En un documento titulado “La agenda pendiente para el próximo periodo legislativo”, los empresarios difundieron los puntos que consideran como más importantes para debatir y, principalmente, aprobar en el siguiente periodo ordinario de Congreso de la Unión que iniciará el primero de septiembre.
La Ley de Seguridad Interior, la Ley de de Obras Públicas, Ley General de Consulta Indígena y el Paquete Económico 2018 son de los temas en el que el sector empresarial enfatizó su especial interés.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Consejo Consultivo Empresarial (CCE) exigió a gobierno federal y a legisladores no politizar, ni partidizar el próximo paquete económico, así como tampoco distraer o detener las acciones de gubernamentales frente a las elecciones de 2018. "En el último año de gobierno necesitamos un presupuesto que evite gastos innecesarios de fines electorales, y que también evite la parálisis de la acción de gobierno en su última etapa de gestión”, urgieron.
En un documento titulado “La agenda pendiente para el próximo periodo legislativo”, los empresarios señalaron los puntos que consideran como más importantes para debatir, y principalmente aprobar en el próximo periodo de sesiones de Congreso de la Unión que arranca el primero de septiembre.
"El periodo constituye la mejor oportunidad para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso demuestren si su prioridad es promover el bienestar de los mexicanos. En los últimos años, han quedado pendientes importantes reformas y leyes que ya son impostergables”, señala un comunicado publicado hoy.
La Ley de Seguridad Interior, la Ley de de Obras Públicas, Ley General de Consulta Indígena y el Paquete Económico 2018 son de los temas en el que el sector empresarial enfatizó su especial interés.
"Para fortalecer el Estado de derecho debemos avanzar, sobre todo, en seguridad e impartición de justicia. En este sentido, continúa pendiente la aprobación de una la Ley de Seguridad Interior que dote de certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Las condiciones de seguridad actuales en nuestro país han exigido que nuestros soldados lleven a cabo responsabilidades que corresponden a las autoridades civiles”, señala.
De acuerdo al punto de vista de el CCE, es urgente un marco normativo que dé certeza y seguridad jurídica, para contar con policías civiles propiamente capacitados y certificados y fortalecer las capacidades, la coordinación y la especialización en todos los niveles de gobierno
Los empresarios también urgieron a realizar ajustes al sistema penal acusatorio. "Su implementación es un paso decisivo hacia el respeto al debido proceso y el acceso a la justicia. Para que funcione es necesario que consideremos las primeras experiencias de su aplicación para mejorarlo y fortalecer la impartición de justicia construyendo así un sistema que garantice la certeza jurídica para todos”, sostuvieron.
En relación al paquete económico 2018, el CCE sostuvo que la discusión del mismo debe colocar en el centro, la necesidad de sostener el equilibrio de las finanzas públicas y la contención de la deuda.
"El gobierno debe gastar mejor y priorizar los recursos que se destinan para el desarrollo, la salud, la educación, e innovación, así como construcción de infraestructura. En el último año de gobierno necesitamos un presupuesto que evite gastos innecesarios de fines electorales, y que también evite la parálisis de la acción de gobierno en su última etapa de gestión”, afirmaron.
Ley General de Mejora Regulatoria es otro de los aspectos que debe de priorizar el Congreso. En ese sentido, destacaron que es indispensable que los tres órdenes de gobierno reduzcan el exceso de trámites que enfrentan los particulares, sobre todo las micro y pequeñas empresas. Del mismo modo, debemos avanzar en la legislación secundaria de justicia laboral para tener un marco legal que apoye la productividad de las empresas y asegure el bienestar de los trabajadores.
"Requerimos un marco institucional que facilite y fomente la inversión en México. Por eso, y para detonar todo el potencial de la reforma energética y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, es indispensable contar con marco legal, una Ley General de Consulta Indígena porque urge establecer reglas que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos originarios y al mismo tiempo promuevan la inversión productiva y les den certeza jurídica”, agregaron.
La Ley de Obras Públicas fue calificada por los empresarios como impostergable, en su discusión y aprobación, pues sostuvieron que se requiere de una estrategia integral de construcción de infraestructura y que al mismo tiempo mejore la calidad de las obras y reduzca los espacios a la corrupción.
“Los empresarios reiteramos nuestra disposición e invitación al Poder Legislativo, en mantener un diálogo permanente que acompañe y fortalezca la posición del Estado mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con posturas comunes y estrategias compartidas podremos defender mejor la competitividad regional y los intereses nacionales. Finalmente seguir atrayendo inversión y generar empleo”, apuntaron.
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Finalmente, reiteraron la exigencia de avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
"Esto implica, al menos, concluir su integración al aprobar los nombramientos del Fiscal Especializado y los magistrados en la materia; reformar la constitución para que se garantice la autonomía de la Fiscalía General y asegurar que el perfil, las capacidades y la trayectoria de quien resulte designado para esta tarea garanticen un perfil imparcial y ético; así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de los recursos necesarios para que opere de manera efectiva”.
