El pueblo originario Santa Úrsula Xitla solicitó al Gobierno de la CdMx la clausura de la obra de 52 casas en Fuentes Brotantes 134 al argumentar la falta de una consulta indígena y al plantear irregularidades en la propiedad del predio. En esta segunda entrega, el abogado y desarrollador explica los juicios civiles alrededor y narró cómo terceras personas intentaron despojar a la monja que habitaba el sitio.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– A María Carmen Ramírez Rivero, una monja de más de 90 años, terceras personas intentaron despojarla de un predio ubicado en el pueblo originario Santa Úrsula Xitla mediante una firma falsificada, un embargo y una escritura apócrifa, de acuerdo con el abogado y desarrollador de Fuentes Brotantes 134, donde la empresa Graus construye 52 casas.
A partir de la protesta contra la gentrificación realizada ahí, SinEmbargo informó que la autoridad tradicional del pueblo originario de la Alcaldía Tlalpan solicitó por escrito a la Jefatura de Gobierno de la capital del país la clausura de esa obra habitacional al argumentar la falta de una consulta indígena y al plantear irregularidades en la propiedad del predio, sujeto a diversos juicios civiles y ubicado frente al área natural protegida Parque Nacional Santa Úrsula Xitla.
Jorge Raúl García Sosa, abogado y desarrollador, explicó en entrevista dichos juicios que involucran a la madre María Carmen; a su representante legal, Ramón Calderón; al comprador Sergio Fuentes y a él, los cuales, dijo, muestran la "vulnerabilidad" de la adulta mayor.
Con certificado de inmueble en mano expuso que en 2003 la religiosa le vendió a Sergio Fuentes Corella el predio, actualmente hipotecado. Pero, compartió García Sosa, en 2007 una persona que identificó como Raúl Guadarrama le quitó 600 metros del terreno con una firma falsa; luego Eduardo Jaimes Mora la hizo firmar ante un notario público en Querétaro un supuesto adeudo (embargo).
Asimismo, una mujer más, identificada como Juana Govea, la demandó para intentar quitarle el inmueble con una escritura apócrifa y, para conservar el predio, iniciaron la hipoteca.
"Decían que se despojó a la madre. Una señora (María Elena Rivero, autoridad tradicional del pueblo Xitla) dijo que iba (al predio) y recolectaba frutita. La madre sigue formando parte del proyecto (pero), como una señora mayor, dejó vivir a una persona que nosotros ubicamos como 'El Gordo', Raúl Guadarrama, quien falsificó la firma de la señora María Carmen y la demandó, que le había donado parte del terreno en la casa donde él habitaba, cuando María Carmen lo había dejado vivir gratis porque no tenía dónde vivir. El Licenciado (Ramón) Calderón lleva el juicio, lo pierde porque dijeron que había un contrato de donación –a lo mejor le pidió la firma a Carmen– y Carmen perdió 600 metros del terreno. Como ya lo había vendido a Sergio (Fuentes Corella) en el 2003 y esto fue en el 2007, demandé a Raúl Guadarrama, fui y lo lancé. Vean la vulnerabilidad que tenía la madre, una buena persona, era muy fácil", afirmó el abogado.
Pero ahí no paró, agregó. Jaimes Mora llevó a la madre María Carmen a Querétaro a firmar un reconocimiento de adeudo ante notaría 31 y ella lo firmó, muestran documentos del Tribunal de Justicia del entonces DF. Luego Mora demandó a la madre, por lo que el desarrollador García Sosa tuvo que pagar 4 millones de pesos, ya que esa firma sí era de María Carmen Ramírez.
A partir de los intentos de despojo de Raúl Guadarrama y de Jaimes Eduardo Mora, un sobrino se llevó a la madre María Carmen a Michoacán.
Historia del predio
Paulina Garibay, subdelegada del pueblo originario Santa Úrsula Xitla, dijo en entrevista previa que "no hay escrituras como tal" del predio en Fuentes Brotantes 134 y que todo ha sido a través de juicios civiles y un notario público en Taxco, Estado de México, quien participó tanto en la compraventa como en la hipoteca.
"Hemos pedido en las mesas (con las autoridades locales) que se nos aclare el tema de la propiedad y no se ha logrado esclarecer ni ellos demostrar la propiedad donde pretenden construir las casas", afirmó.
En 2003 la madre María Carmen Ramírez vendió a Sergio Fuentes Corella el terreno de más de 11 mil metros cuadrados por 8 millones de pesos, de acuerdo con el certificado de inmueble folio 481462 del Registro Público de la Propiedad mostrado por el abogado Jorge García Sosa. Pero ella siguió viviendo en el terreno, que llegó a ser un convento.
El abogado afirmó que el predio no pertenece al pueblo originario, sino que ha sido propiedad privada al menos desde finales del siglo XIX cuando era un rancho que se fraccionó.
"Se dijo que Don Sergio Fuentes había despojado a la madre de 90 años, a la señora María Carmen, y que eso es un tema del pueblo. El certificado de gravámenes establece claramente que el propietario desde 2003 es Sergio Fuentes Corella. María Carmen lo adquiere en el 2001, lo adquiere de unas señoras que se llaman Esperanza Ochoa Cortés y Margarita Santa María Carrillo. Ellas lo adquieren por herencia en 1984 de una señora que se llamó María López Solís. Ella lo adquiere en 1965 por una venta que le hace la señora María Natalia Mora de Álvarez. Ella lo adquiere por herencia de un señor, Pedro Álvarez, el dueño del terreno. A principios del siglo XX, se saca un permiso para fraccionar el rancho San José de Buenavista. Lo que hemos investigado desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy es que es propiedad privada", expuso.
