El Tribunal indicó que la normatividad vigente señala que cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, se renovarán los vehículos.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros "con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional".
Se trata de nueve camionetas blindadas tipo Jeep que, de acuerdo con un comunicado oficial, sustituirán una flotilla que ya no garantizaba la seguridad de las y los ministros.
De acuerdo con la SCJN, "esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales".
Tarjeta Informativa | La #SCJN informa sobre la renovación de vehículos oficiales para ministras y ministros. 👇 pic.twitter.com/sTftp30eiH
— Suprema Corte (@SCJN) January 22, 2026
Renovación se hizo con apego a la normatividad vigente
La institución, que fue renovada tras la Reforma Judicial el año pasado, apuntó que dicha compra se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
"Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido", precisó la institución.
"Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional", finalizó la Corte.
La institución de imparticipación de justicia no precisó el costo de la compra de los vehículos.
