El estado de Jalisco impuso un "tarifazo" de 14 pesos en el transporte público tras un pacto opaco. Diversas voces denuncian un aumento ilegal que golpea al bolsillo.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La reciente aprobación del incremento a la tarifa del transporte público provocó una oleada de inconformidad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Mientras el Gobierno estatal lo presenta como un ajuste indispensable para la modernización del sistema, sectores sociales, académicos y legisladores locales lo califican como un duro golpe para los trabajadores, en un contexto de encarecimiento generalizado de la vida.
A partir del 1 de abril de 2026, el pasaje pasará de 9.50 a 14 pesos, lo que representa un aumento del 47.37 por ciento. El ajuste desató marchas, detenciones y presión social contra el Gobierno de Pablo Lemus en Jalisco. En una de estas manifestaciones, el pasado 10 de enero, cuatro jóvenes involucrados, entre ellos estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fueron detenidos acusados de vandalismo y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple.
Colectivos y organizaciones denunciaron que estas acciones fueron privaciones ilegales de la libertad y "secuestros" con el objetivo de amedrentar a quienes participen en futuras protestas. Los jóvenes recuperaron su libertad este domingo. No obstante, la Fiscalía General del Estado señaló que continuará con la integración de la carpeta de investigación para decidir si el caso se judicializa posteriormente.
Lemus "cede" a medias
Ante la presión social, el Gobierno encabezado por el emecista Pablo Lemus anunció un subsidio para que el costo efectivo del viaje sea de 11 pesos. Sin embargo, para acceder a este beneficio, los usuarios deberán entregar información personal sensible, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial del INE con domicilio en Jalisco, comprobante de residencia reciente, correo electrónico y número telefónico.
Una vez completado el registro, los usuarios recibirán la llamada “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, mediante la cual el Gobierno estatal cubrirá la diferencia de tres pesos por viaje. De acuerdo con el Gobernador, este esquema contará con un fondo de mil 200 millones de pesos para 2026.
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— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) January 15, 2026
La Universidad de Guadalajara (UdeG), junto con legisladores de Morena, denunció que el aval al tarifazo —aprobado a finales de diciembre de 2025— fue otorgado por líderes empresariales, sindicatos corporativizados y representantes del Gobierno estatal. Además, integrantes del Comité Técnico Tarifario calificaron el aumento como ilegal, al no haber sido sometido a votación formal. Señalaron que la decisión carece de sustento técnico y responde a un acuerdo político fraguado durante el periodo vacacional decembrino para evitar el escrutinio ciudadano.
¿El aumento fue legal?
De acuerdo con los estudios técnicos elaborados para 2026, la tarifa debía ubicarse en 11.17 pesos. No obstante, la Secretaría de Transporte incorporó de manera arbitraria el monto de 14 pesos, con la promesa de que no habrá nuevos incrementos durante el resto del sexenio de Pablo Lemus.
La UdeG y legisladores de Morena advirtieron además que el esquema carece de sustento normativo. Sostienen que el subsidio de mil 200 millones de pesos no constituye un apoyo social, sino una transferencia directa de recursos públicos a los concesionarios del transporte, utilizando el erario para cubrir un sobreprecio injustificado.
Guadalajara sale a la calle en contra del aumento de la tarifa del transporte público! 🫶🏻🚌 pic.twitter.com/ozJgaWhleX
— Juan Yves Palomar Oetling (@JuanYvesPalomar) January 10, 2026
Quienes se oponen a la medida alertan que el subsidio funciona como un “peaje” de acceso a un derecho básico, en el que los ciudadanos deben entregar sus datos personales al Gobierno para no pagar la tarifa completa de 14 pesos.
“Es un esquema que beneficia a los transportistas con recursos públicos y utiliza la necesidad de la gente para alimentar bases de datos de identidad”, denunciaron críticos desde la bancada de Morena.
La respuesta social no se ha hecho esperar. La Universidad de Guadalajara y diversos colectivos ciudadanos anunciaron una cascada de amparos para revertir el aumento, al considerar que viola el principio de reserva de ley, carece de transparencia y excluye una participación ciudadana real.
Además, diputados de oposición y organizaciones sociales convocaron a una marcha de protesta este sábado 17 de enero, a las 17:00 horas, que partirá del Parque Rojo y concluirá frente a Palacio de Gobierno.
