La lucha global contra el narcotráfico, encabezada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se enfrenta a una crisis de credibilidad sin precedentes. Una serie de escándalos de corrupción y mala conducta dentro de la agencia han socavado la confianza pública, prolongando una "sangrienta guerra" contra el crimen organizado. De hecho, mientras la DEA intenta presentarse como una fuerza imparable en la lucha contra el fentanilo, su integridad se desmorona desde dentro, con agentes de alto nivel vinculados directamente a los cárteles que se supone deben combatir.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– La lucha global contra el narcotráfico, liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se ha visto comprometida por una serie de escandalosos casos de corrupción y mala conducta dentro de sus propias filas que han socavado la confianza y prolongado la sangrienta guerra de Estados Unidos contra el crimen organizado.
De hecho, mientras la DEA proclama logros en la lucha contra el fentanilo, su integridad se ve manchada por los vínculos criminales y el mal desempeño de agentes de alto nivel. El caso más reciente involucra a Paul Campo, un exagente de 61 años con una carrera de 25 años en la agencia antidrogas estadounidense, quien, junto a un asociado, fue acusado en Nueva York de conspirar para lavar millones de dólares y obtener armamento de uso militar para el peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.
Los fiscales alegan que Campo, que llegó a ser subdirector de operaciones financieras de la agencia, se ofreció a ser "estratega" del cártel. La pareja fue sorprendida en una operación encubierta, habiendo blanqueado cerca de 12 millones de dólares del narcotráfico y explorado la adquisición de drones, rifles semiautomáticos (AR-15, M4), lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el grupo criminal.
Ex agente de la DEA, Paul Campo, acusado de lavado de dinero, al menos $12 millones, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
👉Campo trabajó para la DEA durante aproximadamente 25 años, primero en Nueva York y luego ascendió como subdirector de la Oficina de Operaciones… pic.twitter.com/CZEkPC4YbT— Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 5, 2025
Este caso se suma al de Fernando Gómez, otro agente especial de la DEA, acusado de participar en una conspiración de narcóticos de una década y de proporcionar armas de fuego a una organización de narcotráfico conocida como La Organización de Narcotraficantes Unidos (“La ONU”). Según los fiscales, Gómez utilizó su posición para ayudar a los miembros de la conspiración a evadir el procesamiento de las autoridades.
Hace un año, en octubre de 2024, también se dio a conocer el caso de Joseph Bongiovanni, de 60 años, declarado culpable de haber empleado su cargo para proteger a narcotraficantes que creía estaban asociados con el crimen organizado. La fiscalía afirmó que Bongiovanni, durante al menos una década, protegió a amigos de la infancia que se convirtieron en narcotraficantes y a otros sospechosos con vínculos con el crimen organizado, poniéndolos al tanto de las investigaciones y falsificando informes de la DEA. Fue acusado de aceptar al menos 250.000 dólares en sobornos que, según la fiscalía, utilizó para cubrir necesidades básicas, así como para viajes y otros lujos.
Un mes antes, en abril un juez federal condenó a John Costanzo Jr., un veterano agente de la DEA, a cuatro años de prisión por filtrar información de la agencia a abogados defensores en un plan de soborno de 100 mil dólares que, según los fiscales, puso en peligro casos de drogas y las vidas de informantes confidenciales.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, admitió que, si bien Campo ya no trabajaba para la agencia, las acusaciones "minan la confianza en las fuerzas del orden". Sin embargo, los casos no son aislados. Una investigación de Associated Press ha documentado al menos 16 agentes de la DEA acusados de cargos federales en la última década por delitos que van desde tráfico de drogas y pornografía infantil hasta filtración de información.
Ante estas deficiencias de supervisión, la agencia ha implementado nuevos controles desde 2021 sobre el uso de fondos en operaciones encubiertas y advirtió a los agentes que pueden ser despedidos por una primera infracción grave de mala conducta.
En respuesta a la crisis, la administración estadounidense lanzó la iniciativa "América Libre de Fentanilo" (Fentanyl Free America). El administrador Cole ha destacado la intensificación de las operaciones que, según él, están ejerciendo una presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro.
Cole ha asegurado que con esta iniciativa se ejerce una presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro de fentanilo, obligando a narcoterroristas, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, a modificar sus prácticas comerciales. Lo cierto es que hace tan solo una semana uno de sus agentes cayó acusado precisamente de lavar dinero para el Cártel de Jalisco.
Ls propios datos de inteligencia de la DEA indican que los cárteles, como el de Sinaloa y el CJNG, están modificando sus prácticas, aumentando el tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas, lo que subraya la naturaleza adaptable y persistente de la amenaza.
