Lejos de enojo, fue indignación, dice Abelina Ramírez. La Presidenta escuchó a jornaleros y jornaleras en San Quintín y encaró a funcionarios por no cumplir con su labor.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- No fue enojo, fue indignación. El regaño de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a funcionarios locales en San Quintín, Baja California, fue más que una simple molestia, dice Abelina Ramírez. La líder de jornaleros agrícolas estuvo muy cerca de la mandataria ese día. Un pueblo donde el trabajo de las familias jornaleras, sumidas en la pobreza, enriquece a unos cuantos; mientras las autoridades piden una foto para sus redes sociales. Eso le causó tristeza; pero, sobre todo, indignación, concluye.
“Fue muy importante que la Presidenta lo viviera en carne propia, este acercamiento con las y los trabajadores” y les escuchara directamente, señala Abelina Ramírez, quien llegó a San Quintín hace más de 20 años.
Ella y su familia atravesaron el país desde Oaxaca, en busca de trabajo en los campos de Baja California. Salarios por debajo de la mitad del salario mínimo; despidos injustificados; violencia laboral y acoso sexual contra las jornaleras; falta de seguridad social, de contratos y de acceso a servicios de salud. Eso fue parte de lo que le contaron.
“San Quintín está viviendo una situación política tremenda, que nunca lo habíamos vivido. Afortunadamente, la Presidenta desde que llegó, vio, escuchó, recibió las quejas. Entonces, eso le indignó”, recapitula Abelina Ramírez. “Yo creo que fue una indignación que sintió al ver a sus servidores públicos que no están haciendo su trabajo, pero también de sentir lo que la gente siente”.
Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó San Quintín, un lugar emblemático por varios motivos. Porque condensa las violencias del modelo agroexportador, la falta de intervención del Estado y los movimientos de resistencia. Pese a tener todo en contra, las trabajadoras y los trabajadores de ese lugar se han organizado para exigir por sus derechos más básicos, crearon sindicatos, realizaron una caravana hasta la capital del país, se han ido a huelgas. Pero siguen viviendo explotación laboral.
Eso se debe no sólo a las empresas, sino también al “abandono institucional”, apunta Margarita Nemecio, defensora de los derechos de las familias jornaleras migrantes. Según Abelina Ramírez, la Presidenta estuvo más de tres horas y media escuchando a jornaleros y jornaleras. Después presentó el Plan de Justicia para San Quintín y al término del evento, legisladores y funcionarios locales le pedían, emocionados y a gritos, una foto. Fue el colmo.
La mandataria, que ya había pasado de largo, regresó “¡Hay que trabajar por la gente, todos ustedes! ¡A trabajar más con la gente! ¡A dejar de estar más allá y trabajar en territorio!”. Fueron evidentes el tono, el gesto, la mirada hacia esos funcionarios. Un breve video captó el momento y se volvió viral.
“Lejos de estar enojada, estaba indignada. Estaba triste de que los servidores públicos no están haciendo su trabajo. A nivel estatal yo he visto que no han hecho un trabajo bien”, dice Abelina Ramírez, de origen binnizá (zapoteca). “Ella manifestó esa tristeza que le dio de que en San Quintín haya tanto rezago, tanta pobreza, tanta marginación. Cuando sabemos que es un pueblo que produce, que es rico, de gente trabajadora”.
Para Margarita Nemecio, Coordinadora de Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), el regaño a los funcionarios “era demasiado necesario”.
El hartazgo que fue creciendo
San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
Por ejemplo, tan sólo con la fresa en el ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025, San Quintín generó más de cuatro mil 677 millones de pesos con la producción de 106 mil 516 toneladas. Según la Secretaría de Agricultura, en esta producción participó en menor medida el municipio de Ensenada. El 90 por ciento de esa cosecha se exportó “a los mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos”. A México le quedó el 10 por ciento.
En 2020, San Quintín se convirtió en el séptimo municipio de Baja California. Actualmente lo habitan más de 130 mil 800 personas, según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 de la Secretaría del Bienestar. El 41 por ciento vive en pobreza y el cinco por ciento, en pobreza extrema. El 33 por ciento se considera indígena. Tres de cada 10 personas padecen rezago educativo, seis de cada 10 no cuentan con seguridad social y el 20 por ciento no tiene alimentación nutritiva y de calidad.
Según el Censo Agropecuario (CA) 2022, en San Quintín trabajaban 43 mil 763 personas en los surcos, el 66 por ciento son hombres y el 24 por ciento, mujeres. Las cifras oficiales indican que el salario promedio era de más de 300 pesos. Sin embargo, Abelina Ramírez, quien fue la dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (SINDJA), rechaza esos datos.
En 2026, el salario mínimo profesional para el trabajo jornalero agrícola en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 441 pesos diarios. Pero de acuerdo con Abelina Ramírez, muchas personas no reciben ni 200 pesos al día.
“Una modalidad que se ha ido extendiendo a otros estados es el de ‘saliendo-pagando’. O sea, que trabajas por unas horas y al momento en que sales, te pagan”, señala Margarita Nemecio. Es un esquema ventajoso para las empresas, pues es como si trabajaran por honorarios, explica. De esa manera, les pagan una cantidad menor y evitan inscribirles en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Margarita Nemecio, quien dedica gran parte de su vida a defender a las jornaleras en diferentes entidades, indica que a lo largo del 2025 en San Quintín hubo varias protestas. Denunciaban la falta de pago de salarios y prestaciones. En diciembre, a mucha gente no le llegó el aguinaldo.
En algunos campos se fueron a paro de labores, “que se extendieron hasta por cuatro o cinco días”. Demandaban acoso laboral, pero principalmente que no les cumplieron el incremento al salario. Es lo mismo que buscaron erradicar en la huelga masiva de 2015, agrega la activista.
