El Gobierno de México aceptó la responsabilidad por la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados para atender a Ernestina Ascensio Rosario, víctima de una violación cometida por militares durante el sexenio de Felipe Calderón.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México aceptó el martes su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años de edad que fue víctima de violación sexual y graves lesiones cometidas por militares durante el sexenio del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Por medio de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondieron a la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya instancia notificó la sentencia del Gobierno de México por el caso de la mujer originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz.
"Durante la audiencia del caso, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados", informaron ambas dependencias.
"También de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares; así como el derecho a la integridad personal de sus familiares", se agregó en el comunicado.
En este sentido, la Segob y la SRE señalaron que la posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición, por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia, a fin de actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional.
La CIDH constató que Ernestina Ascencio, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz, fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de la "guerra contra el narcotráfico" encabezada por Calderón desde 2006.
En forma adicional, la Corte determinó que la investigación ministerial de los hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres y que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor en un contexto de militarización.
Concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias; y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del Gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.
La CIDH se refiere a las declaraciones de Calderón del 13 de marzo de 2007, cuando aseguró ante la prensa, sin pruebas, que Ernestina Ascencio "falleció de gastritis crónica no atendida, no hay rastros de que haya sido violada".
Las declaraciones del expresidente se dieron cuando las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estaban todavía en curso.
Ya en 2020, cuando el caso se reabrió, el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó: “En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición por supuesto es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la CIDH esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de derechos humanos, y las instrucciones del Presidente para atender estos asuntos”.
