausencia de los mismos.
Desde su llegada en 2019, tuvo en sus manos investigaciones importantes relacionadas con el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellas la Estafa Maestra, Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema Pegasus y el caso Ayotzinapa.
Con el tiempo se agregaron otros expedientes relevantes, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como una vía hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón y del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
Sin embargo, todos estos casos se debilitaron o quedaron estancados y la FGR no logró concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.
Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que Gertz Manero hizo un buen trabajo, este viernes en la conferencia matutina lanzó una frase en la que implícitamente reconoce que a la Fiscalía ya le hacía falta un cambio de timón.
"Yo pienso que —es una opinión personal— que la Fiscalía requiere también de una Transformación para el bien de México, que sea más transparente”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado viernes al hablar de la nueva etapa que debe iniciar en la institución tras la salida de Gertz Manero.
La Presidenta insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre fiscalías y, aunque su frase no constituye un reconocimiento abierto de la crisis en la FGR, el hecho de plantear que requiere una transformación “para el bien” implica que las cosas no estaban funcionando plenamente.
Para comprender el comportamiento general es útil revisar el número de carpetas de investigación abiertas cada año entre 2020 y 2024.
En la FGR, la tendencia registró variaciones pero sin cambios abruptos: en 2020 abrió 78 mil 463 carpetas; en 2021 fueron 77 mil 594; en 2022 prácticamente se mantuvo con 77 mil 652; en 2023 aumentó a 80 mil 145; y en 2024 disminuyó a 78 mil 611 carpetas de investigación abiertas.
En contraste con los estados, las carpetas de investigación que abrieron en conjunto las 29 fiscales — excepto la Ciudad de México, que no entregó información completa— sus totales son naturalmente mayores al acumular las cifras de las 29 instituciones.
No obstante, es en la tendencia y el comportamiento en donde se nota un contraste, ya que, mientras la FGR fluctuaba con altas y bajas la apertura de carpetas de investigación, en el acumulado de las fiscalías estatales la tendencia iba en aumento con los años, hasta el 2024 que rompió la racha de incremento y el número disminuyó.
Y es que, por ejemplo, las 29 fiscalías estatales en 2020 abrieron 1 millón 364 mil 603 carpetas; en 2021 aumentó la cifra a 1 millón 981 mil 752; en 2022 volvieron a subir a 2 millones 87 mil 153; en 2023 alcanzaron 2 millones 227 mil 483; y ya en 2024 , se rompe la tendencia y bajaron a 1 millón 908 mil 616.
No obstante, el contraste más marcado aparece en las conclusiones de las investigaciones. En 2024 la FGR reportó 91 mil 911 conclusiones en las carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, una cifra que representa un incremento de cinco por ciento respecto a 2023.
De esas conclusiones, el 66.7 por ciento (61 mil 285) correspondió al no ejercicio de la acción penal, el 9.48 por ciento fue por incompetencia ( es decir que 8719 carpetas el MPF se declaró incompetente), mientras que sólo el 17 por ciento ( 15 595) correspondió al ejercicio penal. Esto significa que dos de cada tres carpetas concluidas por la FGR fueron cerradas sin judicializarse.
Al comparar las cifras con el año anterior el crecimiento es evidente: en 2024 se registraron 61 mil 285 determinaciones de no ejercicio penal, frente a 55 mil 334 en 2023. En contraste, las carpetas que sí derivaron en ejercicio penal disminuyeron: 15 mil 595 concluyeron con judicialización en 2024, mientras que en 2023 fueron 16 mil 463. Es decir, mientras aumentó el no ejercicio penal, disminuyeron las determinaciones que llevaron a un proceso ante un juez.
Otras maneras en que una carpeta se puede cerrar anticipadamente es por que el MP se declara incompetente, por criterio de oportunidad o por archivar las carpetas.
En cuanto a otras vías de conclusión también aumentaron. Las carpetas cerradas por incompetencia subieron de 8 mil 84 en 2023 a 8 mil 719 en 2024. Las conclusiones por acumulación pasaron de 2 mil 390 a 2 mil 446. Los acuerdos reparatorios aprobados por el Ministerio Público crecieron de 1 mil 610 en 2023 a 2 mil 125 en 2024.
Los criterios de oportunidad se mantuvieron prácticamente iguales, con 215 en 2024 frente a 212 del año anterior. Un dato destacado es la fuerte caída en los archivos temporales: de 1 mil 981 en 2023 a sólo 134 en 2024, reducción que contrasta con el aumento en otras vías de conclusión, principalmente aquellas que implican no ejercer acción penal.
Al comparar los porcentajes globales, la diferencia entre la FGR y las fiscalías estatales se hace más clara. Del total de determinaciones de la FGR en etapa inicial, 66.7 por ciento corresponden al no ejercicio penal. En las fiscalías estatales, del total de 1 millón 520 mil 535 determinaciones, 37.9 por ciento corresponde a archivos temporales, 31.1 por ciento a no ejercicio penal y 16.3 por ciento al ejercicio penal. Esto muestra que las entidades ejercen acción penal proporcionalmente más que la FGR y concluyen un menor porcentaje de investigaciones sin judicializar.
Incluso en números absolutos, las fiscalías y procuradurías estatales superan a la FGR ya que en 2024 concluyeron 247 mil 312 carpetas con ejercicio penal, mientras que en el año 2023 fueron 187 mil 807; es decir, mientras las estatales registraron un incremento en el cierre de sus carpetas con judicializaciones, la FGR redujo el número en ese mismo rubro.