Según Abelina Ramírez y, muchas más jornaleras y jornaleros, la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, de Morena, no ha intervenido ante todas estas violaciones a sus derechos. San Quintín “está viviendo un caos y eso también ella (la Presidenta Claudia Sheinbaum) lo palpó, cuando ve que toda la gente está manifestando sus inconformidades y ella sabe muy bien la historia” de este territorio.
El municipio que levantaron las familias jornaleras
San Quintín comenzó como un asentamiento y ahora es un municipio “conformado por una diversidad intercultural” de personas que migraron ahí hace décadas, algunas llevan quizá hasta 50 años viviendo ahí, explica Margarita Nemecio. Pero aunque ya tienen una alcaldía, muchas familias jornaleras siguen viviendo sin los servicios básico, agrega la activista.
Desde hace meses, funcionarios federales han visitado San Quintín. Han acudido desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura, del IMSS y otras dependencias. La atención de las familias jornaleras fue uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Sheinbaum.
Finalmente, el sábado 31 de enero presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín. Para empezar, es un plan de justicia porque el Estado ha tenido una deuda histórica con quienes cosechan los alimentos que tenemos en nuestras mesas. Las familias jornaleras, incluidas niñas, niños y adolescentes, sostienen la industria agroalimentaria y agroexportadora. No obstante, trabajan bajo condiciones de explotación, habitan viviendas indignas y no pueden ejercer el derecho a la educación y a la salud cabalmente.
El Plan incluye, entre otros puntos, la construcción de un Hospital General de Zona con más personal de salud especializado y medicamentos. San Quintín también tendrá un Centro de Justicia Laboral, se creará un certificado obligatorio para que los exportadores cumplan con la seguridad social de sus trabajadores. Contempla el fortalecimiento de la educación en lengua mixteca, la mejora de la vivienda e infraestructura básica.
“En el discurso se escucha muy bien. Muy, muy bien. Pero no creo que eso va a terminar con la injusticia o la violación a los derechos de parte de las empresas. Esto no viene a decir: ‘ah, ya el gobierno va a hacer un plan de justicia y ya no vamos a tener chamba [el sindicato o las activistas]. No, yo creo que no”, dice escéptica Abelina Ramírez.
“Por ejemplo, cuando Zoé Robledo, Director General del IMSS, vino a San Quintín diciendo que iban a dar de alta a la mayoría de los trabajadores jornaleros agrícolas, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Cambiar de razón social. Y es otra manera de evadir esa responsabilidad”.
De acuerdo con la STPS, el Certificado Laboral para la Agroexportación es “una medida orientada a la formalización de cerca de 200 mil personas trabajadoras del sector agrícola”. Actualmente está en proceso de ser aplicado en el sector aguacatero de Michoacán “y se prevé que se extienda al sector de las berries este mismo año, principalmente en el municipio de San Quintín, Baja California, en todo el Bajío y Jalisco”.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya establece medidas para evitar que las empresas evadan afiliar a las y los trabajadores al IMSS, pero muchas lo siguen haciendo. Además, para la implementación del certificado son necesarias reformas a leyes federales.
La injusticia que migra
San Quintín es un reflejo de “una problemática que viven a nivel nacional las personas jornaleras que migran o que están asentadas”, dice Margarita Nemecio. Miles de familias completas migran cada temporada de cosecha desde las entidades más empobrecidas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Hidalgo o Veracruz. Dejan sus propias tierras para trabajar ajenas.
Muchas se van al norte. Pero esas mismas entidades expulsoras de fuerza de trabajo, también contrata a jornaleras y jornaleros. Los datos del Censo Agropecuario 2022 nos dice por qué es que miles prefieren salir de sus lugares de origen. Como lo muestra la siguiente tabla, Chiapas, Tabasco, Puebla, Guerrero y el Estado de México son las entidades con los jornales más bajos muy por debajo del salario mínimo, incluso si tomamos en cuenta el año 2022.
“Si bien es cierto que algunos actores mencionan que esto no sucede mucho con las empresas transnacionales, que exportan sus productos, y que esto sucede solamente con las rancherías, pero en general los reclamos siguen”, dice Margarita Nemecio.
Parte de la realidad que viven en el día a día de su trabajo las familias jornaleras son descuentos injustificados a su salario, castigos, cobros por materiales o servicios con costos que superan su sueldo, jornadas excesivas, viviendas precarias, altos precios en las tiendas de los albergues, relata la activista.
Como ocurría en el Porfiriato, pero adaptado a nuestros días, el mercado creó un modelo de contratación en el que delega funciones, incluida la explotación. Muchas empresas han logrado fragmentar a los trabajadores y las trabajadoras y hacer que algunos jornaleros ejerzan control y abusos contra sus colegas.
Margarita Nemecio aclara que “esto no se trata de criminalizar a nadie”, pero sí de destacar que las empresas crearon “han generado papeles perversos y nocivos en la relación laboral”. Lo anterior sucede en San Quintín y en otros municipios y entidades del país. Por ello, la activista cuestiona cómo el Plan de Justicia logrará erradicar esta forma de reclutamiento.
Y apunta a otro gran problema menospreciado: morir lejos de la tierra natal. Los costos de traslado superan los 50 mil pesos, una cantidad muchas veces impagables para las familias jornaleras. Y en esto, las autoridades de todas las entidades se niegan a apoyar, así que finalmente las personas son enterradas donde fallecieron.
“Es muy lamentable, a lo mejor hay otro tipo de carencias y necesidades, pero ésta es una de las más sentidas”, pues implica una ruptura dolorosa de sus raíces, sus rituales y su espiritualidad ancestrales. Además de la pobreza que les han provocado, se les niega el vínculo con la tierra y la memoria.
