La mandataria capitalina, Clara Brugada, presentó este martes el Gabinete contra el despojo en la Ciudad de México, el cual endurece penas, amplía definición legal y crea unidad especializada para combatir este delito.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este martes la instalación formal del Gabinete de Prevención y Atención del Delito de Despojo, como parte de una estrategia integral para combatir un delito que, reconoció, se ha convertido en un tema sensible en la capital. Esta estrategia contempla reformas legislativas que buscan ampliar la definición jurídica del delito, duplicar las penas para quienes lo cometan, establecer nuevas medidas de protección cautelar y crear una unidad operativa especializada para su atención.
Durante su intervención, Brugada admitió que existen numerosos vacíos legales en torno al delito de despojo, a lo que se suman la corrupción, la debilidad institucional y redes criminales que operan con total impunidad. Ante este panorama, consideró necesaria una respuesta institucional, estructurada y coordinada.
“El delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, declaró la mandataria, al señalar que la respuesta debe ser “estructural, coordinada y con enfoque de derechos humanos”.
En ese contexto, anunció una serie de acciones que fortalecerán la capacidad legal e institucional del Gobierno para perseguir este delito. “Se hará frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata”, dijo.
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— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 29, 2025
Uno de los principales puntos de la estrategia es el endurecimiento de las penas: las sanciones pasarán de 11 a 22 años de prisión para quienes incurran en despojo con agravantes, y no tendrán derecho a fianza. Las reformas también amplían la definición del delito e incorporan nuevas agravantes cuando participen servidores públicos, notarios, autoridades auxiliares o corredores de bienes raíces.
Asimismo, se establecen penas más severas cuando el despojo se cometa en zonas de conservación ecológica o con valor histórico y patrimonial.
La pena base por el delito de despojo será de seis a 11 años de prisión, pero aumentará a entre 12 y 22 años cuando exista uso de violencia, simulación de actos jurídicos o daños al inmueble. Las sanciones se endurecerán aún más si participan servidores públicos, notarios, corredores o figuras que simulen autoridad.
Para cerrar los vacíos legales, la Jefa de Gobierno explicó que se incluirán en la definición jurídica del delito esquemas fraudulentos y tácticas encubiertas que no estaban tipificadas hasta ahora. Esto permitirá perseguir de manera más eficaz a quienes cometan despojo.
¡Ya no más casos como el de la señora Carlota!
En el #CongresoEdomex ya tomamos acciones contra el #despojo.
✔️ Se ampliaron las agravantes y se elevaron las penas por este delito: hasta 25 años con seis meses de prisión y mil 500 días multa. pic.twitter.com/F6Vv0nhEQy
— Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) July 29, 2025
“Estas reformas buscan no sólo castigar a los responsables, sino también prevenir que el delito se consolide legalmente. Se crearán mecanismos cautelares para proteger a las víctimas y su patrimonio desde el momento en que se detecta el riesgo”, explicó Brugada.
En el marco de esta estrategia, anunció la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, que estará adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender eficientemente cada caso, garantizando una respuesta ágil y efectiva.
“Cuidar los hogares es cuidar también la paz en esta ciudad, es cuidar la seguridad de las familias y defender su patrimonio. Por eso retomamos de manera prioritaria este tema. No se trata sólo de hacer reformas, sino de implementar un conjunto de acciones que nos fortalezcan para enfrentarlo”, expresó Brugada.
Como parte del enfoque integral, también se implementará una campaña de concientización y educación legal para que la ciudadanía pueda identificar prácticas irregulares en trámites inmobiliarios y sepa cómo actuar ante posibles intentos de despojo.
El día de hoy, la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, presentó los trabajos del Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo, en el que la @SSC_CDMX participa en las acciones operativas y de investigación con la @FiscaliaCDMX, la @SeGobCDMX y las demás instancias… pic.twitter.com/rygZAiRsHO
— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 29, 2025
Por su parte, el Secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que lo más importante es que la ciudadanía sepa cómo acceder al Gabinete de Atención al Despojo. Detalló que habrá múltiples vías para denunciar o exponer casos, como los eventos del Zócalo Ciudadano, el programa Casa por Casa, las Asambleas de Paz, así como presentarse ante el Ministerio Público, utilizar redes sociales, locales de atención o llamar al 911. Además, anunció una nueva línea telefónica exclusiva para denuncias de despojo: 55 53 45 81 20.
Cravioto informó que, en tan sólo tres semanas, la mesa de atención ha recibido a casi 150 personas afectadas por este delito. Explicó que el protocolo de atención incluye: recepción de la denuncia, contacto con la persona afectada, recopilación de información, análisis y formación del expediente. Posteriormente, el caso pasa al área de análisis del Gabinete, que determina la acción a seguir, ya sea penal, civil, administrativa o una combinación. Finalmente, se procede a la recuperación del inmueble.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, anunció que las reformas también contemplan la inclusión de nuevas conductas y agravantes, entre ellas, actos simulados, impedimento del uso del inmueble y la participación de notarios, sus asistentes o personas que se hagan pasar por servidores públicos.
La estrategia también contempla medidas específicas de protección para grupos vulnerables como menores, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y pueblos indígenas, quienes serán considerados en las reformas como sujetos de especial protección frente a este delito.