Respecto a los juicios civiles referidos por la autoridad tradicional de Xitla, documentos del Registro de la Propiedad muestran que en 2004, 2005, 2015 y 2016 hubo juicios civiles de embargo, convenio judicial e hipoteca en torno al predio Fuentes Brotantes 134, los cuales involucraron a la monja María Carmen Ramírez; a Jorge Raúl García Sosa, desarrollador y representante legal del comprador Sergio Fuentes Coella; a Ramón Calderón Espejel, abogado de ella, así como al referido Enrique del Rayo, un notario público en Taxco, Estado de México.
La hipoteca, dijo García Sosa, derivó de otro intento de adueñarse del predio. La señora Juana Govea, como la identificó, demandó a la madre María Carmen porque dijo que ella era la verdadera propietaria del inmueble y ese juicio duró seis años.
"Todos esos juicios ya se cancelaron. Lo último que aparece en el Registro Público de la Propiedad es una hipoteca, donde los acreedores es el licenciado Calderón, María Carmen, su servidor y el deudor hipotecario es Sergio Fuentes porque de repente aparecieron unas personas que dijeron que eran dueñas del terreno y las señoras eran muy agresivas, se peleaban con los jueces, hasta que las demandamos y demostramos que su documento era apócrifo y que la escritura de María Carmen era la correcta, no la que ellos argumentaban", dijo.
La señora Govea demandó a María Carmen porque supuestamente ella era la propietaria del inmueble y García Sosa se involucró en el juicio porque "le querían quitar la propiedad a María Carmen y por lo tanto a Sergio Fuentes" bajo la lógica de que si Fuentes Brotantes 134 no es de Carmen, entonces la escritura del comprador Sergio tampoco era válida.
Para blindarse, realizaron un convenio judicial en el que Sergio Fuentes le debía dinero por el predio a María Carmen, a su abogado Ramón Calderón y al desarrollador García Sosa y se hizo una hipoteca "que pesa sobre el inmueble al día de hoy", compartió el abogado.
Más allá de los intentos de despojo y juicios civiles, la madre María Carmen vivió en el predio hasta 2019. María Elena Rivero, autoridad tradicional de Xitla, recuerda que en una visita antes de la pandemia, la madre llegó a comentarle que querían construir.
"Ella tenía ahí sus abejitas y tristemente ahora se ve el terreno cómo fueron talando tantos árboles frutales. Antes de que empezara la tala, yo llegué a entrar con la monjita, estuve platicando con ella y yo vi que ya estaban numerados los árboles", dijo Elena Rivero.
María Elena observó que la religiosa ya sólo vivía en un pequeño dormitorio con cocina y un camastro. Todo lo demás, el convento y algunos árboles frutales, habían sido derribados. Después se enteró que su sobrino se la llevó a Michoacán.
–Usted que ha hablado con su cliente–se le cuestiona al abogado de María Carmen–, ¿cuál es la idea que se queda de todo el tema?
–Está de acuerdo también–respondió Ramón Calderón–. Y más a partir del convenio que realizamos donde a ella se le está tomando en cuenta para el dinero que se le iba a pagar y sabe perfectamente toda esta situación. Creo que hay malos entendidos por parte del pueblo y de la gente que la rodeaba, a veces la abordaban ahí en la calle. Siempre la andaban hostigando.
Sin consulta indígena
Ambos abogados aseguraron que la obra de 52 casas en Fuentes Brotantes 134 –a partir del certificado de uso de suelo habitacional– cuenta con los permisos necesarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Alcaldía de Tlalpan, incluyendo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que tuvieron que presentar porque 13 metros del predio colindan con una área natural protegida, el Parque Nacional Santa Úrsula Xitla.
Justificaron que no están obligados a aplicar la consulta indígena porque ellos hicieron el Impacto Social (mesas de diálogo con locatarios) para Sedema entre 2021 y 2022, y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios (SEPI) reconoció como pueblo originario a Santa Úrsula Xitla hasta octubre de 2024, de acuerdo con su constancia.
"Su constancia (de pueblo originario) es de octubre de 2024, y el impacto social se hizo entre 2021 y 2022, cuando no era pueblo (originario). Presentaron una demanda de amparo reclamando que no los escuchamos, ya comparecimos y argumentamos que debieron haber hecho una acción pública, a lo mejor los asesoraron mal", acotó el abogado y desarrollador Raúl García Sosa.
García Sosa dijo que el agua que las casas requerirán "es nada" respecto a los 3 millones de litros diarios que se desperdician al irse al drenaje según el estudio de factibilidad.
"La MIA nos obliga a hacer compensaciones, y le propusimos a Sedema hacer un pozo de absorción para que esos 3 millones de litros se capturen y se vayan a los mantos acuíferos", afirmó.
Y, respecto a las preocupaciones de los locatarios sobre el tráfico que provocará el desarrollo, detalló que las casas tendrán diversas entradas por la calle trasera por petición del Impacto Social ante la Sedema. "Nos obligaron a mover la entrada, tendremos seis lugares para que puedan pasar los coches", acotó.
ANEXO
