El investigador Sergio Aguayo presentará el informe “En el Desamparo” sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila en el 2010 y 2011, respectivamente, y donde se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.
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Por Alejandro Montenegro
Ciudad de México, 5 de Octubre (SinEmbargo/Vanguardia).– El próximo domingo será presentado el informe “En el Desamparo”. Contiene la indagación que coordinó el investigador del Colegio de México (Colmex) Sergio Aguayo sobre las omisiones cometidas por las autoridades en las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila en el 2010 y 2011 respectivamente.
En el “Seminario sobre violencia y paz” que realiza el Colegio de México se revelará el contenido de la investigación que se originó de un convenio que firmó la institución con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Se llevará a cabo el 9 de octubre a las 11:00 horas en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
El investigador Sergio Aguayo, quien coordinó el proyecto, señala que en la investigación se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.
“En el 2010, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en San Fernando y en Allende desaparecieron a 300 personas, según se dice. En San Fernando hubo una atención inmediata, mientras que en Allende el caso fue olvidado por casi tres años”, señaló.
De la investigación surgirán dos resultados: en primera instancia se emitirá una serie de recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre las acciones que podrían tomar, pues tienen la facultad de sugerir a las dependencias gubernamentales y por otro lado se generará un informe que aparecerá de manera digital para consulta de cualquier persona.
“Generaremos un informe que aparecerá en forma de libro digital para aquellos interesados en estos temas de violencia, de memoria, de verdad. En la biblioteca del colegio se harán colecciones especiales para ser consultadas por especialista y así se da otro paso para contribuir a la comprensión de la violencia y que se generen políticas que ayudarán a la sociedad a entender las causas de la barbarie”, aseguró.
Bajo la coordinación de Aguayo, en la investigación también participaron Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán.
Aguayo Quezada enfrenta una demanda por parte de Humberto Moreira, luego de un artículo publicado en el diario Reforma.
En julio de este año, el investigador sostuvo: “Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011, Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300”.
La Subprocuraduría de Desaparecidos en Coahuila informó que de los más de tres mil 400 restos óseos que han sido rescatados del ejido Patrocinio, en la Región Laguna, solamente se han podido establecer las secuencias anatómicas de 3 personas sin que hasta el momento hayan sido identificadas. La dependencia informó que las investigaciones siguen abiertas.
En ese mismo mes, la organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, anunció que prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila.
La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira.
Previamente, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.
Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.
Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.
En ese mismo juicio, José Luis Rodríguez “El Pollo”, un ex miembro de Los Zetas, declaró que 300 personas fueron asesinadas desde 2011 en el norte de Coahuila y sus cuerpos quemados y desaparecidos en ácido.
Las víctimas eran “gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras [Negras], las áreas cercanas” y el móvil de la matanza masiva fue que “Poncho” Cuéllar, en ese entonces jefe del cártel en Piedras Negras, se había convertido en informante de Estados Unidos.
Rodríguez, quien operó como traficante de drogas en Piedras Negras, y que actualmente enfrenta prisión de por vida por los delitos de secuestro y narcotráfico, dijo que le informaron que Cuéllar había desertado y estaba dando información sobre el cártel a autoridades estadounidenses.
Señaló que le pidieron ayuda para ubicar los domicilios de Cuéllar para asesinar a todas las personas que estaban asociados con él.