Otro aspecto relevante es el comportamiento de las órdenes judiciales. Al inicio de 2024 la FGR tenía 6 mil 154 órdenes pendientes de cumplimentar. Ese año se giraron 2 mil 461 órdenes de aprehensión y se cumplieron 2 mil 897, por lo que cerró el periodo con 5 mil 715 órdenes aún pendientes, según el mismo censo.
En materia de aseguramientos también hubo cambios. En 2024 la FGR aseguró 24 mil 236 armas de fuego: 9 mil 876 largas, 12 mil 356 cortas y 1 mil 822 artesanales. Las entidades con más aseguramientos fueron Sonora (10 por ciento del total), Baja California (9.6 por ciento) y Nuevo León (6.9 por ciento). En comparación con 2023 —cuando se aseguraron 28 mil 280 armas, la cifra más alta desde 2020— hubo una disminución de 14.5 por ciento. En años previos la tendencia había sido fluctuante: en 2022 se aseguraron 23 mil 378 armas; en 2021, 21 mil 751; y en 2020, 19 mil 708.
Personal en las fiscalías
Las diferencias entre la Fiscalía General de la Republica y las fiscalías y procuradurías estatales revelada en el Censo de Procuradución de Justicia del Inegi no solo muestra la disparidad en la forma que se se dan por terminadas las carpetas de investigación sino que también hay una diferencia clara en la estructura y disponibilidad del personal que sostiene.
De acuerdo con las cifras del Inegi, en el año 2024 existían en todo el país 4 mil 580 unidades administrativas y agencias o fiscalías del Ministerio Público, de las cuales únicamente 165 pertenecían a la Fiscalía General de la República, mientras que 4 mil 415 correspondían a las fiscalías y procuradurías estatales, un contraste significativo que confirma la enorme asimetría operativa entre la institución federal y las entidades, la cual tiene su justificación ya que las fiscalías estatales atienden delitos del fuero común, que son mayores, y la FGR atiende delitos del fuero federal, que tienden a ser menos. Es por ese motivo que el hecho de que la FGR concentre un mayor porcentaje de carpetas cerradas sin ejercer acción penal sobre las estatales, es muy notoria.
En cuanto al personal, la FGR ha mantenido cifras relativamente estables, aunque con variaciones menores desde 2020, según el Inegi, que muestra que en el año 2020; la FGR contaba con 20 mil 721 trabajadores, para 2021 bajó a 19 mil 963, en 2022 descendió aún más a 19 mil 587, mientras que en 2023 volvió a subir ligeramente a 19 mil 987 y en 2024 alcanzó 20 mil 214 personas, es decir, la plantilla de la Fiscalía ha oscilado sin cambios significativos, manteniéndose alrededor de los 20 mil puestos durante los últimos cinco años, lo que plantea otro contraste, ya que con prácticamente el mismo tamaño de personal ha incrementado su proporción de carpetas concluidas mediante no ejercicio penal, mientras que las fiscalías estatales, aun con una estructura mucho más extensa, registran porcentajes menores en esta vía de cierre.
Pero otro aspecto a destacar también se encuentra en áreas estratégicas como las unidades de inteligencia y análisis criminal. Por ejemplo, la FGR frente a las 29 fiscalías estatales, es la dependencia que más agentes asigna a ese tipo de unidades, con un total de 525 elementos, una cifra muy superior a la del estado con mayor número de especialistas, que es Guanajuato, que reportó 216 agentes, menos de la mitad de los que opera la Fiscalía General.
Sin embargo, aunque la FGR destina más destina más agentes a unidades de inteligencia, esa ventaja número no se ve reflejada con un enfoque diversificado dentro de las funciones clave de la inteligencia criminal. Sobre este punto es importante explicar que las agencias de inteligencia criminal tienen varias áreas que en conjunto se vuelve clave para la investigación como el análisis de investigación de campo, la generación de bases de datos, el desarrollo de software, como análisis táctico, análisis estratégico y el análisis de contexto.
No obstante de esos 525 agentes federales que la FGR destinó el 38.1 por ciento estaba destinado al análisis táctico, el 17.5 por ciento al análisis estratégico, mientras que el 44.4 por ciento a una categoría denominada “otra”, sin especificación del tipo de análisis realizado. Lo significativo es que la FGR reportó cero agentes asignados a rubros esenciales como el análisis de investigación de campo, la generación de bases de datos, el desarrollo de software o el análisis de contexto, áreas que son determinantes para investigaciones complejas, crimen organizado o redes delictivas de carácter estructural.
El Censo también mostró que las unidades de inteligencia y análisis de la FGR sí desarrollaron diversos productos durante 2024. El Inegi reporta que 24 unidades elaboraron fichas delictivas, redes de vínculos y análisis de telefonía; 21 realizaron mapeo georreferencial; 19 elaboraron mapas; 18 construyeron redes de cruces; 13 trabajaron líneas de tiempo y 11 generaron panoramas criminales, actividades que confirman que la Fiscalía, aunque si bien sí cuenta con producción de inteligencia, esa se destina o mejor dicho se concentra principalmente en labores tácticas y sin presencia en áreas técnicas de diseño de bases de datos, desarrollo tecnológico o análisis de contexto más sofisticado, lo que vuelve a evidenciar la desconexión entre el volumen de agentes asignados a inteligencia y la ausencia de distribución en tareas clave para investigaciones de largo alcance.