La corrupción y la ineficacia en una agencia fundamental como la DEA no solo son un problema de seguridad nacional, sino que representan una grieta que el narcotráfico explota para perpetuar un ciclo de violencia y muerte a nivel global. Los éxitos operativos contrastan dolorosamente con la necesidad urgente de sanear una institución clave en la guerra contra las drogas.
El propio Terry Cole ha sido ligado a dos masacres por el pésimo actuar de la DEA. Uno en Colombia; el otro en Allende, Coahuila, en México. La naturaleza precisa de su responsabilidad nunca se ha hecho pública, ya que la DEA se ha negado a publicar dos informes internos que se elaboraron tras el derramamiento de sangre en ambos países.
El primero de los incidentes mortales tuvo lugar en 2006 en Bogotá, donde Cole estaba destinado como agente especial. Un escuadrón de élite de 10 policías colombianos antinarcóticos, que habían sido examinados por el polígrafo de la DEA y que trabajaban directamente con Cole, fueron asesinados a tiros por un pelotón de soldados colombianos. Estos soldados fueron posteriormente condenados por trabajar para narcotraficantes.
Cinco años después, en 2011, Cole trabajaba como supervisor de grupo en la oficina local de la DEA en Dallas, desde donde supervisaba una investigación sobre el liderazgo del poderoso cártel de Los Zetas en México.
La tragedia se desencadenó cuando un agente subordinado a Cole, Richard Martínez, recibió una pista crucial sobre Los Zetas: las identificaciones rastreables de teléfonos BlackBerry pertenecientes a dos presuntos líderes del cártel, Omar y Miguel Treviño. La información fue entregada a sus superiores en Dallas y, siguiendo el protocolo, se compartió con la oficina de la DEA en la Ciudad de México, que luego autorizó su transmisión a la policía federal mexicana.
Poco después de que la información se compartiera, Los Zetas desataron una oleada de violencia en Allende, posiblemente en una frenética búsqueda de colaboradores de la DEA. Agentes del cártel llegaron en 50 camiones, sembrando el terror en una masacre que, según ProPublica, se extendió durante semanas a otras localidades. Las estimaciones oficiales de la masacre hablan de al menos 28 personas muertas o desaparecidas, aunque algunas cifras no oficiales elevan la cifra a 300.
El fiscal federal adjunto, Ernest González, que trabajó en el caso, expresó su disgusto por la decisión de la dirección de la DEA de pasar las cifras a México, declarando a ProPublica que "Fue una gran oportunidad. Pero se desperdició porque no se hizo correctamente”.
En diciembre de 2017, ProPublica dio a conocer otro ataque de Los Zetas en 2010 a un Holiday Inn en Monterrey estaba vinculado a una operación de vigilancia de la DEA. Un comando de sicarios irrumpió en el hotel, instaló retenes y, al llegar al quinto piso, secuestró a cuatro huéspedes y a la recepcionista.
Las víctimas —entre ellas un ejecutivo de marketing, un ingeniero químico y una profesora universitaria— fueron separadas y se presumen muertas, a pesar del pago de un rescate por parte de la familia de una de ellas. El motivo del ataque, según el documento, fue un error logístico fatal: los secuestradores confundieron a los civiles con agentes de la ley que horas antes habían abandonado el lugar.
La operación que desencadenó el ataque era dirigida por la DEA con miembros de su Unidad de Investigación Sensible (SIU), un equipo élite de policías federales mexicanos. Su objetivo era rastrear a Héctor Raúl Luna, alias "El Tori", un líder de Los Zetas que, al parecer, se enteró de la vigilancia. Un error obligó a los miembros de la SIU a mudarse a otro hotel justo antes de la incursión del cártel. Los Zetas, al no encontrar a sus blancos, se llevaron a los cinco civiles cuyo perfil coincidía vagamente con el de los agentes. Este secuestro por equivocación se convirtió en un desastre diplomático encubierto que puso en evidencia los riesgos de las operaciones binacionales.
Tras el incidente, la respuesta de la DEA fue de silencio y evasión. La agencia evacuó a sus agentes y, lo que es más grave, nunca reveló su papel a las autoridades mexicanas ni ofreció ayuda para investigar el secuestro o rastrear a los responsables.
El caso del Holiday Inn se enmarca en una década de problemas con el programa SIU, que estuvo plagado de corrupción, filtraciones de información y ataques internos. El documento sugiere que la fuga de inteligencia a Los Zetas pudo haber provenido de las filas de la propia SIU, un equipo que se suponía de alta confianza. Este incidente no solo costó la vida a civiles inocentes, sino que también desnudó la fragilidad y los riesgos colaterales de la estrategia antidroga estadounidense en suelo mexicano.
